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Por redacción
El proceso contra la suspendida jueza 31 de
Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, sigue empañando la imagen del
Gobierno venezolano en instancias internacionales. El martes, durante la
presentación del informe sobre los avances en materia de igualdad de
género que una delegación nacional encabezada por la ministra de la
Mujer, Andreina Tarazona, realizó ante el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el asunto volvió a
salir a relucir.
“¿Cómo se puede hablar de avance en materia de género cuando el fallecido presidente Hugo Chávez mandó aplicarle la pena máxima a una jueza por una decisión? ¿Cómo fueron las condiciones de reclusión de Afiuni y cuáles son las de las demás presas?” Palabras más, palabras menos estas fueron algunas las preguntas que los miembros del Comité formularon tanto a la representación venezolana, la cual integraban además la coordinadora de los tribunales de violencia de género y magistrada del Tribunal Supremo, Carmen Zuleta de Merchán; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y que no hallaron respuesta.
Cinco años después de que Afiuni fuera arrestada por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, atendiendo una instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, aún no ha sido enjuiciada y su libertad sigue restringida.
La pregunta de por qué las autoridades venezolanas no se reúnen con organizaciones feministas que no le son afectas tampoco fue respondida, aseguraron fuentes judiciales.
“Estos son temas de alta preocupación para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos”, se limitó a responder Larry Davoe, consultor jurídico de la Defensoría, aseguraron los informantes, achacando las preguntas a manejos de la oficina que dirige el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, a quien las autoridades ahora acusan de “injerencista” por pedir que se cumpla la instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que ordena liberar a Leopoldo López y Daniel Ceballos.
A la pregunta sobre por qué 15 años después de la entrada en vigencia de la Constitución, en la cual la igualdad de género está plasmado en todo su texto, en el país siguen existiendo leyes discriminatorias, la magistrada Zuleta replicó: “Son vetustas y no las aplicamos, sino que decidimos con la jurisprudencia”.
No obstante esto, la ministra para la Mujer, Andreina Tarazona, calificó de “exitosa” la presentación y aseguró que el país no recibió ninguna recomendación, sino puros reconocimientos.
“Las recomendaciones que organismos de la ONU hacen a los Estados deben ser aceptadas por ellos, sino las aceptan no les puede imponer”, explicó un experto en la materia.
“¿Cómo se puede hablar de avance en materia de género cuando el fallecido presidente Hugo Chávez mandó aplicarle la pena máxima a una jueza por una decisión? ¿Cómo fueron las condiciones de reclusión de Afiuni y cuáles son las de las demás presas?” Palabras más, palabras menos estas fueron algunas las preguntas que los miembros del Comité formularon tanto a la representación venezolana, la cual integraban además la coordinadora de los tribunales de violencia de género y magistrada del Tribunal Supremo, Carmen Zuleta de Merchán; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y que no hallaron respuesta.
Cinco años después de que Afiuni fuera arrestada por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, atendiendo una instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, aún no ha sido enjuiciada y su libertad sigue restringida.
La pregunta de por qué las autoridades venezolanas no se reúnen con organizaciones feministas que no le son afectas tampoco fue respondida, aseguraron fuentes judiciales.
“Estos son temas de alta preocupación para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos”, se limitó a responder Larry Davoe, consultor jurídico de la Defensoría, aseguraron los informantes, achacando las preguntas a manejos de la oficina que dirige el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, a quien las autoridades ahora acusan de “injerencista” por pedir que se cumpla la instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que ordena liberar a Leopoldo López y Daniel Ceballos.
A la pregunta sobre por qué 15 años después de la entrada en vigencia de la Constitución, en la cual la igualdad de género está plasmado en todo su texto, en el país siguen existiendo leyes discriminatorias, la magistrada Zuleta replicó: “Son vetustas y no las aplicamos, sino que decidimos con la jurisprudencia”.
No obstante esto, la ministra para la Mujer, Andreina Tarazona, calificó de “exitosa” la presentación y aseguró que el país no recibió ninguna recomendación, sino puros reconocimientos.
“Las recomendaciones que organismos de la ONU hacen a los Estados deben ser aceptadas por ellos, sino las aceptan no les puede imponer”, explicó un experto en la materia.
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