Un golpe legal
JOSÉ MAYORA | EL UNIVERSAL
viernes 7 de enero de 2011 10:41 AM
En el siglo XXI la actividad política ha presenciado innovaciones y énfasis que posiblemente aún no son bien comprendidos por la sociedad: un modelo de sociedad denominado "socialismo del siglo XXI"; un mecanismo legalizado de acceso al poder que desconoce el voto popular, conocido como "golpe de Estado"; y el énfasis en la legitimidad de origen por encima de la legitimidad de desempeño.
Las desviaciones en el ejercicio democrático, normalmente precedidas de golpes, cuentan en la historia de nuestro continente con varios ejemplos. En honor a la verdad, estas prácticas violentas han venido desapareciendo, para decirlo en lenguaje conservacionista, una especie en extinción, pero su finalidad continúa vigente bajo formas novedosas, de difícil calificación. Venezuela es importante protagonista de estas nuevas modalidades de acceder o mantenerse en el poder por vías distintas al voto popular. Trátese de una elección o de un referéndum, el voto es el arma más poderosa para incrementar la participación, soportar la legitimidad de origen o cuestionar la legitimidad de desempeño.
El 11 de abril de 2002, en Venezuela ocurrió un extraño golpe de Estado que mantuvo fuera de la presidencia a HC por 48 horas. En principio se dijo que había renunciado, renuncia que nunca vimos. Las fuerzas vivas que participaron en este movimiento no parecían estar coordinadas al punto tal que, frente a la perplejidad de muchos venezolanos, un autoproclamado y breve mandatario leyó una especie de proclama habilitante que le daba poderes para hacer y deshacer. Misteriosamente, los mismos militares que depusieron al presidente, lo restituyeron en el poder.
No menos novedosa fue la destitución del presidente Zelaya en Honduras. Los militares no se alzaron, las instituciones se mantuvieron tal como habían existido, se materializaron las elecciones que ya habían sido anunciadas. Lo que para algunos fue un golpe de Estado, para la institucionalidad hondureña fue una ratificación del hilo constitucional.
Inédito y espectacular fue el supuesto golpe que intentaron darle al presidente de Ecuador. En un acto impropio de un estadista, el presidente se paró en un balcón y desafió a los disidentes, descubriéndose el pecho en señal de que no tenía miedo. No solo ello, se puso al frente de las negociaciones agotando de entrada la última instancia para resolver el conflicto.
Estos eventos fueron atípicos y ninguno se compadece con la tradicional manera de acceder al poder de facto. En ninguno de los tres casos mencionados se discute la legitimidad de origen pero, ¿qué ocurre con la legitimidad de desempeño?
Si de innovación se trata, hay que referirse a la iniciativa incubada en el seno de la revolución bolivariana. En una decisión sin precedentes, una AN cuyo período concluyó en diciembre de 2010, se apropió un poder que no le corresponde al delegar en el presidente la función legislativa, potestad del nuevo período parlamentario, adicionalmente modificó su reglamento interno.
Esta nueva modalidad de gobiernos de facto plantea con urgencia la necesidad que tienen las sociedades verdaderamente democráticas, en considerar que no basta con la legitimidad de origen si la legitimidad de desempeño la cuestiona.
Colocarse al margen de la constitución es "un golpe de Estado".
Vaciar de contenido legislativo a la AN es "un golpe de Estado".
Desconocer la voluntad popular es "un golpe de Estado".
¡El 2011 se inicia con un gobierno de facto!
Las desviaciones en el ejercicio democrático, normalmente precedidas de golpes, cuentan en la historia de nuestro continente con varios ejemplos. En honor a la verdad, estas prácticas violentas han venido desapareciendo, para decirlo en lenguaje conservacionista, una especie en extinción, pero su finalidad continúa vigente bajo formas novedosas, de difícil calificación. Venezuela es importante protagonista de estas nuevas modalidades de acceder o mantenerse en el poder por vías distintas al voto popular. Trátese de una elección o de un referéndum, el voto es el arma más poderosa para incrementar la participación, soportar la legitimidad de origen o cuestionar la legitimidad de desempeño.
El 11 de abril de 2002, en Venezuela ocurrió un extraño golpe de Estado que mantuvo fuera de la presidencia a HC por 48 horas. En principio se dijo que había renunciado, renuncia que nunca vimos. Las fuerzas vivas que participaron en este movimiento no parecían estar coordinadas al punto tal que, frente a la perplejidad de muchos venezolanos, un autoproclamado y breve mandatario leyó una especie de proclama habilitante que le daba poderes para hacer y deshacer. Misteriosamente, los mismos militares que depusieron al presidente, lo restituyeron en el poder.
No menos novedosa fue la destitución del presidente Zelaya en Honduras. Los militares no se alzaron, las instituciones se mantuvieron tal como habían existido, se materializaron las elecciones que ya habían sido anunciadas. Lo que para algunos fue un golpe de Estado, para la institucionalidad hondureña fue una ratificación del hilo constitucional.
Inédito y espectacular fue el supuesto golpe que intentaron darle al presidente de Ecuador. En un acto impropio de un estadista, el presidente se paró en un balcón y desafió a los disidentes, descubriéndose el pecho en señal de que no tenía miedo. No solo ello, se puso al frente de las negociaciones agotando de entrada la última instancia para resolver el conflicto.
Estos eventos fueron atípicos y ninguno se compadece con la tradicional manera de acceder al poder de facto. En ninguno de los tres casos mencionados se discute la legitimidad de origen pero, ¿qué ocurre con la legitimidad de desempeño?
Si de innovación se trata, hay que referirse a la iniciativa incubada en el seno de la revolución bolivariana. En una decisión sin precedentes, una AN cuyo período concluyó en diciembre de 2010, se apropió un poder que no le corresponde al delegar en el presidente la función legislativa, potestad del nuevo período parlamentario, adicionalmente modificó su reglamento interno.
Esta nueva modalidad de gobiernos de facto plantea con urgencia la necesidad que tienen las sociedades verdaderamente democráticas, en considerar que no basta con la legitimidad de origen si la legitimidad de desempeño la cuestiona.
Colocarse al margen de la constitución es "un golpe de Estado".
Vaciar de contenido legislativo a la AN es "un golpe de Estado".
Desconocer la voluntad popular es "un golpe de Estado".
¡El 2011 se inicia con un gobierno de facto!
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