MARINO ALVARADO BETANCOURT
| EL UNIVERSAL
jueves 30 de octubre de 2014 12:00 AM
En el primer semestre de 2015
el Estado venezolano será evaluado en Naciones Unidas sobre el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entre
01 al 19 de junio se realizará el examen del cumplimiento de los
compromisos que se derivan de haber suscrito y ratificado el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc). Y
del 29 de junio al 24 de julio sobre las obligaciones que se desprenden
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp).
Los dos eventos deberían de constituirse en una oportunidad para un diálogo franco y positivo por parte de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para diagnosticar la situación de los derechos humanos en el país y de esa manera diseñar políticas para fortalecer lo que haya de positivo y superar las deficiencias dónde exista déficit.
El procedimiento en los dos casos impone al Estado la obligación de realizar dicho diálogo. Desafortunadamente el gobierno en evaluaciones ocurridas recientemente con respeto a otros convenios internacionales no ha demostrado voluntad para promover y concretar tal diálogo. Así pierde el país la posibilidad de que con la conjunción de esfuerzos se pueda mejorar el disfrute de los derechos a la población.
La evaluación de Venezuela con respeto a los derechos sociales será realizada por el Comité de Derechos Económicos y Sociales que es un órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento del Pidesc. Cada cinco años los Estados deben presentar informes. Venezuela no cumplió este lapso. Tardó 11 años en presentar informe hasta que el mayo del año 2012 lo consignó ante el comité. Y en 2015 se discutirá.
El comité está constituido por 18 expertos de diferentes nacionalidades, independientes de los gobiernos de sus países y provenientes de los cinco continentes. Con ello busca aproximarse a una representación de todas las regiones del mundo, y de los diferentes regímenes socioeconómicos, culturales, políticos y jurídicos, a fin de lograr un mejor análisis de las situaciones de los países, al contar con expertos que conozcan mejor la situación de sus respectivas regiones.
Sin lugar a dudas, el que un Estado se tome en serio la elaboración de los informes, su sustentación y su seguimiento puede contribuir a una adecuada realización de los derechos sociales. El comité ha delineado varios objetivos que se persiguen con el proceso de presentación de informes.
El primer objetivo es que se emprenda un examen amplio de las leyes, de las normas y los procedimientos administrativos y de las prácticas nacionales, con el fin de que se ajusten a los parámetros del pacto y lograr que el Estado vigile constantemente la situación real de disfrute de los derechos por parte de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.
El segundo objetivo es permitirles a los gobiernos que demuestren que han iniciado la adopción de políticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a los principios contenidos en el pacto.
El tercer objetivo es propiciar y facilitar el examen público de las políticas en materia de Desc, estimulando la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y revisión de dichas políticas.
El cuarto objetivo es permitirle al Estado la mejor comprensión de los problemas y limitaciones que ha tenido para el logro progresivo de los Desc, todo lo cual contribuye a la mejor elaboración de las políticas más apropiadas.
El comité finalmente emite una serie de recomendaciones al Estado. Igual ocurre con el comité que evalúa el cumplimiento de la satisfacción de los derechos civiles y políticos. El propósito fundamental es que se avance en la realización de los derechos humanos para garantizar a la población más democracia y más justicia social.
Los dos eventos deberían de constituirse en una oportunidad para un diálogo franco y positivo por parte de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para diagnosticar la situación de los derechos humanos en el país y de esa manera diseñar políticas para fortalecer lo que haya de positivo y superar las deficiencias dónde exista déficit.
El procedimiento en los dos casos impone al Estado la obligación de realizar dicho diálogo. Desafortunadamente el gobierno en evaluaciones ocurridas recientemente con respeto a otros convenios internacionales no ha demostrado voluntad para promover y concretar tal diálogo. Así pierde el país la posibilidad de que con la conjunción de esfuerzos se pueda mejorar el disfrute de los derechos a la población.
La evaluación de Venezuela con respeto a los derechos sociales será realizada por el Comité de Derechos Económicos y Sociales que es un órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento del Pidesc. Cada cinco años los Estados deben presentar informes. Venezuela no cumplió este lapso. Tardó 11 años en presentar informe hasta que el mayo del año 2012 lo consignó ante el comité. Y en 2015 se discutirá.
El comité está constituido por 18 expertos de diferentes nacionalidades, independientes de los gobiernos de sus países y provenientes de los cinco continentes. Con ello busca aproximarse a una representación de todas las regiones del mundo, y de los diferentes regímenes socioeconómicos, culturales, políticos y jurídicos, a fin de lograr un mejor análisis de las situaciones de los países, al contar con expertos que conozcan mejor la situación de sus respectivas regiones.
Sin lugar a dudas, el que un Estado se tome en serio la elaboración de los informes, su sustentación y su seguimiento puede contribuir a una adecuada realización de los derechos sociales. El comité ha delineado varios objetivos que se persiguen con el proceso de presentación de informes.
El primer objetivo es que se emprenda un examen amplio de las leyes, de las normas y los procedimientos administrativos y de las prácticas nacionales, con el fin de que se ajusten a los parámetros del pacto y lograr que el Estado vigile constantemente la situación real de disfrute de los derechos por parte de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.
El segundo objetivo es permitirles a los gobiernos que demuestren que han iniciado la adopción de políticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a los principios contenidos en el pacto.
El tercer objetivo es propiciar y facilitar el examen público de las políticas en materia de Desc, estimulando la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y revisión de dichas políticas.
El cuarto objetivo es permitirle al Estado la mejor comprensión de los problemas y limitaciones que ha tenido para el logro progresivo de los Desc, todo lo cual contribuye a la mejor elaboración de las políticas más apropiadas.
El comité finalmente emite una serie de recomendaciones al Estado. Igual ocurre con el comité que evalúa el cumplimiento de la satisfacción de los derechos civiles y políticos. El propósito fundamental es que se avance en la realización de los derechos humanos para garantizar a la población más democracia y más justicia social.
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