ASDRÚBAL AGUIAR| EL UNIVERSAL
martes 17 de diciembre de 2013 12:00 AM
Entiendo bien que la política es una ciencia que administra realidades. Una de ellas es que hay un heredero que invade hace meses -con el apoyo inconstitucional de los suyos- el Palacio de Miraflores y desde allí manda al país. Posee y actúa de forma ilegítima, y esto también es otra realidad.
La política, cabe ajustarlo, cuando se entiende como el "campo más vasto de la caridad" -la expresión es de Pío XI- y, de suyo, cuando es servicio al prójimo y medio para su perfectibilidad, trasvasa el odre de los hechos inmediatos para situarse como vector de los mejores derroteros. De modo que, lo ominoso o desgraciado de las realidades con las que topa la política y que a diario obligan a los políticos a mediar y transar, no conlleva tener que soportarlas y menos poner de lado el deber de cambiarlas.
La política, además, cuando sirve a la verdad, ha de realizarse con fundamento en principios invariables e irrenunciables; lo que no implica una ideologización de las realidades. Antes bien, exige el manejo de las realidades conforme a los cometidos finales del ser humano. Y esa verdad tiene nombre y apellido, es la dignidad humana, de la cual se coligen esos principios fundantes de la misma actividad política. De no ser así, apenas sería un instrumento de la perversión. Dicho esto, he de observar que el ocupante de Miraflores sigue siendo un gobernante ilegítimo, a pesar de los debatidos y controvertidos resultados de las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre.
Unos dicen que el régimen perdió todas las capitales "vitrina" de Venezuela: expresión que al paso molesta, pues toda vitrina oculta la trastienda del abandono, lo decía Rómulo Betancourt. Otros, arguyen que los seguidores del mismo régimen suman más alcaldías que sus adversarios opositores y demócratas. Los más, en fin, dicen que uno y otro grupo siguen en tablas. Pero en algo coinciden ambos. Los unos, para decir que la democracia perdió en su intento de plebiscito frente al inmaduro heredero. Los otros para señalar que fue error intentar hacer de las últimas elecciones eso, un plebiscito.
Unos y otros, como lo creo, al admitir siquiera como imagen que los comicios recientes eran una suerte de revisionismo del fraude electoral ocurrido antes, durante las elecciones del 14 de abril precedente, prostituyen el sentido y propósito de la política según los términos explicitados; todavía más, es un sacrilegio si la entendemos como política democrática.
Quiero decir con esto que la ilegitimidad democrática de origen, cuando es producto de golpes desde el Estado, jamás es redimible. Mal puede ser purificada a través de un hecho electoral. Tanto como no podía cumplir ese cometido la jornada del 8D, menos podía admitirse la legitimidad de unas elecciones presidenciales como las del 14A, cuyo objetivo fue, justamente, escoger entre un candidato constitucionalmente habilitado -Henrique Capriles- y otro que jamás ni nunca pudo ser candidato, salvo por lo ocurrido, los dos golpes que le asesta a la Constitución el Tribunal Supremo de Justicia en acatamiento del testamento político de nuestro último gendarme, fallecido en La Habana.
Según la doctrina democrática más autorizada y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mayorías en una democracia no pueden, mediante el voto, escoger el camino de la dictadura. Mediante el voto de las mayorías nunca pueden reducirse los derechos de las minorías. Siempre es ilegítimo poner de lado, mediante el arropamiento mayoritario, las garantías de la democracia, del Estado de Derecho, y de los derechos humanos. Quien hoy ocupa la sede presidencial de Venezuela -no debe olvidarse- es la obra de dos atentados constitucionales. El primero, la sentencia de 9 de enero del presente año -próxima a su aniversario- mediante la cual se le encarga de la Presidencia ilegítimamente, sin que ello fuese posible; pues el electo para el mandato que se iniciaba el día 10 no tomó juramento, murió. El ejercicio constitucional transitorio correspondía al presidente del Parlamento. El segundo, es la sentencia de 8 de marzo que acepta, violando palmariamente a la Constitución, que el Vicepresidente en ejercicio se presente como candidato presidencial.
Venezuela, en suma, sigue bajo el mando de un gobernante ilegítimo. Es la consecuencia, eso sí, de una desviación genética o realidad trágica que ha llevado a entender o hacer creer a las mayorías que la fuerza de las espadas o el voluntarismo, incluso apoyado en la mentira con mengua de la razón y de la decencia humana, también vale: ¡Así, así es que se gobierna! Pero ello es, justamente, lo que deben atajar y "resistir" los políticos, si son demócratas y creen en los principios.
La política, cabe ajustarlo, cuando se entiende como el "campo más vasto de la caridad" -la expresión es de Pío XI- y, de suyo, cuando es servicio al prójimo y medio para su perfectibilidad, trasvasa el odre de los hechos inmediatos para situarse como vector de los mejores derroteros. De modo que, lo ominoso o desgraciado de las realidades con las que topa la política y que a diario obligan a los políticos a mediar y transar, no conlleva tener que soportarlas y menos poner de lado el deber de cambiarlas.
La política, además, cuando sirve a la verdad, ha de realizarse con fundamento en principios invariables e irrenunciables; lo que no implica una ideologización de las realidades. Antes bien, exige el manejo de las realidades conforme a los cometidos finales del ser humano. Y esa verdad tiene nombre y apellido, es la dignidad humana, de la cual se coligen esos principios fundantes de la misma actividad política. De no ser así, apenas sería un instrumento de la perversión. Dicho esto, he de observar que el ocupante de Miraflores sigue siendo un gobernante ilegítimo, a pesar de los debatidos y controvertidos resultados de las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre.
Unos dicen que el régimen perdió todas las capitales "vitrina" de Venezuela: expresión que al paso molesta, pues toda vitrina oculta la trastienda del abandono, lo decía Rómulo Betancourt. Otros, arguyen que los seguidores del mismo régimen suman más alcaldías que sus adversarios opositores y demócratas. Los más, en fin, dicen que uno y otro grupo siguen en tablas. Pero en algo coinciden ambos. Los unos, para decir que la democracia perdió en su intento de plebiscito frente al inmaduro heredero. Los otros para señalar que fue error intentar hacer de las últimas elecciones eso, un plebiscito.
Unos y otros, como lo creo, al admitir siquiera como imagen que los comicios recientes eran una suerte de revisionismo del fraude electoral ocurrido antes, durante las elecciones del 14 de abril precedente, prostituyen el sentido y propósito de la política según los términos explicitados; todavía más, es un sacrilegio si la entendemos como política democrática.
Quiero decir con esto que la ilegitimidad democrática de origen, cuando es producto de golpes desde el Estado, jamás es redimible. Mal puede ser purificada a través de un hecho electoral. Tanto como no podía cumplir ese cometido la jornada del 8D, menos podía admitirse la legitimidad de unas elecciones presidenciales como las del 14A, cuyo objetivo fue, justamente, escoger entre un candidato constitucionalmente habilitado -Henrique Capriles- y otro que jamás ni nunca pudo ser candidato, salvo por lo ocurrido, los dos golpes que le asesta a la Constitución el Tribunal Supremo de Justicia en acatamiento del testamento político de nuestro último gendarme, fallecido en La Habana.
Según la doctrina democrática más autorizada y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mayorías en una democracia no pueden, mediante el voto, escoger el camino de la dictadura. Mediante el voto de las mayorías nunca pueden reducirse los derechos de las minorías. Siempre es ilegítimo poner de lado, mediante el arropamiento mayoritario, las garantías de la democracia, del Estado de Derecho, y de los derechos humanos. Quien hoy ocupa la sede presidencial de Venezuela -no debe olvidarse- es la obra de dos atentados constitucionales. El primero, la sentencia de 9 de enero del presente año -próxima a su aniversario- mediante la cual se le encarga de la Presidencia ilegítimamente, sin que ello fuese posible; pues el electo para el mandato que se iniciaba el día 10 no tomó juramento, murió. El ejercicio constitucional transitorio correspondía al presidente del Parlamento. El segundo, es la sentencia de 8 de marzo que acepta, violando palmariamente a la Constitución, que el Vicepresidente en ejercicio se presente como candidato presidencial.
Venezuela, en suma, sigue bajo el mando de un gobernante ilegítimo. Es la consecuencia, eso sí, de una desviación genética o realidad trágica que ha llevado a entender o hacer creer a las mayorías que la fuerza de las espadas o el voluntarismo, incluso apoyado en la mentira con mengua de la razón y de la decencia humana, también vale: ¡Así, así es que se gobierna! Pero ello es, justamente, lo que deben atajar y "resistir" los políticos, si son demócratas y creen en los principios.
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