DAVID UZCÁTEGUI | EL UNIVERSAL
martes 11 de enero de 2011 03:38 PM
2010 cierra con una avalancha de leyes que ha disparado gran polémica, tanto en el país como en las naciones interesadas en nuestra suerte. El afán del actual gobierno por someter y controlar es inocultable.
Como inocultable es su urgencia por anular la nueva Asamblea Nacional que entrará en funciones el 5 de enero. Por ello, la más polémica entre tantas leyes polémicas es la Habilitante, que pretende convertir a los nuevos diputados en mirones de palo. O la Ley "Antitalanquera", que busca conseguir obediencia ciega por parte de la bancada oficialista; lo cual nos anuncia que los excesos que prepara el gobierno ni siquiera contarían con el apoyo de muchos de sus propios partidarios.
Es difícil hablar de uno solo de estos instrumentos legales, porque son un conjunto, unidos todos por la intención de restar espacio a la libertad del ciudadano y otorgar todas las facultades posibles al Ejecutivo, desfigurando y distorsionando la democracia. Y lo que es peor, utilizando a la misma democracia para ello.
Pero hoy vamos a ocuparnos de la creación -mediante decreto presidencial- de diez distritos militares.
No es para nada cuestionable que se le preste atención a los temas de seguridad y defensa. Al contrario, es deber de cualquier gobierno. Pero sobredimensionar el asunto indica desatención de otras áreas prioritarias de la vida nacional, y lo que es peor: en el marco de los turbulentos tiempos que vive Venezuela, es indicio de intenciones divorciadas de la tradición democrática.
Hasta cierto punto se puede entender la tendencia presidencial a otorgar excesiva importancia a todo lo militarista, bélico y castrense. Evidentemente, el señor mandatario proviene de esas filas, es su formación y le apasiona.
Pero es ahí donde hay que desprenderse de las inclinaciones personales para asumir con seriedad y responsabilidad el rol relevante que ha tocado en suerte. Lo primero que se olvida en este gobierno es que lo militar está subordinado a lo civil. Y que las armas de la República no pueden ser utilizadas para defender parcialidad política alguna ni contra un sector de la población con motivo de sus ideas. Es muy grave que el objetivo no sea enfrentar un enemigo externo, sino la disidencia interna, en caso de ser esa la situación.
A algunos les parecerá obvio y redundante lo que decimos, pero ante los reiterados hechos que demuestran que el gobierno piensa lo contrario, es urgente reiterar los valores democráticos para que sean firmes pilares de posiciones ciudadanas frente a cualquier acto de alteración de los mismos.
Con esta acción, el mandatario demuestra que sigue aplicando la simplista y perversa fórmula que le ofreciera el fallecido asesor argentino señalado como neonazi Norberto Ceresole, cuando le aconsejó reducir las relaciones de poder al triángulo "Caudillo-Fuerza Armada-Pueblo", para así dejar por fuera a las demás instituciones que garantizan pluralidad en democracia.
En este caso particular, los mencionados distritos militares aparentemente son poderes paralelos a las gobernaciones, lo cual es proyecto de la llamada revolución desde hace rato, buscando instancias que respondan directamente a Miraflores ante la independencia de los gobernadores elegidos por el pueblo.
Y este hecho lo demuestra el Presidente al afirmar que, con motivo de la creación de estos distritos, se "busca seguir afianzando la cooperación de la institución militar con la población". Propiciada por él, que es quien la decreta.
No es casual que se fortalezca a una institución castrense que se visualiza como patrimonio personal de un líder mientras se anula a la Asamblea Nacional y se arrincona a las universidades. La megalomanía gubernamental tiene muy claros sus objetivos.
Como inocultable es su urgencia por anular la nueva Asamblea Nacional que entrará en funciones el 5 de enero. Por ello, la más polémica entre tantas leyes polémicas es la Habilitante, que pretende convertir a los nuevos diputados en mirones de palo. O la Ley "Antitalanquera", que busca conseguir obediencia ciega por parte de la bancada oficialista; lo cual nos anuncia que los excesos que prepara el gobierno ni siquiera contarían con el apoyo de muchos de sus propios partidarios.
Es difícil hablar de uno solo de estos instrumentos legales, porque son un conjunto, unidos todos por la intención de restar espacio a la libertad del ciudadano y otorgar todas las facultades posibles al Ejecutivo, desfigurando y distorsionando la democracia. Y lo que es peor, utilizando a la misma democracia para ello.
Pero hoy vamos a ocuparnos de la creación -mediante decreto presidencial- de diez distritos militares.
No es para nada cuestionable que se le preste atención a los temas de seguridad y defensa. Al contrario, es deber de cualquier gobierno. Pero sobredimensionar el asunto indica desatención de otras áreas prioritarias de la vida nacional, y lo que es peor: en el marco de los turbulentos tiempos que vive Venezuela, es indicio de intenciones divorciadas de la tradición democrática.
Hasta cierto punto se puede entender la tendencia presidencial a otorgar excesiva importancia a todo lo militarista, bélico y castrense. Evidentemente, el señor mandatario proviene de esas filas, es su formación y le apasiona.
Pero es ahí donde hay que desprenderse de las inclinaciones personales para asumir con seriedad y responsabilidad el rol relevante que ha tocado en suerte. Lo primero que se olvida en este gobierno es que lo militar está subordinado a lo civil. Y que las armas de la República no pueden ser utilizadas para defender parcialidad política alguna ni contra un sector de la población con motivo de sus ideas. Es muy grave que el objetivo no sea enfrentar un enemigo externo, sino la disidencia interna, en caso de ser esa la situación.
A algunos les parecerá obvio y redundante lo que decimos, pero ante los reiterados hechos que demuestran que el gobierno piensa lo contrario, es urgente reiterar los valores democráticos para que sean firmes pilares de posiciones ciudadanas frente a cualquier acto de alteración de los mismos.
Con esta acción, el mandatario demuestra que sigue aplicando la simplista y perversa fórmula que le ofreciera el fallecido asesor argentino señalado como neonazi Norberto Ceresole, cuando le aconsejó reducir las relaciones de poder al triángulo "Caudillo-Fuerza Armada-Pueblo", para así dejar por fuera a las demás instituciones que garantizan pluralidad en democracia.
En este caso particular, los mencionados distritos militares aparentemente son poderes paralelos a las gobernaciones, lo cual es proyecto de la llamada revolución desde hace rato, buscando instancias que respondan directamente a Miraflores ante la independencia de los gobernadores elegidos por el pueblo.
Y este hecho lo demuestra el Presidente al afirmar que, con motivo de la creación de estos distritos, se "busca seguir afianzando la cooperación de la institución militar con la población". Propiciada por él, que es quien la decreta.
No es casual que se fortalezca a una institución castrense que se visualiza como patrimonio personal de un líder mientras se anula a la Asamblea Nacional y se arrincona a las universidades. La megalomanía gubernamental tiene muy claros sus objetivos.
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