LUIS IZQUIEL| EL UNIVERSAL
domingo 22 de diciembre de 2013 12:00 AM
La solicitud que realizó el Ministerio Público para que un tribunal le impida al diario El Universal la publicación de los sucesos delictivos que a diario ocurren en el país, representa un nuevo acto de censura que busca ocultar la grave inseguridad que afecta a los venezolanos. El asunto es que tal como lo afirmó el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, "prohibir la noticia no acaba con los asesinatos y la violencia desatada en Venezuela".
La medida que pidió la Fiscalía tiene supuestamente como finalidad proteger la integridad psíquica de los niños y adolescentes, pero llama la atención que las cabezas de las instituciones que procuran con este argumento la censura de este medio de comunicación, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, no hayan manifestado nunca su preocupación, por ejemplo, por los 106 menores de 17 años que han sido asesinados solo en Caracas en lo que va de 2013.
Ejercer acciones judiciales para silenciar a la prensa por publicar imágenes de la realidad delictiva venezolana, no es algo nuevo. Ya en el pasado diarios como El Nacional o Tal Cual fueron objeto de medidas similares. Las autoridades del Gobierno Nacional siempre han tratado de achacarle la culpa de la inseguridad que reina en el país a los medios de comunicación. El poder siempre está en la búsqueda de chivos expiatorios para no reconocer su responsabilidad en el incremento de la violencia.
El último informe del PNUD sobre seguridad ciudadana señala que "la libertad periodística implica que las personas que laboran en los medios de comunicación no sean coartadas por el uso de la violencia o amenazas, ni sujetos a censura por parte de actores criminales o del Estado. En el contexto actual de aumento de la violencia en diversos países, ciudades y subregiones de América Latina, los ataques y la censura contra los periodistas han adquirido niveles alarmantes, por lo que el derecho a la libre expresión se ve fuertemente limitado".
Restringir la publicación de noticias de sucesos delictivos en cualquier periódico del país, vulnera el artículo 58 de nuestra Constitución, el cual señala que "...Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura...". Esta norma se ve replicada en distintos tratados suscritos y ratificados por la República. El numeral 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión afirma que las "presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".
Prohibir las noticias sobre los eventos criminales tiene la misma eficacia que el ocultamiento o maquillaje de los índices de inflación y de escasez, es decir, ninguna. La inseguridad, el alto costo de la vida y el desabastecimiento son realidades que golpean con fuerza a la población, a pesar de que traten ser solapadas por el Estado. El Gobierno Nacional, ante su palmaria incompetencia, ha entrado en una etapa más acentuada de evasión y negación de los problemas nacionales.
La inmensa mayoría de los homicidios, secuestros y robos que a diario ocurren en el país, jamás son fotografiados, y sin embargo año tras año estos graves delitos se mantienen en aumento. El problema entonces no es la foto o la noticia del hecho criminal, sino la incapacidad de un Estado para diseñar e implementar políticas públicas de seguridad que les garanticen a los ciudadanos el resguardo de sus vidas y bienes.
La medida que pidió la Fiscalía tiene supuestamente como finalidad proteger la integridad psíquica de los niños y adolescentes, pero llama la atención que las cabezas de las instituciones que procuran con este argumento la censura de este medio de comunicación, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, no hayan manifestado nunca su preocupación, por ejemplo, por los 106 menores de 17 años que han sido asesinados solo en Caracas en lo que va de 2013.
Ejercer acciones judiciales para silenciar a la prensa por publicar imágenes de la realidad delictiva venezolana, no es algo nuevo. Ya en el pasado diarios como El Nacional o Tal Cual fueron objeto de medidas similares. Las autoridades del Gobierno Nacional siempre han tratado de achacarle la culpa de la inseguridad que reina en el país a los medios de comunicación. El poder siempre está en la búsqueda de chivos expiatorios para no reconocer su responsabilidad en el incremento de la violencia.
El último informe del PNUD sobre seguridad ciudadana señala que "la libertad periodística implica que las personas que laboran en los medios de comunicación no sean coartadas por el uso de la violencia o amenazas, ni sujetos a censura por parte de actores criminales o del Estado. En el contexto actual de aumento de la violencia en diversos países, ciudades y subregiones de América Latina, los ataques y la censura contra los periodistas han adquirido niveles alarmantes, por lo que el derecho a la libre expresión se ve fuertemente limitado".
Restringir la publicación de noticias de sucesos delictivos en cualquier periódico del país, vulnera el artículo 58 de nuestra Constitución, el cual señala que "...Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura...". Esta norma se ve replicada en distintos tratados suscritos y ratificados por la República. El numeral 13 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión afirma que las "presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".
Prohibir las noticias sobre los eventos criminales tiene la misma eficacia que el ocultamiento o maquillaje de los índices de inflación y de escasez, es decir, ninguna. La inseguridad, el alto costo de la vida y el desabastecimiento son realidades que golpean con fuerza a la población, a pesar de que traten ser solapadas por el Estado. El Gobierno Nacional, ante su palmaria incompetencia, ha entrado en una etapa más acentuada de evasión y negación de los problemas nacionales.
La inmensa mayoría de los homicidios, secuestros y robos que a diario ocurren en el país, jamás son fotografiados, y sin embargo año tras año estos graves delitos se mantienen en aumento. El problema entonces no es la foto o la noticia del hecho criminal, sino la incapacidad de un Estado para diseñar e implementar políticas públicas de seguridad que les garanticen a los ciudadanos el resguardo de sus vidas y bienes.
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