Ricardo Hausmann
WASHINGTON, DC – El
oro es escaso. Más del 99,9% de la corteza terrestre está compuesto por
óxidos de silicona, aluminio, calcio, magnesio, sodio, hierro, potasio,
titanio y fósforo, así que a través de la historia cada descubrimiento
de oro ha causado gran revuelo. A pesar de las graves consecuencias ambientales que
conlleva la explotación del oro – entre ellas la contaminación con
mercurio y cianuro y la devastación ambiental – el hombre no ha cesado
en su búsqueda y es dudoso que lo haga.
Sin embargo, casi
todos los países tienen una mina de oro figurativa – que es más segura y
por lo menos tan lucrativa como la verdadera – pero que pocos explotan
plenamente: las adquisiciones públicas.
Las posibles
consecuencias adversas de las compras públicas son bien conocidas. Estas
pueden permitir que los suplidores cobren precios excesivos por
productos de baja calidad y servicios poco confiables, y al mismo tiempo
facilitar la corrupción, los abusos de poder y el desperdicio.
Para atenuar estos
riesgos, la mayoría de los países requieren licitaciones abiertas y
reglas de transparencia. De hecho, en la mayoría de los últimos acuerdos
de libre comercio se exige que los gobiernos de los países signatarios abran sus licitaciones a empresas de los otros signatarios; y el Banco Mundial publica los nombres de las firmas que por fraude o corrupción no
pueden participar en licitaciones para proyectos financiados por el
banco. Los países que rehúyen las licitaciones abiertas terminan con los
hurtos a gran escala que se han documentado en Venezuela y que casi ciertamente ocurrieron en Ucrania bajo el ex presidente Viktor Yanukovych.
Pero debajo de todo
este arsénico hay oro. Gran parte de la producción moderna comprende no
sólo el costo de hacer las cosas sino también el costo de descubrir cómo
hacerlas. Antes de que un fabricante de aviones pueda producir y vender
un nuevo modelo de aeronave, debe gastar miles de millones de dólares
en su desarrollo durante diez años o más – y esos gastos deben ser
recuperados. Muy pocos incurrirían en ellos sin estar seguros de que el
nuevo modelo tendrá un mercado. Y aquí es donde entran en juego las
adquisiciones públicas.
Por ejemplo, en 1946
el gobierno de Estados Unidos le adjudicó a Boeing un contrato para el
desarrollo del avión B-52. Evidentemente, el gobierno no quería que la
compañía continuara entregando aviones existentes sino que deseaba el
primer bombardero estratégico propulsado por motores a reacción. Después
de todo, el perdedor en cualquier guerra es el país con el segundo
mejor ejército. Por lo tanto, el contrato tenía que reflejar los riesgos
que implica el poder llegar a diseñar y producir la aeronave más
avanzada de su época.
Pero los beneficios de la adquisición del gobierno se extendieron más allá de la meta específica, ya que Boeing empleó el knowhow que
había adquirido en el desarrollo del B-52 para crear el B-707, su
aeronave comercial. Si bien el propósito del gobierno no había sido el
de promover el desarrollo de aviones comerciales, la adquisición de una
aeronave militar de alta calidad y técnicamente avanzada fue esencial en
el surgimiento de la industria de la aviación comercial de Estados
Unidos, hoy dominante a nivel mundial.
Dicho de manera
simple, poder llegar a hacer una cosa suele hacer que sea más fácil
llegar a hacer otras cosas. De esta forma, un gobierno exigente sobre la
calidad de sus adquisiciones puede tener un impacto poderoso sobre la
evolución de la ventaja comparativa de su país.
El gobierno de Israel
ha tenido un impacto semejante a través de la forma en que ha manejado
sus escasos recursos hídricos. Digamos que un país incurre un costo de
100, medido en alguna unidad, debido a la escasez de agua en su
territorio. Las innovaciones que el gobierno alienta, como el riego por
goteo o la desalinización, no sólo reducen el costo de la escasez,
digamos a 70, sino que también apuntalan una industria que al vender sus productos en los mercados más exigentes adquiere un valor mundial superior
a 1.000. En este sentido, la escasez de recursos hídricos ha hecho que
Israel sea más rico de lo que hubiera sido sin ella.
Asimismo, las
inversiones militares de Israel han generado un conjunto de soluciones
que, con un poco más de esfuerzo, se han aplicado de manera útil y
lucrativa en la vida civil. Esto ayuda a explicar porqué la inversión
privada en investigación y desarrollo representa en Israel un porcentaje mayor del PIB que en ningún otro país.
Las lecciones que se
desprenden de las compras militares pueden aplicarse también en otras
esferas. A los gobiernos les compete encontrar soluciones a los desafíos
más urgentes que enfrenta su sociedad. Dado que los problemas de un
país rara vez son únicos, las soluciones innovadoras pueden dar origen a
industrias competitivas, y hasta dominantes, a nivel mundial. Y las
soluciones a un problema pueden tener aplicaciones en otros sectores.
Esto debería servir
de modelo a América Latina en su empeño por mejorar la calidad de sus
sistemas educativos. Como están las cosas, los ocho países
latinoamericanos que participan en el examen estandarizado PISA de la
OCDE se encuentran entre los 15 peores de los 65 que integran el programa.
En lugar de invertir
grandes sumas de dinero en sistemas educativos que no rinden buenos
resultados, los gobiernos latinoamericanos deberían interesarse en
soluciones innovadoras, tales como textos en tablets, que
permitan a los profesores enseñar de manera más efectiva, monitorear el
progreso de sus alumnos e identificar estrategias apropiadas para cada
alumno. Además de mejorar el desempeño de sus propios niños, dichas
soluciones podrían dar origen a una industria avanzada de herramientas
pedagógicas capaz de competir a nivel mundial.
Estos son sólo unos
pocos ejemplos del valor que se puede extraer de la mina de oro de las
compras públicas. Al comprometerse a adquirir grandes cantidades de
productos de buena calidad que respondan a los más importantes desafíos
nacionales, los gobiernos pueden alentar a organizaciones privadas,
públicas o mixtas a incurrir en los gastos fijos que conlleva la
búsqueda de soluciones. En muchos casos, los beneficios de estas
soluciones se proyectarán mucho más allá de su propósito original.
Sin embargo, de tomar
este camino, los gobiernos deben recordar que la explotación minera es
una industria potencialmente peligrosa y debe ser abordada con cuidado.
Por ello, podrían partir por asignar, digamos un 5% de sus presupuestos
de adquisiciones, a promover la búsqueda de nuevas soluciones a sus
problemas más acuciantes en sectores con el potencial de lograr grandes
mercados mundiales. Al fin y al cabo, todo lo que vale la pena hacer,
vale la pena hacerlo mejor.
Original en Project Syndicate
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