Alianza para la Libertad de Expresión: La comunicación libre y plural está gravemente amenazada
Catorce organizaciones que integran la Alianza por la Libertad de Expresión exigen al gobierno nacional el inmediato restablecimiento del acceso a la información pública, la reducción de las cadenas presidenciales, declarar a radios y televisoras del Estado como servicios públicos y devolver a sus legítimos dueños las emisoras cerradas o confiscadas.
El categórico pronunciamiento de esta red institucional que integran los gremios periodísticos, las escuelas de comunicación social, organizaciones no gubernamentales y personalidades del mundo de las comunicaciones y la investigación fue hecho en rueda de prensa ofrecida en la Casa Nacional del Periodista, como un nuevo llamado de alerta al país por las graves amenazas que existen sobre pilares de la democracia como lo son la comunicación libre y plural, el uso de los medios sin censura y el derecho a estar informados.
Para la Alianza, “el gobierno actual ha multiplicado últimamente sus violaciones de aquellos principios, tolerando una cierta libertad de expresión en medios que considera de poca incidencia política mientras hostiga, persigue, neutraliza, expropia y acosa cada vez más a medios y comunicadores que disientan de la doctrina oficial”.
Recordaron que en ocho años van 1.777 casos que vulneran la libertad de expresión, con 8 muertos, 2 emisoras regionales y 1 nacional de TV y 34 radiales clausuradas, organismos gubernamentales dejados sin voz propia y generación de autocensura, lo cual “da fe de una estrategia que pretende acallar las voces críticas y establecer en el país una hegemonía comunicacional absolutista y personalista”.
“Para esto, el gobierno ha creado un complejo sistema multimedial indebidamente llamado ‘de servicio público’ de muy cuestionable calidad, ineficaz y obligado a ensalzar constantemente la doctrina y las medidas del régimen. A todo esto se añade el interminable abuso de posición dominante del Presidente de la República que obliga a emisores públicos y privados a retransmitir “en cadena” sus alocuciones, hecho que ya se ha producido en más de 2000 oportunidades por unas 3.750 horas, a razón de 56 minutos diarios, un caso único en el mundo. Estos tres factores desfiguran profundamente el panorama comunicacional de Venezuela y lo vuelven cada día menos democrático”, agrega la Alianza para la Libertad de Expresión.
También condenan por antidemocráticas y anticonstitucionales las decisiones adoptadas en diciembre 2010 por la Asamblea saliente, particularmente en relación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley Resorte ahora extendidas al ámbito electrónico, resultan, pues “cercenan aún más el derecho a la comunicación libre y plural que la Constitución garantiza a todos los venezolanos”.
El documento remata con cuatro solicitudes expresas al gobierno nacional: que devuelva a los miembros de su gobierno y organismos del estado la facultad de informar a la población y de facilitar a los medios el libre acceso a la información pública y deje sin efecto una serie de instrumentos que cercenan o limitan severamente componentes esenciales de la libertad de comunicar; que reconozca a todas las emisoras radio-televisivas de propiedad del Estado su carácter de Servicio Público orgánico, y auspicie la creación de una Autoridad Independiente rectora de las mismas que asegure el máximo de pluralismo y equilibrada libertad de expresión; que reduzca al mínimo estrictamente indispensable su comparecencia en medios y “en cadena” y que devuelva a sus legítimos propietarios el uso y bienes de las emisoras confiscadas o clausuradas, y que propicie el advenimiento de un panorama mediático despolarizado, plural, de mutuo respeto, libre discusión y genuinamente democrático.
Comunicado
Nota de prensaLA ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL PAÍSLa Constitución declara que la comunicación es libre y plural, concede a todos el libre uso de cualquier forma de expresión y de comunicación sin que pueda establecerse censura, y estatuye que nuestro derecho a estar informados es intangible incluso en estado de excepción.
Esos tres pilares de la democracia están hoy gravemente amenazados, y su defensa activa se vuelve obligante para quienes asumimos la comunicación desde el ámbito gremial, académico y la defensa de la democratización de las comunicaciones. El gobierno actual ha multiplicado últimamente sus violaciones de aquellos principios, tolerando una cierta libertad de expresión en medios que considera de poca incidencia política mientras hostiga, persigue, neutraliza, expropia y acosa cada vez más a medios y comunicadores que disientan de la doctrina oficial. Un mil 777 casos que vulneran la libertad de expresión en ocho años, con 8 muertos, 2 emisoras regionales y 1 nacional de TV y 34 radiales clausuradas, organismos gubernamentales dejados sin voz propia y generación de autocensura, dan fe de una estrategia que pretende acallar las voces críticas y establecer en el país una hegemonía comunicacional absolutista y personalista.
Para esto, el gobierno ha creado un complejo sistema multimedial indebidamente llamado “de servicio público” de muy cuestionable calidad, ineficaz y obligado a ensalzar constantemente la doctrina y las medidas del régimen. A todo esto se añade el interminable abuso de posición dominante del Presidente de la República que obliga a emisores públicos y privados a retransmitir “en cadena” sus alocuciones, hecho que ya se ha producido en más de 2000 oportunidades por unas 3.750 horas, a razón de 56 minutos diarios, un caso único en el mundo. Estos tres factores desfiguran profundamente el panorama comunicacional de Venezuela y lo vuelven cada día menos democrático.
Las decisiones adoptadas en diciembre 2010 por la Asamblea saliente, particularmente en relación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley Resorte ahora extendidas al ámbito electrónico, resultan inaceptables por antidemocráticas y anticonstitucionales. Ellas cercenan aún más el derecho a la comunicación libre y plural que la Constitución garantiza a todos los venezolanos. Si el gobierno considera valioso su proyecto político debe reconocer que su intento de imponerlo a la fuerza es un fracaso, debe liberar las comunicaciones nacionales de las restricciones que las ahogan y permitir el debate de las ideas en ámbito pluralista y de diálogo respetuoso.
Quienes trabajamos, investigamos o ejercemos la docencia en el sector de la comunicación, nos dirigimos a la Presidencia de la República para solicitarle:
A – que, conforme a la Constitución, devuelva a los miembros de su gabinete y a los grandes organismos del Estado la facultad de informar a la población y de facilitar a los medios el libre acceso a la información pública, dejando sin efecto el Plan de Estrategia Comunicacional del 31.01.2007, el decreto 7454 de junio 2010 que crea el Centro de Estudios Situacionales de la Nación CESNA y la Providencia de septiembre 2010 que crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica SUSCERTE, todos ellos instrumentos que cercenan o limitan severamente componentes esenciales de la libertad de comunicar;
B – que reconozca a todas las emisoras radio-televisivas de propiedad del Estado su carácter de Servicio Público orgánico, y auspicie la creación de una Autoridad Independiente rectora de las mismas que asegure el máximo de pluralismo y equilibrada libertad de expresión en sus emisiones, y las lleve a ser modelo cualitativo para el resto del país y la región;
C – que reduzca al mínimo estrictamente indispensable su comparecencia en medios y “en cadena”, por cortarle al país entero, hasta por siete u ocho horas diarias, su acceso al flujo normal de la información, y
D – que tenga el gesto de devolver a sus legítimos propietarios el uso y bienes de las emisoras confiscadas o clausuradas, y que propicie el advenimiento de un panorama mediático despolarizado, plural, de mutuo respeto, libre discusión y genuinamente democrático.
En Caracas, el 21 de enero de 2011
Los Miembros de la Alianza: Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Federación Internacional de Periodistas, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa de Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Ramírez, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
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