Luis Pedro España/ El Nacional
Eso son las misiones sociales, y hasta que el discurso democrático no logre hilvanar, más que su desenmascaramiento, una oferta alternativa, difícilmente ella podrá hacerse con el corazón de los millones de venezolanos dependientes del Estado, para los cuales la única posibilidad de acceso a sus aspiraciones pasa por las políticas de los gobiernos.
Desde el punto de vista técnico, moral y democrático las misiones son, más que una oferta engañosa, un ardid con el que se tiene secuestrada la política social de Venezuela, de la cual puede que no podremos zafarnos hasta que en la práctica se ensayen con éxito mejores fórmulas.
Técnicamente no se acogen a principios de justicia social, redistribución progresiva o consideran indicadores de eficiencia y eficacia. Están disponibles para aquellos ciudadanos que merezcan los favores del Estado según el juicio de los militantes de base del Gobierno, además de contar con todo un rosario de ineficiencias caracterizadas por una lógica de operativo, plan de emergencia o jornada especial, que resta la continuidad y constancia que requiere toda política social que pretenda tener impacto y generar haberes humanos y productivos en sus destinatarios.
Desde el punto de vista moral son un chantaje político que sólo la falta de escrúpulos de sus propugnadores, comenzando por el mismísimo jefe, es capaz de permitir y avalar sin el menor cargo de conciencia o vergüenza política. No sólo se reconoció desde el principio su utilidad política antes que social, sino que además su instrumento de implementación, las listas y censos, no hacen sino ratificar la lealtad prepago (es decir, previa a recibir el beneficio) que está detrás de cualquiera de las (ahora llamadas grandes) misiones.
Democráticamente las misiones han convertido los derechos sociales, que son, más que constitucionales, un producto de las luchas sociales de nuestro pueblo, en favores personales de un caudillo y una ideología, y han suprimido clientelarmente cualquier posibilidad de disenso o simple derecho al pataleo.
En ningún caso las misiones sociales pueden asociarse a éxitos tangibles. La muletilla de reducción de la pobreza es cortesía del boom petrolero y de un aumento del consumo de las familias, que en modo alguno trasforma las causas estructurales de nuestra pésima calidad de vida.
La cacareada campaña contra el analfabetismo (Misión Robinson) debió reconocer, en su oportunidad, que la persistente tasa de analfabetismo sólo es abatida por la muerte de quienes cargan a cuestas este rezago social concentrado en mujeres de la tercera edad y de zonas rurales.
El chantaje de las misiones para la oposición consiste en que los actuales beneficiarios de becas y transferencias, o los inscritos en alguna de las múltiples listas y que esperan esperanzados por tales favores, se verían amenazados por un discurso contrario a la estafa misionera. Al respecto tres consideraciones finales.
Primero, puede que se trate de militantes que protegerán sus privilegios independientemente de lo que diga o deje de decir la oposición. Segundo, sólo la valentía y autenticidad de un discurso político que desenmascare esta farsa podrá competir con ella y, por último, a cada problema social real que pretende atender las misiones hay que colocarle una nueva y eficaz alternativa democrática, con alta carga moral y verdadero desprendimiento político
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