ADOLFO
R. TAYLHARDAT
Tristemente
nuestro país ha quedado fichado como narcoestado. Durante mucho tiempo ese
calificativo le correspondió a Colombia. Hoy día es Venezuela, nuestra noble y
querida patria, la que ostenta el “galardón” de narcoestado.
Pero hay
una gran diferencia entre los dos casos. En Colombia el narcotráfico mezclado
con la guerrilla dio origen a la narcoguerrilla que llegó a contaminar a
algunos personajes políticos y a algunas instituciones oficiales. Pero la
actitud del gobierno colombiano ha sido firme. Ha combatido el narcotráfico en
forma tan contundente que la obligó a buscar otras vías para su exportación.
Aquí no cultivamos coca ni marihuana, pero el producto elaborado en Colombia
transita impunemente por nuestro territorio gracias a la complicidad de las
autoridades. A diferencia de Colombia, en nuestro país el narcotráfico está
apadrinado por elementos de los más altos estratos del régimen, tanto civiles
como militares. Ese padrinazgo no se limita a la simple facilitación del
tráfico, de por sí un hecho grave, sino que en esa actividad están involucrados
titulares de instituciones del Estado, figuras descollantes del partido de
gobierno, del entorno del ilegítimo y de la mafia que nos desgobierna.
La
descomposición del país ha llegado a tal extremo que el ilegítimo se rasga las
vestiduras y dice estar dispuesto a dar la vida por los corruptos identificados
y sancionados por gobiernos extranjeros y denunciados por los medios
internacionales. No es casualidad que uno tras otro, The Wall Street
Journal, The New York Times, el diario español El País,
y el periódico colombiano El Espectador, entre otros, publicaron la
semana pasada extensos y bien documentados reportajes sobre el narcotráfico en
Venezuela que ha florecido bajo el amparo y la participación de figuras
destacadas del régimen. Tanto elTWSJ como el TNYT aseguran
que las informaciones contenidas en sus reportajes provienen de fuentes
oficiales.
Quien
defiende o protege a un delincuente es tan delincuente como el defendido o
protegido. Esa solidaridad automática y ciega revela complicidad,
coparticipación o beneficio mutuo. Como dice El Espectador en
su reportaje más reciente, no es concebible que el ilegítimo ignore lo que
ocurre en su entorno inmediato. –Si lo ignora es una muestra palpable de
incapacidad. Si no lo ignora, es decir, si está al corriente, es porque es
cómplice activo o beneficiario directo–. Esto último lo digo yo, no El
Espectador.
El juicio
incoado contra los 22 directivos de periódicos nació con una sentencia
intrínseca como es la prohibición de salida del país de los afectados por la
decisión arbitraria y sin precedentes de la jueza que conoce del caso.
Monstruosidades legales como esa solo se dan dentro de regímenes dictatoriales
que patean la ley y los procedimientos legales. Pero no solo eso, ya hay cosa
juzgada, sentencia firme, sin posibilidad de apelación, puesto que la más alta
autoridad judicial se pronunció solidarizándose con el demandante. Desde el
momento en que el TSJ se declaró solidario con el actor de la demanda quedó de
hecho recusado. Se “autorrecusó”, pero además quedaron cerrados los caminos
para cualquier instancia de alzada.
Definitivamente,
en Venezuela no hay Estado de Derecho y cada día se cometen nuevos desmanes
contra la legalidad y la justicia. El venezolano está a la merced de la
perversidad del régimen.
El
venezolano siempre fue valiente, arrogante, altanero, que no se dejaba “pisar”
por nadie y mucho menos aceptaba que algún extraño le diera órdenes o lo
obligar a hacer algo contra su voluntad. Hay una historia, que no sé si es
cierta, que cuenta que un capataz intentó obligar a un peón a cumplir una tarea
con la cual no estaba de acuerdo y este, de un machetazo, le cercenó la cabeza
al capataz.
¿Qué se
hizo ese venezolano? ¿Cómo se explica que una mafia corrupta le haya cercenado
a la ciudadanía su libre albedrío, su soberbia y la haya transformado en un
ejército de pusilánimes incapaces de rechazar las humillaciones que a diario le
propinan? Colas ignominiosas para adquirir artículos de primera necesidad,
trabas para incorporarse a esas colas de por sí humillantes, limitaciones para
viajar al exterior, impedimentos degradantes para que los compatriotas en el
exterior puedan adquirir la divisas necesarias para sobrevivir o para continuar
sus estudios fuera del país, agresiones y violaciones constantes de los
derechos esenciales del ser humano.
En
condiciones normales la olla de presión dentro de la cual estamos encerrados ya
debía haber reventado. En cambio, lo que se observa es más grave: un vergonzoso
proceso de “acostumbramiento”, de tolerancia, de conformismo, de mansedumbre,
ante las medidas cada vez más humillantes contra la dignidad y los
derechos y libertades fundamentales.
Lo he planteado antes y lo
reitero, ha llegado el momento de activar en toda su dimensión la Carta
Democrática Interamericana si es que se quiere evitar un desenlace trágico, de
consecuencias impredecibles. Está en manos de los gobiernos “hermanos” del
continente aprovechar la presencia de los cancilleres de la región en la
próxima Asamblea General de la OEA para convocar una Reunión de Consulta y
pedir la aplicación de la CDI al caso venezolano en el cual están presentes
todos los extremos contemplados en ese instrumento concebido para ejercer la defensa
de la institucionalidad democrática que en nuestro país ha sido profanada desde
todos sus ángulos.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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