Por Elizabeth Fuentes @fuenteseliz.-
De lo más feliz, sale hoy Rafael Ramírez a decir que el gobierno de Venezuela solo debe pagar a a Exxon Mobil 1 mil 591 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos Cerro Negro y La Ceiba. Agregó que esa cantidad le parecía razonable (así serán sus estándares económicos) y que ya Venezuela había cancelado casi mil millones de lo adeudado, lo que haría el nuevo desembolso menos gordo.
Lo que no dijo es cuánto cobraron por defender a Venezuela los abogados del carísimo bufete Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle, ubicado en una de las zonas más exquisitas de Nueva York y rankeados como número dos entre los primeros 500 de Estados Unidos en Arbitraje Internacional, como lo publica el portal especializado www.legal500.com.
Que basta asomarse a la web del bufete, www.curtis.com, para sospechar que allí, cualquier consulta, nos hace recordar que el tiempo es oro. Tienen despachos en 19 ciudades del mundo, incluyendo Beijing y Dubai, y como todos los abogados en Estados Unidos, cobran por hora.
Para hacernos una idea de cuanto dinero se debería poseer para contratar a un bufete de este calibre, valga la nota del periodista argentino Jorge Lanata, quien fue hasta Nueva York para conocer el bufete Cleary Gotlieb Steen and Hamilton, que está defendiendo a Argentina en el caso de los fondos buitres. Un abogado le reveló que un bufete de ese calibre cobra dos millones de dólares mensuales, “pero eso va variando de acuerdo a la actividad. El pago es por las horas que trabajan, pero esas horas se dividen en módulos de diez minutos que incluyen todo. En las horas están incluidas los viajes al aeropuerto, los gastos en comidas. Incluso si el abogado se sienta a enviar un email, cobran por eso un módulo de diez minutos”. Y aunque el despacho de los abogados de la Argentina está ubicado en una zona menos exquisita que la de los abogados de Venezuela, valga la cifra para hacer un cálculo más o menos aproximado de lo que pagó o sigue pagando Venezuela por defenderse ante del Ciadi de los casi 30 casos de expropiaciones y nacionalizaciones que corrieron por cuenta del populismo de Hugo Chávez.
Una revisión detallada de los archivos del Ciadi -ICSID, por sus siglas en inglés-, permite descubrir que el despacho de Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle, lleva la defensa de 17 casos: petroleras, cementares, fabricantes de lubricantes, empresas de telecomunicaciones, de servicios marítimos, de gas, de fabricación y operación de fertilizantes, en fin. Nada menos que 17 casos lleva este bufete, en pocas ocasiones acompañado de La Produraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Casos, en cuya mayoría, apelan a tácticas dilatorias para comenzar de cero ( recusan a un árbitro, a un juez..), asunto que si bien seguramente favorece al litigio, pues obviamente también a la firma de abogados, que cobrará y cobrará por mucho tiempo más. Bajo la suposición de que por cada caso, Venezuela deba pagar dos millones de dólares mensuales, pues – como dijo Odremán-, las matemáticas no fallan: Solo en este bufete, Venezuela cancela 34 millones de dólares mensuales.
Pero si esta cifra le parece razonable a Rafael Ramírez – su suegra y su esposa actuaron como abogadas en algunos de los casos-, ocurre que otro flamante bufete, ésta vez ubicado en Washington, encara otros 16 casos para defender a Venezuela ante el CIADI. Foley Hoag se llama el despacho, con oficinas en Washington, Boston y Paris. Aquí se llevan demandas de empresas de minería, de acero, de administración de alimentos, explotación de oro, explotación de acero, concesiones mineras, de carbón y hasta instrumentos de la deuda. En la demanda de una concesión minera lo auxilió un escritorio venezolano, Loaiza Bigott y Asociados. Y como cabe suponer que Foley Hoag debe cobrar más o menos lo mismo que el bufete de New York -porque lo que están defendiendo vale miles de millones de dólares- esta oficina le debe estar facturando a Venezuela otros 32 millones de dólares mensuales. Entre ambos despachos, llevamos 66 millones de dólares mensuales.
Pero hay un tercer bufete, argentino, y cuya cabeza visible fue nada menos que Osvaldo Guglielmino, Procurador del Tesoro de la Nacion del gobierno de Cristina Kirchner, hasta que lo destituyeron por administración fraudulenta (“irregularidades en el pago al grupo Greco”, señala la prensa local). Pues en el 2010 salió del cargo y ya en el 2012, su bufete Gugliemino & Asociados, se estaba encargando de cinco casos de Venezuela ante el CIADI: importadora de vehículos, empresas turísticas, otra encargada del desarrollo y mantenimiento de los aeropuertos y una sociedad financiera. Casos menores podría decirse, porque los peces gordos de New York y Washington son los que llevan los casos de PDVSA, minería y afines.
¿Cuánto cobrará el argentino? Posiblemente menos. La cuarta parte. Otros 500 mil dólares mensuales que multiplicados por cinco, son dos millones 500 mil al mes. Nada mal. Pero si los sumamos a los otros 66 millones, la cosa sube hasta 68 millones, 500 mil dólares mensuales en pago de abogados.
Claro, hay mucho de especulación acá, porque estas cuentas pertenecen a esa caja negra, ya casi vacía, en que se han convertido las arcas nacionales. Mucho menos sabremos si algún funcionario cobró alguna comisión a estos bufetes por haberlos seleccionado para semejante encargo y tampoco sabemos si su elección formó parte de una licitación o no. Lo cierto es que más de un abogado capitalista estará feliz, disfrutado de lo rico que es ser rico a costa del socialismo subdesarrollado que le puso semejante cheque en los bolsillos.
De lo más feliz, sale hoy Rafael Ramírez a decir que el gobierno de Venezuela solo debe pagar a a Exxon Mobil 1 mil 591 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos Cerro Negro y La Ceiba. Agregó que esa cantidad le parecía razonable (así serán sus estándares económicos) y que ya Venezuela había cancelado casi mil millones de lo adeudado, lo que haría el nuevo desembolso menos gordo.
Lo que no dijo es cuánto cobraron por defender a Venezuela los abogados del carísimo bufete Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle, ubicado en una de las zonas más exquisitas de Nueva York y rankeados como número dos entre los primeros 500 de Estados Unidos en Arbitraje Internacional, como lo publica el portal especializado www.legal500.com.
Que basta asomarse a la web del bufete, www.curtis.com, para sospechar que allí, cualquier consulta, nos hace recordar que el tiempo es oro. Tienen despachos en 19 ciudades del mundo, incluyendo Beijing y Dubai, y como todos los abogados en Estados Unidos, cobran por hora.
Para hacernos una idea de cuanto dinero se debería poseer para contratar a un bufete de este calibre, valga la nota del periodista argentino Jorge Lanata, quien fue hasta Nueva York para conocer el bufete Cleary Gotlieb Steen and Hamilton, que está defendiendo a Argentina en el caso de los fondos buitres. Un abogado le reveló que un bufete de ese calibre cobra dos millones de dólares mensuales, “pero eso va variando de acuerdo a la actividad. El pago es por las horas que trabajan, pero esas horas se dividen en módulos de diez minutos que incluyen todo. En las horas están incluidas los viajes al aeropuerto, los gastos en comidas. Incluso si el abogado se sienta a enviar un email, cobran por eso un módulo de diez minutos”. Y aunque el despacho de los abogados de la Argentina está ubicado en una zona menos exquisita que la de los abogados de Venezuela, valga la cifra para hacer un cálculo más o menos aproximado de lo que pagó o sigue pagando Venezuela por defenderse ante del Ciadi de los casi 30 casos de expropiaciones y nacionalizaciones que corrieron por cuenta del populismo de Hugo Chávez.
Una revisión detallada de los archivos del Ciadi -ICSID, por sus siglas en inglés-, permite descubrir que el despacho de Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle, lleva la defensa de 17 casos: petroleras, cementares, fabricantes de lubricantes, empresas de telecomunicaciones, de servicios marítimos, de gas, de fabricación y operación de fertilizantes, en fin. Nada menos que 17 casos lleva este bufete, en pocas ocasiones acompañado de La Produraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Casos, en cuya mayoría, apelan a tácticas dilatorias para comenzar de cero ( recusan a un árbitro, a un juez..), asunto que si bien seguramente favorece al litigio, pues obviamente también a la firma de abogados, que cobrará y cobrará por mucho tiempo más. Bajo la suposición de que por cada caso, Venezuela deba pagar dos millones de dólares mensuales, pues – como dijo Odremán-, las matemáticas no fallan: Solo en este bufete, Venezuela cancela 34 millones de dólares mensuales.
Pero si esta cifra le parece razonable a Rafael Ramírez – su suegra y su esposa actuaron como abogadas en algunos de los casos-, ocurre que otro flamante bufete, ésta vez ubicado en Washington, encara otros 16 casos para defender a Venezuela ante el CIADI. Foley Hoag se llama el despacho, con oficinas en Washington, Boston y Paris. Aquí se llevan demandas de empresas de minería, de acero, de administración de alimentos, explotación de oro, explotación de acero, concesiones mineras, de carbón y hasta instrumentos de la deuda. En la demanda de una concesión minera lo auxilió un escritorio venezolano, Loaiza Bigott y Asociados. Y como cabe suponer que Foley Hoag debe cobrar más o menos lo mismo que el bufete de New York -porque lo que están defendiendo vale miles de millones de dólares- esta oficina le debe estar facturando a Venezuela otros 32 millones de dólares mensuales. Entre ambos despachos, llevamos 66 millones de dólares mensuales.
Pero hay un tercer bufete, argentino, y cuya cabeza visible fue nada menos que Osvaldo Guglielmino, Procurador del Tesoro de la Nacion del gobierno de Cristina Kirchner, hasta que lo destituyeron por administración fraudulenta (“irregularidades en el pago al grupo Greco”, señala la prensa local). Pues en el 2010 salió del cargo y ya en el 2012, su bufete Gugliemino & Asociados, se estaba encargando de cinco casos de Venezuela ante el CIADI: importadora de vehículos, empresas turísticas, otra encargada del desarrollo y mantenimiento de los aeropuertos y una sociedad financiera. Casos menores podría decirse, porque los peces gordos de New York y Washington son los que llevan los casos de PDVSA, minería y afines.
¿Cuánto cobrará el argentino? Posiblemente menos. La cuarta parte. Otros 500 mil dólares mensuales que multiplicados por cinco, son dos millones 500 mil al mes. Nada mal. Pero si los sumamos a los otros 66 millones, la cosa sube hasta 68 millones, 500 mil dólares mensuales en pago de abogados.
Claro, hay mucho de especulación acá, porque estas cuentas pertenecen a esa caja negra, ya casi vacía, en que se han convertido las arcas nacionales. Mucho menos sabremos si algún funcionario cobró alguna comisión a estos bufetes por haberlos seleccionado para semejante encargo y tampoco sabemos si su elección formó parte de una licitación o no. Lo cierto es que más de un abogado capitalista estará feliz, disfrutado de lo rico que es ser rico a costa del socialismo subdesarrollado que le puso semejante cheque en los bolsillos.
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