ALEJANDRO A. TAGLIAVINI | EL UNIVERSAL
domingo 22 de enero de 2012 12:00 AM
¡Pobre gente! Quienes promueven la utilización del monopolio de la violencia, que se arroga el Estado, para garantizarles el "copyright", sus "derechos de autor", que es solo un monopolio de ideas de las que, supuestamente, son "dueños", han quedado duramente desmentidos por los Wiki. Su principal argumento ha sido que, si no se "defendían" los derechos de propiedad intelectual, nadie se esforzaría por ser creativo. Pero hete aquí que Wikipedia se realiza con el aporte de millones de usuarios anónimos que, libremente, suman datos sobre otros también libres. ¡Y no hay "copyright", por Dios! Y no solo que no ha desaparecido la creatividad, sino que se ha convertido en la enciclopedia más leída del mundo y el quinto sitio web más visitado, con 300 millones de usuarios únicos y 80 mil millones de visitas al mes.
Toda la red ha nacido y vive sin una "autoridad" coactiva mostrando, no solo que la sociedad no la necesita, sino que es destructiva, como toda violencia. Tras veinte años de internet, en un día, se registran más de 100.800 dominios en la web, se envían unos 250.000 millones de mails, se suben 864.000 videos a YouTube, se escriben más de 936.000.000 comentarios en Facebook, se comparten 102.600.000 tweets, se realizan 1.000 millones de búsquedas con Google, se producen 532.800.000 llamadas por Skype y se descargan 19.000.000 aplicaciones para iPhones.
Así las cosas, la ley "antipiratería digital", la Stop Online Piracy Act (SOPA), que iba a aprobarse el 24 de enero, no solo es un despropósito descomunal sino que equipararía a EEUU con países como China e Irán, en lo que a control de internet se refiere, además de afectar a servicios como Tor que ofrecen la navegación anónima y que son utilizados por disidentes en países autoritarios. Este proyecto permite que se puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios en la web que permitan la violación de los "derechos de autor". Las acciones podrían llegar hasta una pena máxima de cinco años de prisión, por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses del estreno.
El proyecto de ley fue impulsado, en octubre pasado, por el congresista republicano Lamar S. Smith en su afán por defender a la industria cinematográfica de Hollywood, las grandes discográficas norteamericanas y ESA (Entertainment Software Association), que agrupa a las principales compañías de videojuegos, lo que demuestra dos cosas interesantes. Primero, que la libertad de mercado muchas veces no es defendida por la derecha y, además, que no es para los grandes empresarios sino, por el contrario, es para las personas comunes.
La Casa Blanca, finalmente, informó que Obama no aprobará la SOPA "si fomenta la censura... o altera la estructura de la web", con lo que el Congreso decidió congelarla hasta lograr consenso. Pero, tarde o temprano, podría salir una versión "light" porque los promotores son fuertes. Por caso, la BSA, que agrupa a tecnológicas como Apple, Intel y Microsoft, no la apoya solo por cuestiones de forma ya que "Impedir que los piratas saquen provecho" es su objetivo. Claro, si fortunas descomunales como la de Bill Gates, que quieren "santificar" haciendo espurias donaciones "caritativas", son posibles gracias a estos privilegios monopólicos como la SOPA, que se comieron los Wikis dejando claro que es el mercado (las personas), y no la coacción estatal, quien define la propiedad.
El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
Toda la red ha nacido y vive sin una "autoridad" coactiva mostrando, no solo que la sociedad no la necesita, sino que es destructiva, como toda violencia. Tras veinte años de internet, en un día, se registran más de 100.800 dominios en la web, se envían unos 250.000 millones de mails, se suben 864.000 videos a YouTube, se escriben más de 936.000.000 comentarios en Facebook, se comparten 102.600.000 tweets, se realizan 1.000 millones de búsquedas con Google, se producen 532.800.000 llamadas por Skype y se descargan 19.000.000 aplicaciones para iPhones.
Así las cosas, la ley "antipiratería digital", la Stop Online Piracy Act (SOPA), que iba a aprobarse el 24 de enero, no solo es un despropósito descomunal sino que equipararía a EEUU con países como China e Irán, en lo que a control de internet se refiere, además de afectar a servicios como Tor que ofrecen la navegación anónima y que son utilizados por disidentes en países autoritarios. Este proyecto permite que se puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios en la web que permitan la violación de los "derechos de autor". Las acciones podrían llegar hasta una pena máxima de cinco años de prisión, por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses del estreno.
El proyecto de ley fue impulsado, en octubre pasado, por el congresista republicano Lamar S. Smith en su afán por defender a la industria cinematográfica de Hollywood, las grandes discográficas norteamericanas y ESA (Entertainment Software Association), que agrupa a las principales compañías de videojuegos, lo que demuestra dos cosas interesantes. Primero, que la libertad de mercado muchas veces no es defendida por la derecha y, además, que no es para los grandes empresarios sino, por el contrario, es para las personas comunes.
La Casa Blanca, finalmente, informó que Obama no aprobará la SOPA "si fomenta la censura... o altera la estructura de la web", con lo que el Congreso decidió congelarla hasta lograr consenso. Pero, tarde o temprano, podría salir una versión "light" porque los promotores son fuertes. Por caso, la BSA, que agrupa a tecnológicas como Apple, Intel y Microsoft, no la apoya solo por cuestiones de forma ya que "Impedir que los piratas saquen provecho" es su objetivo. Claro, si fortunas descomunales como la de Bill Gates, que quieren "santificar" haciendo espurias donaciones "caritativas", son posibles gracias a estos privilegios monopólicos como la SOPA, que se comieron los Wikis dejando claro que es el mercado (las personas), y no la coacción estatal, quien define la propiedad.
El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
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