Adolfo Taylhardat
Cualquier calificativo que se le pueda atribuir a
este régimen o a sus principales dirigentes es poco para lo que merecen.
Malhechor, facineroso, bandido, ladrón, calumniador, mentiroso, maleante,
vagabundo agresor, asaltante, infractor, transgresor, abusador. Todos esos
“títulos” juntos no llegan a caracterizar adecuadamente la naturaleza
delincuencial e ignominiosa de la organización mafiosa que usurpa las riendas
del gobierno.
Pero lo triste es que esos epítetos “le ruedan”
porque están cubiertos con la vaselina del cinismo. Tienen suficiente dinero
“por ahora” para mantener magnetizado, hechizado, al sector radical del régimen
y seguir adormeciendo a quienes se dejan engañar.
Pero los acontecimientos de la semana pasada deben
haber despertado a más de uno. Luego de haber arremetido con todos sus hierros
contra la oposición, contra el expresidente Uribe, contra Lorent Saleh y contra
el imperio, atribuyéndoles la autoría del asesinato de Robert Serra, han tenido
que tragarse sus mentiras. Supuestamente los asesinos son elementos del entorno
de seguridad del diputado Serra y no se descarta que, de una manera u otra,
tengan vinculaciones con alguno o algunos de los cuerpos de seguridad a los
cuales están o estuvieron vinculados.
Es característico de los principales personeros del
régimen lanzar acusaciones al voleo para tratar de desacreditar, sin resultado,
a la oposición y a sus dirigentes. Es su manera de tratar de desviar la
atención de su propia responsabilidad o de tratar de obtener ganancias en río revuelto.
Pero las aguas del río siempre vuelven a su cauce y dejan al descubierto la
verdad que hay en el fondo.
La condición de forajido del régimen ya es
ampliamente conocida internacionalmente. En la comunidad internacional nadie le
cree sus mentiras, sus falsedades, sus ficciones. Como nadie escuchó la
perorata sin sentido que pronunció ante la Asamblea General, alguno de sus
adulantes acólitos le vendió la brillante y costosísima idea de comprar sendas
páginas en dos de los periódicos más prestigiosos del mundo para publicar el
texto completo de su bufa intervención. Dinero echado al cesto de basura porque
nadie leyó esos culebrones pagados.
La condición de forajido ha llegado al máximo
extremo con la reacción ante la decisión del órgano de las Naciones Unidas que
acaba de ordenar al ilegítimo que ponga inmediatamente en libertad a Leopoldo
López y lo resarza de los agravios y daños que le ha causado.
La reacción del régimen, como era de esperarse, no
tardó en producirse, no solo en tiempo sino en contenido –Venezuela no acepta
que nada ni nadie le dé órdenes o se entrometa en sus asuntos internos–.
Venezuela es intocable. Para el régimen, de la misma manera que en lo interno
no existe justicia ni Estado de Derecho, en lo internacional no hay legalidad
que pueda obligarla.
Esa actitud, típica de toda satrapía, se suma a
tantas otras agresiones contra las instituciones internacionales encargadas de
proteger los derechos humanos, entre las cuales figura en puesto descollante el
retiro del país del Pacto de San José y sus principales órganos: la Comisión y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este caso el cinismo no podía ser más ciclópeo.
El órgano que ordenó la excarcelación inmediata de Leopoldo López, el Grupo de
Trabajo de Detenciones Arbitrarias, pertenece al Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, del cual Venezuela forma parte.
Aun así el régimen pretende ocupar un puesto
permanente en el Consejo Seguridad cuando una de las condiciones fundamentales
para pertenecer a ese órgano, y en general para ser miembro de las Naciones
Unidas, es aceptar, respetar y cumplir sus decisiones.
¿Cómo es posible que los gobiernos de América
Latina y el Caribe se hayan prestado para apadrinar la incorporación en el
Consejo de Seguridad de un régimen de esa naturaleza gobernado por un renegado,
un elemento que no solamente no se somete a la ley nacional, sino que
permanentemente transgrede y se burla la legalidad internacional?
Comparto plenamente la indignación de Charito
Rojas, y estoy seguro de la generalidad de los venezolanos, ante la injuria que
se ha cometido al realizar el velatorio de Robert Serra y de su compañera en
ese templo sagrado de la democracia que es el Salón Elíptico, donde se conserva
el original del Acta de la Independencia. El régimen está empeñado en una
campaña vandálica de destrucción del respeto y la veneración de la memoria
histórica de los venezolanos.
Finalmente, es justo preguntarse si es que la fuerza armada ya no juega
su tradicional y constitucionalmente obligatorio papel de proteger los lugares
históricos y, más aún, de imponer su autoridad sobre los grupos de maleantes
que ya no quieren ser llamados colectivos sino que pretenden presentarse como
héroes y son premiados con motocicletas, computadoras, etc., por su comportamiento
“en beneficio” de la sociedad.
Vía El Nacional
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