Editorial de El Nacional
La represión de las manifestaciones que conmovieron al país a partir de
febrero evidenció la existencia de fuerzas paramilitares con capacidad para
actuar de manera contundente frente a quienes protestaban contra el gobierno.
Se sabía de su existencia, por supuesto, no en balde se habían creado
con la anuencia entusiasta del presidente Chávez; pero se manifestaban de
manera esporádica. Solo en ocasiones mostraban sus armas y sus bagajes, como
para que se supiera de la existencia de una reserva dispuesta a luchar por el
oficialismo.
Con el ataque de los actos de calle promovidos por los estudiantes
cuando terminaba el primer trimestre de 2014, los colectivos se deshicieron del
selecto programa de presentaciones. Se volvieron presencia masiva y ubicua.
Resolvieron exhibirse sin disimulo en todas partes y causar pánico cuando fuera
necesario.
La sociedad se dio cuenta de que estaban en cualquier lugar y que no se contentaban
con amenazar a los jóvenes de la oposición, sino que también los atacaban con
balas y, si era necesario, tiraban a matar.
La demostración no solo conmovió a la sociedad por su contundencia, sino
también por la evidente relación con las fuerzas policiales y con los jefes del
gobierno. Formaban parte de su compañía, o los jefes permitían que actuaran con
total impunidad a la vista del público.
¿Cuántos de los miembros de esos colectivos han sido encausados por los
delitos que cometieron desde febrero contra los manifestantes? ¿Recibieron los
reproches o la persecución del oficialismo por una conducta delictiva, que
causaba terrible perjuicio a la ciudadanía? La pasividad o la indiferencia del
Ejecutivo frente a la acción de esas fuerzas incontenibles ofrece respuestas,
no solo capaces de señalar la existencia de una complicidad sino también el
poder que ha adquirido lo que al principio se diseñó para apoyar al gobierno
revolucionario.
Sobre la magnitud del poder de los colectivos tenemos ahora evidencias
sorprendentes. La posesión de armamento, sobre cuyo uso se dispone desde
poderes autónomos que toman decisiones sin el conocimiento de los cuerpos
regulares de vigilancia del orden público, los ha convertido en una autoridad
capaz de manejarse a su antojo y de rivalizar con la cúpula roja-rojita, aun
frente al poder del presidente y de los altos mandos civiles y militares. El
crecimiento del poder de esos grupos provocó serias reflexiones en el liderazgo
del régimen y la necesidad de tomar medidas capaces de reducir su influencia.
Si la
salida del ministro Rodríguez Torres se debe a la presión de los colectivos
estamos ante una crisis de autoridad, pero también ante la multiplicación de
situaciones de inseguridad masiva y de temor generalizado cuyo pronóstico es de
ineludible alarma. Como para encerrarse a rezar, sin la posibilidad de
ser escuchados por el santo de confianza. A rezar el alto gobierno y los
ciudadanos comunes y corrientes, claro está, porque todos dependemos ahora o
podemos depender de una decisión de los colectivos
Vía El Nacional
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