En: http://www.lapatilla.com/site/2014/10/21/orlando-viera-blanco-otra-victoria-contra-el-imperio/
Orlando Viera-Blanco
La reciente designación de Venezuela como
miembro del Consejo de Seguridad no-permanente de las Naciones Unidas
(CSNP/ONU), levantó indignación en la oposición y en muchos que sin
comprender la dinámica diplomática, toman esta decisión como un triunfo
del gobierno nacional. Para entenderlo debemos escindir lo que es
Estado de lo que es gobierno. El Estado no se reduce al gobierno que lo
representa, ni el gobierno puede fundir al Estado en el ejercicio de su
poder. Así la designación de marras, no es un triunfo del gobierno.
Es mérito de un país: Venezuela.
La presente acreditación no es más que el cumplimiento de un
protocolo rotativo que asume cada nación de acuerdo a un “calendario de
permanencia”. No se trata de un lobby diplomático, sino del agotamiento
de los tiempos de rigor para encargarse. A quien se enviste es al país
soberano, obviamente representado por las autoridades de gobierno, por
lo que no-se trata de un nombramiento por concurso de credenciales o
preferencias adquiridas entre banquetes y cócteles. El gobierno en
práctica propagandística, si se hace fundir en el Estado-país,
haciendo elocuencia de una intitulación “ganada” por su “prestigio
revolucionario”, cuando lo que ha ocurrido no es más que el cese de
espera de un orden de llegada. Confundiendo Estado con gobierno y en
medio de esa maniquea fusión de país y poder, emerge la
frustración de muchos… Otro tema es, por ejemplo, cómo a Washington
llegan numerosas denuncias contra “Venezuela” por narcotráfico,
legitimación de capitales, coimas, tapaderas, etc. Aunque en muchos
casos puedan estar involucrados funcionarios públicos, militares o
autoridades de gobierno de Estado, la responsabilidad de esos actos es
esencialmente personal. Hablar/acusar de “narco-estado” ante
cualquier organismo supranacional, capitolio o asamblea en el mundo, es
complicado por difuso y general. El Estado no puede ser narco y si
algunos de sus agentes lo son, ello tampoco lo convierte. Puede hablarse
de narco-gobierno, atendiendo la jerarquía y extensión de funcionarios
involucrados (dixit Noriega/Panamá). Y ello exige el
agotamiento de una investigación criminal para fijar responsabilidades
personales. Aquí viene lo complicado. Si en un Estado no hay justicia
para reprimir estos crímenes, es difícil que otro país lo asuma
(política y jurídicamente). Por ello este tipo de “denuncias” ante un
Congreso-Estado, sus actores prefieren delegarlas en agentes
federales-policiales. En lo político sancionar a particulares de otro
país, por delitos de blanqueo de capitales, corrupción o narco, incluso
en sus territorios, siempre dejará una impronta intervencionista e
imperial. Y de esto se cuidan tanto Washington como cualquier
parlamento, quiero decir, de no emprender una cadena de sanciones
individuales donde metan en un mismo saco a todo un país, ocasionando
un boomerang de sensibilidades en la opinión pública. “Hasta cuando los poderosos del Norte persiguiendo a les miserablesdel Sur”. Los sancionados se victimizan y salen a decir a todo gañote, ¡Gringos go home!
Washington debe comportar una agenda más elaborada en lo político,
que buscar detrás del closet, los tuxedos que jamás hubiese podido
vestir tal ministro, militar o el alcalde de San Andrés del Torbe.
Ni los electores ven con rendimiento político que sus representantes
estén a la saga de los piratas del Caribe o de carteles de soles… como
tampoco las naciones deben asumir ese rol. Otro tema más universal, son
los DDHH. Este si es una asunto desde el cual no sólo Washington, sino
cualquier parlamento, corte u ombudsman del mundo, debe
declararse competente para actuar. Los DDHH cada vez más amplían su
espacio de competencia. Podríamos llamarlo el síndrome Garzón,
quiero decir, de aquel juez español que desde una localidad de la
península ibérica, decidió enviar por el expresidente Pinochet en
Londres (con ganchos incluso si fuese menester), por cometer delitos de
lesa humanidad. De lo que hay que tomar buena nota es de la
imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad y de la jurisdicción ampliada para
perseguirlos. Un Estado llámese mafioso, forajido, tirano, dictador o
autócrata por opresor, lo es más por un gobierno que no deja elegir,
persigue, tortura o mata, que por lo que trafica o deja traficar. Y su
desconocimiento o desobediencia, pasa de ser un tema nacional a un
asunto también internacional. Ya las NU emitieron una resolución en
apoyo de Leopoldo López. El Congreso canadiense emitió un
pronunciamiento en contra de la opresión a estudiantes y el acoso a la
Dip. María Corina Machado. Igual los parlamentos de Brasil, México o la
UE. Hacia allá va la humanidad. Hacia la universalización coactiva de
los DDHH.
En esa dirección deben ir quienes tocan las puertas en el exterior.
Lo otro es ruido, es bulla, es escándalo, pero nada más… Sancionados
que no quedarán tras las rejas, ni saldrán del poder y por el
contrario, alardearán de haberse anotado otra victoria contra el imperio.
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