Jorge Castañeda: Frenar a Hugo Chávez
Las elecciones legislativas en Venezuela, el pasado septiembre, pudieron haber marcado una pausa en el deslizamiento de ese país hacia el autoritarismo. En lugar de eso, simbolizan cómo el régimen de Hugo Chávez, en el poder desde 1999, es una amenaza creciente a la democracia de este país, de más de medio siglo de antigüedad.
En estos comicios, a diferencia de 2005, los candidatos de oposición participaron – y triunfaron.
Pese a la división arbitraría de los distritos electorales llevada a cabo por Chávez, la oposición ganó 52 por ciento de los votos y le negó no sólo la mayoría de dos terceras partes necesaria para reformar la Constitución, sino también los 100 escaños que él necesitaba para imponer los decretos presidenciales.
Chávez decidió que la democracia venezolana era demasiado importante para ser dejada en manos de los votantes y rápidamente nulificó su mandato, En noviembre y diciembre empezó a enviar reformas radicales al obediente Congreso, que aprobó la mayoría de ellas sin más discusión. Veinte leyes fueron aprobadas en tres días.
La iniciativa de ley más importante dio a Chávez poderes especiales para gobernar por decreto durante 18 meses a partir del 1 de enero; esto es, después de que el nuevo Congreso tomara posesión. Para todos los fines prácticos, Chávez convirtió el nuevo organismo legislativo en una sociedad de debates, como él mismo lo admitió, más o menos, en un discurso en diciembre.
Chávez se vio frustrado en su intento de eliminar el sagrado principio latinoamericano de autonomía universitaria. Pero tuvo éxito en limitar la libertad de expresión mediante una serie de medidas destinadas a reprimir a los medios de comunicación, las firmas de propiedad extranjera y el sector privado interno.
Los nuevos límites impuestos a Internet prohíben los mensajes que “alienten la confusión entre los ciudadanos, amenacen el orden público o exhiban falta de respeto por las autoridades”.
Las organizaciones no gubernamentales ya no pueden recibir financiamiento del extranjero ni invitar a Venezuela a extranjeros que “ofendan a las instituciones nacionales”. Los representantes congresionales perderán su escaño si cambian de partido.
Nuevas “Leyes del Poder Popular” socavan a las autoridades municipales, ordenando la participación de “organizaciones comunitarias” no definidas en los gobiernos locales.
Con estas medidas, Chávez está tratando de asegurarse de que la legislación del antiguo Congreso diluya el poder del nuevo.
El caudillo de Caracas dio marcha atrás en cierta medida a mediados de enero. Accedió magnánimamente a reducir a seis meses el periodo de gobierno-por-decreto. Pero el daño está hecho, y Chávez ha mostrado su desafío.
José Manuel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, yArturo A. Valenzuela, subsecretario de Estado de Estados Unidos, condenaron la ley de poderes especiales, señalando que viola el espíritu de la Carta Interamericana, firmada por Venezuela en 2002.
Chávez y sus aliados congresionales en la Asamblea Nacional se burlaron de Insulza y aprobaron una resolución condenando sus “inaceptables” declaraciones.
La oposición estaba dividida. Algunos de sus líderes enviaron una carta a la OEA, denunciando que la ley de poderes especiales violaba la Carta Interamericana y la Constitución de Venezuela; otros resintieron la interferencia de la OEA y se hicieron eco de los reclamos chavistas.
Las descaradas medidas de Chávez para hacerse del poder colocan ante un dilema tanto a la oposición venezolana como al hemisferio.
Si los oponentes de Chávez llevan su batalla al exterior y reciben apoyo de la OEA, Washington, la Unión Europea y los gobiernos de América Latina, estarán dando argumentos a la acusación de Chávez de que son “títeres del imperialismo”.
Pero si no enlistan la ayuda de la comunidad internacional, pierden un aliado fundamental, se privan de un apoyo que necesitan desesperadamente, y aceptan las reglas y el campo de juego de Chávez.
Lo mismo ocurre con los vecinos latinoamericanos de Venezuela, sean estos amigos o adversarios. Si aceptan la premisa de Chávez – que sus acciones son asunto de Venezuela y de nadie más – socavan los principios legales del hemisferio. ¿Cómo defenderán la democracia en otros países de la región si no lo hacen en Venezuela?
Pero si los vecinos siguen el ejemplo de Insulza y Valenzuela, se exponen a las acusaciones de Chávez y a los actos maliciosos de sus aliados dentro de sus propias fronteras.
No hay una solución perfecta. Pero el enfoque adecuado es hacer de Venezuela un asunto internacional, principalmente en el nivel regional.
Permitir que Chávez enmarque el conflicto entre Venezuela y los “tipos malos” del exterior – en lugar de entre el autoritarismo y la defensa colectiva, regional, de la democracia – es errado y contraproducente.
Ceder ante su chantaje demagógico y nacionalista es aún peor. La oposición venezolana debe buscar todo el apoyo que pueda obtener, dondequiera que la encuentre.
América Latina, Estados Unidos y Canadá, al igual que la Unión Europea, deben dejarle claro a Chávez que él puede hundir hasta el suelo la economía de su país si así lo desea – pero que pagará un precio por violar los acuerdos internacionales que Venezuela ha ratificado. La presión colectiva puede ayudar a frenar al caudillo.
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