EL UNIVERSAL
domingo 22 de enero de 2012 08:17 AM
El Cairo.- En las siete páginas que dedica a Venezuela, HRW señala su preocupación por asuntos como los "abusos policiales" en el control de la violencia y la inseguridad, las malas condiciones de las cárceles y la "abdicación" que el Poder Judicial ha hecho de su papel de velar por la justicia.
"El debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos", señaló HRW en el informe difundido este domingo, reseñado por AFP.
"El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos", insistió esta organización humanitaria.
El informe se detiene sobre varias leyes que aprobó el saliente Parlamento en diciembre de 2010, entonces dominado casi totalmente por el oficialismo, cuando habilitó a Chávez para legislar por decreto durante 18 meses o reformó una norma que ampliaba las regulaciones a los medios de comunicación.
"Las vagas disposiciones de la ley (habilitante) pudieron impactar directamente en el ejercicio de los derechos porque, por ejemplo, permitían al presidente determinar qué penas podían ser impuestas a alguien que cometía un crimen", señala el documento.
HRW aseguró también que en Venezuela hay una serie de normas que "contribuyen a un clima de autocensura", como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004, que fue reformada en 2010, para regular los contenidos en internet y ampliar las limitaciones a radios y televisoras.
Según esta ley, que fue muy criticada por los opositores a Chávez, los medios que difundan mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" serán sancionados.
El informe de HRW cuestionó también la decisión oficial que en 2009 llevó a la salida del aire de una treintena de radioemisoras, o la revocación dos años antes de la concesión a la televisora RCTV, muy crítica con el gobierno.
Igualmente denunció los procesos administrativos contra la estación Globovisión, un canal de noticias de línea editorial crítica, así como la multa por más de 2 millones de dólares con que fue sancionada en octubre por la cobertura que hizo de una violenta crisis carcelaria.
En cuanto al Poder Judicial, HRW aseguró que "desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado en su rol de vigilar al Poder Ejecutivo, fallando en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".
"Chávez y sus aliados tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia instalando a partidarios del gobierno y creando nuevas medidas para realizar purgas entre los jueces de la corte", acusó HRW.
Esta falta de independencia, añadió, ha favorecido "el enjuiciamiento de reconocidos opositores a Chávez", como el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; o el líder sindical Rubén González.
La organización humanitaria denunció además el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde hace dos años por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.
"Jueces independientes pueden enfrentar represalias si fallan en contra de los intereses del gobierno", afirmó HRW, que recordó que "al día siguiente de su detención, Chávez acusó públicamente a Afiuni de ser una 'bandida' que debería recibir la pena máxima de 30 años de cárcel".
Sobre la inseguridad y violencia que azotan a este país sudamericano, el documento de HRW sostiene que "los crímenes violentos proliferan en Venezuela, donde los asesinatos extrajudiciales por agentes de seguridad siguen siendo un problema".
"Las prisiones venezolanas están entre las más violentas de América Latina. Débiles sistemas de seguridad, hacinamiento, vigilancia insuficiente, pobremente preparada y corrupción, permiten que las bandas armadas efectivamente controlen las prisiones", sentenció HRW.
Chávez está en el poder desde 1999 y en las elecciones de octubre aspirará a un tercer mandato.
"El debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos", señaló HRW en el informe difundido este domingo, reseñado por AFP.
"El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos", insistió esta organización humanitaria.
El informe se detiene sobre varias leyes que aprobó el saliente Parlamento en diciembre de 2010, entonces dominado casi totalmente por el oficialismo, cuando habilitó a Chávez para legislar por decreto durante 18 meses o reformó una norma que ampliaba las regulaciones a los medios de comunicación.
"Las vagas disposiciones de la ley (habilitante) pudieron impactar directamente en el ejercicio de los derechos porque, por ejemplo, permitían al presidente determinar qué penas podían ser impuestas a alguien que cometía un crimen", señala el documento.
HRW aseguró también que en Venezuela hay una serie de normas que "contribuyen a un clima de autocensura", como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004, que fue reformada en 2010, para regular los contenidos en internet y ampliar las limitaciones a radios y televisoras.
Según esta ley, que fue muy criticada por los opositores a Chávez, los medios que difundan mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" serán sancionados.
El informe de HRW cuestionó también la decisión oficial que en 2009 llevó a la salida del aire de una treintena de radioemisoras, o la revocación dos años antes de la concesión a la televisora RCTV, muy crítica con el gobierno.
Igualmente denunció los procesos administrativos contra la estación Globovisión, un canal de noticias de línea editorial crítica, así como la multa por más de 2 millones de dólares con que fue sancionada en octubre por la cobertura que hizo de una violenta crisis carcelaria.
En cuanto al Poder Judicial, HRW aseguró que "desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado en su rol de vigilar al Poder Ejecutivo, fallando en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".
"Chávez y sus aliados tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia instalando a partidarios del gobierno y creando nuevas medidas para realizar purgas entre los jueces de la corte", acusó HRW.
Esta falta de independencia, añadió, ha favorecido "el enjuiciamiento de reconocidos opositores a Chávez", como el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; o el líder sindical Rubén González.
La organización humanitaria denunció además el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde hace dos años por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.
"Jueces independientes pueden enfrentar represalias si fallan en contra de los intereses del gobierno", afirmó HRW, que recordó que "al día siguiente de su detención, Chávez acusó públicamente a Afiuni de ser una 'bandida' que debería recibir la pena máxima de 30 años de cárcel".
Sobre la inseguridad y violencia que azotan a este país sudamericano, el documento de HRW sostiene que "los crímenes violentos proliferan en Venezuela, donde los asesinatos extrajudiciales por agentes de seguridad siguen siendo un problema".
"Las prisiones venezolanas están entre las más violentas de América Latina. Débiles sistemas de seguridad, hacinamiento, vigilancia insuficiente, pobremente preparada y corrupción, permiten que las bandas armadas efectivamente controlen las prisiones", sentenció HRW.
Chávez está en el poder desde 1999 y en las elecciones de octubre aspirará a un tercer mandato.
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