ADOLFO P. SALGUEIRO | EL UNIVERSAL
sábado 21 de enero de 2012 12:00 AM
Según informó "El Universal" en su edición del pasado 18/1 (pág. 1-7) la Cancillería recomienda renegociar aquellos tratados bilaterales de protección mutua de inversiones en los que la solución de controversias se deriva hacia alguna instancia arbitral internacional. También el Procurador, mi ex -alumno Carlos Escarrá, recomienda ese enfoque. La lista de contrapartes con las que habría que renegociar incluye: Alemania, Argentina, Barbados, Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Irán, Lituania, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Vietnam y Uruguay.
La idea en sí no es mala pero no es realista por cuanto consiste en proponer a un número sustancial de países -algunos aliados y otros amigos en distintos grados- que desmejoren las condiciones que oportunamente convinieron con Venezuela a cambio de nada. Tal renuncia gratuita pudiera concebirse en aquel país idílico que pintó Júpiter en su alocución del pasado sábado ante el Parlamento pero en el mundo real esas generosidades no asoman como muy factibles.
Venezuela -después de Argentina- es el país que más causas acumula en su contra en el Ciadi y -para su fortuna- no le ha ido tan mal aceptando esa jurisdicción y litigando en ella. Se llega a tribunales arbitrales fuera de Venezuela porque a los grandes inversionistas no se les puede exigir que tengan más fe en la justicia local que la que tienen los venezolanos que, por cierto, es muy poca.
Si nos limitamos al ámbito de los contratos petroleros en la Faja del Orinoco observamos que si bien es cierto que algunos de los socios de Pdvsa han sido o son empresas del "capitalismo salvaje" no lo es menos que abundan también empresas provenientes de países donde aquella "peste" ha sido erradicada y además son de propiedad del Estado como Petroperú, Petrovietnam, la uruguaya ANCAP, la argentina Enarsa, la china CNPC, etc., y, en otros casos, se trata de empresas mixtas como la brasileña Petrobras por lo que difícilmente pudiera un negociador extranjero atender la solicitud de Pdvsa de desmejorar su situación renunciando al arbitraje internacional tan solo por complacer la más reciente ocurrencia tropical de Chávez.
Para el hipotético caso de que en efecto el carisma presidencial complementado con la solidez jurídica del Procurador y las condiciones de hábil negociador del Canciller lograran el milagro de que las contrapartes aceptaran conversar, se pregunta uno ¿con qué equipo de negociadores de primera calidad cuenta la República para abordar dos decenas de negociaciones complicadísimas en forma simultánea cuando aquellos paciente y costosamente formados ya ni están disponibles ni son jamás consultados?
Y en definitiva, si todos estos milagros se dieran para nada servirían por cuanto todos los acuerdos -y también el convenio Ciadi (art. 72)- establecen que las causas originadas durante su vigencia siguen arropadas en ellos.
Así pues, salvo para darse bomba mediática y juguetear reivindicando desgastados slogans de "soberanía", "dignidad", etc., todo el asunto resulta totalmente irrelevante.
La idea en sí no es mala pero no es realista por cuanto consiste en proponer a un número sustancial de países -algunos aliados y otros amigos en distintos grados- que desmejoren las condiciones que oportunamente convinieron con Venezuela a cambio de nada. Tal renuncia gratuita pudiera concebirse en aquel país idílico que pintó Júpiter en su alocución del pasado sábado ante el Parlamento pero en el mundo real esas generosidades no asoman como muy factibles.
Venezuela -después de Argentina- es el país que más causas acumula en su contra en el Ciadi y -para su fortuna- no le ha ido tan mal aceptando esa jurisdicción y litigando en ella. Se llega a tribunales arbitrales fuera de Venezuela porque a los grandes inversionistas no se les puede exigir que tengan más fe en la justicia local que la que tienen los venezolanos que, por cierto, es muy poca.
Si nos limitamos al ámbito de los contratos petroleros en la Faja del Orinoco observamos que si bien es cierto que algunos de los socios de Pdvsa han sido o son empresas del "capitalismo salvaje" no lo es menos que abundan también empresas provenientes de países donde aquella "peste" ha sido erradicada y además son de propiedad del Estado como Petroperú, Petrovietnam, la uruguaya ANCAP, la argentina Enarsa, la china CNPC, etc., y, en otros casos, se trata de empresas mixtas como la brasileña Petrobras por lo que difícilmente pudiera un negociador extranjero atender la solicitud de Pdvsa de desmejorar su situación renunciando al arbitraje internacional tan solo por complacer la más reciente ocurrencia tropical de Chávez.
Para el hipotético caso de que en efecto el carisma presidencial complementado con la solidez jurídica del Procurador y las condiciones de hábil negociador del Canciller lograran el milagro de que las contrapartes aceptaran conversar, se pregunta uno ¿con qué equipo de negociadores de primera calidad cuenta la República para abordar dos decenas de negociaciones complicadísimas en forma simultánea cuando aquellos paciente y costosamente formados ya ni están disponibles ni son jamás consultados?
Y en definitiva, si todos estos milagros se dieran para nada servirían por cuanto todos los acuerdos -y también el convenio Ciadi (art. 72)- establecen que las causas originadas durante su vigencia siguen arropadas en ellos.
Así pues, salvo para darse bomba mediática y juguetear reivindicando desgastados slogans de "soberanía", "dignidad", etc., todo el asunto resulta totalmente irrelevante.
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