RICARDO GIL OTAIZA | EL UNIVERSAL
viernes 27 de enero de 2012 01:07 PM
No me consta que los señalamientos que pesan sobre los hombros del general en jefe Henry Rangel Silva, de su supuesta vinculación con la guerrilla colombiana y el narcotráfico, sean ciertos o no, eso tendrán que dirimirlo las autoridades competentes, pero lo que sí es cierto, y llama poderosamente la atención a esa Venezuela "decente", es que en lugar de buscarse con lupa la verdad en torno a este bochornoso caso (y así proyectar a lo interno y ante el mundo la claridad que en tales circunstancias se requiere), al "cuestionado" en materia de narcotráfico se lo condecora precisamente "por su lucha contra el tráfico ilícito de drogas", en un acto encabezado por el ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en el sexto aniversario de la denominada Oficina Nacional Antidrogas (ONA), tal como lo señalan algunos medios de comunicación nacionales (Código Venezuela, entre otros).
Estamos patas arriba, de eso no cabe la menor duda. La lógica de los hechos indica que ante la presión de la opinión pública nacional e internacional para que se aclare el hecho citado, que de ser cierto nos colocaría como nación en una posición difícil en materia tan delicada, por la relevante posición que ocupa Rangel como ministro de Defensa, es que se investigue con imparcialidad y se llegue a la verdad verdadera, y se asuman sus consecuencias. En cualquier otro contexto democrático y con unas instituciones sólidas, lo que procedería sería apartar de la gestión pública al cuestionado, hasta tanto se obtuvieran resultados, y con base en ellos se ratificaría en el cargo (con las aclaratorias pertinentes de solvencia personal), o de lo contrario se pondría a la orden de la justicia.
Pero somos otra cosa. Venezuela es un país muy folclórico (de alpargata y todo) y se actúa con base en las emociones y en las vísceras (para no meterme en honduras), y al señalado se le condecora a prisa con miras a limpiarle la imagen, y después "veremos" lo que pase. En el ínterin, el mensaje que nos llega a todos los habitantes del país (que no ciudadanos, porque aquí no hay ciudades sino conglomerados sociales), y del continente, sobre todo a los niños y a los jóvenes en etapas de formación, es que no importa lo que hagamos porque al fin y al cabo pertenecemos al "proceso revolucionario" y seremos premiados salga sapo o salga rana. ¡Hagamos lo que hagamos!
Aquí no se ha pensado con seriedad muchas cuestiones, pero el ejercicio público en el mundo civilizado conlleva una ética. Valga decir, un saber vivir con base en principios y en valores. En los tiempos del execrado Carlos Andrés Pérez (CAP), los mecanismos institucionales se activaron para la salida del cargo del entonces jefe de Estado, ya que sobre él pesaba una seria acusación de malversación de los fondos de la República en la llamada partida secreta. Y así sucedió. Independientemente de que el tiempo haya puesto las cosas en su sitio y hoy se reivindique la imagen de CAP como el estadista que fue (sin lugar a dudas), en el preciso momento en que se ameritaba poner en limpio la moral nacional, los mecanismos funcionaron sin dilación ni falsas complicidades.
Para el bien de todos y para la buena imagen y honorabilidad que debe tener nada más y nada menos un ministro de Defensa, que de paso es general en jefe, lo que procede es dar paso a las normales investigaciones sin interferencias de los otros poderes, y que el "cuestionado" sea separado temporalmente del cargo hasta tanto se dilucide la situación. Que los jueces decidan. Así, sin muchos rollos. Y si después, cuando todo esté aclarado y su nombre esté limpio de toda mácula, quieren condecorarlo, pues háganlo; pero mientras tanto no, eso es demasiado para la piel hipersensible de este conglomerado llamado Venezuela.
Estamos patas arriba, de eso no cabe la menor duda. La lógica de los hechos indica que ante la presión de la opinión pública nacional e internacional para que se aclare el hecho citado, que de ser cierto nos colocaría como nación en una posición difícil en materia tan delicada, por la relevante posición que ocupa Rangel como ministro de Defensa, es que se investigue con imparcialidad y se llegue a la verdad verdadera, y se asuman sus consecuencias. En cualquier otro contexto democrático y con unas instituciones sólidas, lo que procedería sería apartar de la gestión pública al cuestionado, hasta tanto se obtuvieran resultados, y con base en ellos se ratificaría en el cargo (con las aclaratorias pertinentes de solvencia personal), o de lo contrario se pondría a la orden de la justicia.
Pero somos otra cosa. Venezuela es un país muy folclórico (de alpargata y todo) y se actúa con base en las emociones y en las vísceras (para no meterme en honduras), y al señalado se le condecora a prisa con miras a limpiarle la imagen, y después "veremos" lo que pase. En el ínterin, el mensaje que nos llega a todos los habitantes del país (que no ciudadanos, porque aquí no hay ciudades sino conglomerados sociales), y del continente, sobre todo a los niños y a los jóvenes en etapas de formación, es que no importa lo que hagamos porque al fin y al cabo pertenecemos al "proceso revolucionario" y seremos premiados salga sapo o salga rana. ¡Hagamos lo que hagamos!
Aquí no se ha pensado con seriedad muchas cuestiones, pero el ejercicio público en el mundo civilizado conlleva una ética. Valga decir, un saber vivir con base en principios y en valores. En los tiempos del execrado Carlos Andrés Pérez (CAP), los mecanismos institucionales se activaron para la salida del cargo del entonces jefe de Estado, ya que sobre él pesaba una seria acusación de malversación de los fondos de la República en la llamada partida secreta. Y así sucedió. Independientemente de que el tiempo haya puesto las cosas en su sitio y hoy se reivindique la imagen de CAP como el estadista que fue (sin lugar a dudas), en el preciso momento en que se ameritaba poner en limpio la moral nacional, los mecanismos funcionaron sin dilación ni falsas complicidades.
Para el bien de todos y para la buena imagen y honorabilidad que debe tener nada más y nada menos un ministro de Defensa, que de paso es general en jefe, lo que procede es dar paso a las normales investigaciones sin interferencias de los otros poderes, y que el "cuestionado" sea separado temporalmente del cargo hasta tanto se dilucide la situación. Que los jueces decidan. Así, sin muchos rollos. Y si después, cuando todo esté aclarado y su nombre esté limpio de toda mácula, quieren condecorarlo, pues háganlo; pero mientras tanto no, eso es demasiado para la piel hipersensible de este conglomerado llamado Venezuela.
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