ASDRÚBAL AGUIAR| EL UNIVERSAL
martes 31 de diciembre de 2013 12:00 AM
Al boleo, quizás sorprendido por la inesperada intervención de Ramón Rodríguez Chacín en un acto retransmitido por radio y Tv, donde el ocupante de Miraflores recibe el saludo de navidad que le presentan los distintos Comandantes de las Regiones Militares de Defensa Integral (REDI), éste anuncia la reincorporación a la Fuerza Armada del citado oficial retirado, quien es gobernador del estado Guárico. A la vez lo asciende a contralmirante y lo mismo hace con el gobernador del estado Zulia, el ahora coronel Francisco Arias Cárdenas, y con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien vuelve a su condición de oficial subalterno ascendido al rango de capitán.
De modo que, a menos que se trate de una pesadez en vísperas del Día de los Inocentes, la decisión presidencial de marras, que corre de inmediato por las redes y llega a las redacciones de los periódicos, resulta tan ilegítima e inconstitucional como quien la dicta, Nicolás Maduro.
Así, no más, mostrándole al país que nuestros verdaderos gobernantes son quienes ocupan los comandos de las distintas REDI, bajo las cuales se despliegan de modo celular hasta cubrir la totalidad de nuestra geografía las llamadas Zonas de Defensa Integral (ZODI), con jurisdicción dentro cada estado de la República, y así mismo, como partes de éstas las ARI o Áreas de Defensa Integral, sucesivamente Maduro castra o acaso destituye, en la práctica, a las autoridades civiles mencionadas.
Lo primero, la activación a nivel nacional de las ZODI, que podría resultar irrelevante si se trata de la mera puesta en funcionamiento de una novedosa forma de organización interna de la milicia, no lo es en la medida en que cada ZODI es la prolongación -hacia abajo- de unas Regiones Militares cuya competencia se extiende desde la planificación hasta la conducción y ejecución de operaciones de defensa integral entendidas como cualquier actividad orientada a "garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional". En pocas palabras, éstas se sobreponen a los gobiernos de dos o más estados y a la par las zonas integrantes de cada región se solapan con los Poderes Ejecutivos de cada estado, provocando sus vaciamientos. Cede en Venezuela, por ende, el poder civil y toma sus espacios el poder militar. Y Maduro, lo hemos visto antes, es su mascarón de proa, así vista de paisano.
Lo segundo, a saber, la vuelta a la actividad militar de las autoridades regionales y parlamentaria mencionadas, más que representar un crimen contra el orden constitucional es una estupidez; a menos que, por mampuesto, Maduro, así como se burla de nosotros, los venezolanos, destituye sin fórmula de juicio a Rodríguez, Arias y Cabello.
El artículo 330 constitucional es preciso al disponer que "los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad -la que readquieren los exgolpistas ahora representantes de la soberanía popular- tienen derecho al sufragio... " sin que les esté permitido "optar a -y de suyo ejercer- cargo de elección popular".
Se trata, en fin, de dos pasos que da el ilegítimo gobernante y revelan su debilidad. Al ampliar, como lo hace, la ocupación militar de todo territorio y no solo de las áreas propiamente castrenses, desplaza el mando real de la República a manos del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Éste es, por ley, competente para ejercer la dirección y el control de las REDI. Y al devolver a la actividad militar -para ascenderlos- tanto a Arias como a Rodríguez, gobernadores electos por el pueblo, como a Cabello, diputado y cabeza de un Parlamento civil que representa a la soberanía popular, los subordina y les enajena el mandato y la representación constitucional que les han confiado los venezolanos mediante el voto.
La confesión del Maduro en el acto donde cristalizan sus últimos desaguisados y torpezas, no puede ser más reveladora y el anuncio del negro porvenir que nos espera a los venezolanos a partir de 2014: "Venezuela primero fue Ejército y luego República", ha dicho. En consecuencia, según él, los ciudadanos de hoy todo lo debemos a las armas y de ellas dependerán los espacios de libertad que se nos otorguen en lo adelante, como privilegios, por parte de los gendarmes quienes las detentan. Ocurre una vuelta forzada a los tiempos del poder arbitrario de los hermanos Monagas, militares orientales como Cabello, quienes caminan en línea contraria a la que fija nuestro primer presidente a partir de 1830, el general José Antonio Páez, empeñado en "someter a sus propios conmilitones y acostumbrarlos a un orden civil", según nos lo recuerda Mariano Picón Salas.
De modo que, a menos que se trate de una pesadez en vísperas del Día de los Inocentes, la decisión presidencial de marras, que corre de inmediato por las redes y llega a las redacciones de los periódicos, resulta tan ilegítima e inconstitucional como quien la dicta, Nicolás Maduro.
Así, no más, mostrándole al país que nuestros verdaderos gobernantes son quienes ocupan los comandos de las distintas REDI, bajo las cuales se despliegan de modo celular hasta cubrir la totalidad de nuestra geografía las llamadas Zonas de Defensa Integral (ZODI), con jurisdicción dentro cada estado de la República, y así mismo, como partes de éstas las ARI o Áreas de Defensa Integral, sucesivamente Maduro castra o acaso destituye, en la práctica, a las autoridades civiles mencionadas.
Lo primero, la activación a nivel nacional de las ZODI, que podría resultar irrelevante si se trata de la mera puesta en funcionamiento de una novedosa forma de organización interna de la milicia, no lo es en la medida en que cada ZODI es la prolongación -hacia abajo- de unas Regiones Militares cuya competencia se extiende desde la planificación hasta la conducción y ejecución de operaciones de defensa integral entendidas como cualquier actividad orientada a "garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional". En pocas palabras, éstas se sobreponen a los gobiernos de dos o más estados y a la par las zonas integrantes de cada región se solapan con los Poderes Ejecutivos de cada estado, provocando sus vaciamientos. Cede en Venezuela, por ende, el poder civil y toma sus espacios el poder militar. Y Maduro, lo hemos visto antes, es su mascarón de proa, así vista de paisano.
Lo segundo, a saber, la vuelta a la actividad militar de las autoridades regionales y parlamentaria mencionadas, más que representar un crimen contra el orden constitucional es una estupidez; a menos que, por mampuesto, Maduro, así como se burla de nosotros, los venezolanos, destituye sin fórmula de juicio a Rodríguez, Arias y Cabello.
El artículo 330 constitucional es preciso al disponer que "los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad -la que readquieren los exgolpistas ahora representantes de la soberanía popular- tienen derecho al sufragio... " sin que les esté permitido "optar a -y de suyo ejercer- cargo de elección popular".
Se trata, en fin, de dos pasos que da el ilegítimo gobernante y revelan su debilidad. Al ampliar, como lo hace, la ocupación militar de todo territorio y no solo de las áreas propiamente castrenses, desplaza el mando real de la República a manos del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Éste es, por ley, competente para ejercer la dirección y el control de las REDI. Y al devolver a la actividad militar -para ascenderlos- tanto a Arias como a Rodríguez, gobernadores electos por el pueblo, como a Cabello, diputado y cabeza de un Parlamento civil que representa a la soberanía popular, los subordina y les enajena el mandato y la representación constitucional que les han confiado los venezolanos mediante el voto.
La confesión del Maduro en el acto donde cristalizan sus últimos desaguisados y torpezas, no puede ser más reveladora y el anuncio del negro porvenir que nos espera a los venezolanos a partir de 2014: "Venezuela primero fue Ejército y luego República", ha dicho. En consecuencia, según él, los ciudadanos de hoy todo lo debemos a las armas y de ellas dependerán los espacios de libertad que se nos otorguen en lo adelante, como privilegios, por parte de los gendarmes quienes las detentan. Ocurre una vuelta forzada a los tiempos del poder arbitrario de los hermanos Monagas, militares orientales como Cabello, quienes caminan en línea contraria a la que fija nuestro primer presidente a partir de 1830, el general José Antonio Páez, empeñado en "someter a sus propios conmilitones y acostumbrarlos a un orden civil", según nos lo recuerda Mariano Picón Salas.
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