Editorial de El Nacional
El senado de Estados Unidos, en los últimos días de la actual
legislatura, ha entonado su canto de cisne aprobando un proyecto de ley que
procura, de acuerdo con información que trascendió a la prensa, “tomar medidas
contra oficialistas acusados de violar los derechos humanos en
Venezuela”.
Se trata de una resolución prevista y que había venido aplazándose en
razón de algunas inquietudes demócratas, especialmente de la senadora Mary
Landrieu que en de agosto -cuando iba cobrando fuerza la intención de sancionar
a quienes, valiéndose de trapisondas jurídicas, han venido violentando las
garantías individuales y colectivas de los venezolanos- manifestó su preocupación
respecto a represalias que pudiese tomar el gobierno bolivariano despidiendo,
por ejemplo, a empleados de Citgo, que tiene una refinadora en Luisiana y que
es propiedad de Pdvsa.
Fundados temores, pues es de conocimiento generalizado la propensión
chavista al castigo de justos por pecadores. Pero, como el fiel de la balanza
electoral se inclinó hacia los republicanos, el proyecto de ley se sometió a
votación y obtuvo un sólido respaldo.
Maduro, como siempre vendiendo la piel antes de cazar la fiera, puso el
grito en el cielo para advertir a Obama “que no se vuelva loco”, creyendo quizá
que una amenaza pudiese disuadirlo de dar su visto bueno y refrendar lo
aprobado por el poder Legislativo. Como si al presidente estadounidense pudiese
preocuparle el desgañite de un individuo que cree que la solidaridad es lo que
más bien debe entenderse como complicidad.
No entiende el señor Maduro que ya hay una lista de personeros de su
entorno comprometidos, no sólo con el irrespeto a las libertades y la manipulación
de la justicia, sino incursos en delitos de orden penal como el narcotráfico y
el lavado de dinero, de tal manera que ni querer queriendo, Obama podría
hacerse el “musiú”.
Tampoco parece entender el señor Maduro que en Estados Unido sí funciona
eso que los marxistas bolivarianos desprecian como desviación burguesa: la
separación de poderes, principio fundamental de una democracia que se da el
lujo de hacer dimitir al presidente Richard Nixon.
Hay de todo y para todos los gustos en la nómina de posibles
sancionados: gestores políticos, empresarios, militares, parlamentarios; en
fin, gente de distinta ralea que se ha creído invulnerable, sólo porque en su
país de origen reina la impunidad.
Allí está un general señalado por la DEA de comerciar con estupefacientes
y que en nuestro corral acudió a los complacientes tribunales nacionales para
que castigaran a un diputado opositor por haber sacado a la luz pública las
acusaciones que sobre él pesan.
Son solo
los primeros 52 de una lista que podría extenderse a 200 funcionarios. La
destemplanza del señor Maduro no toma en cuenta que, como ha dicho Elsa
Cardozo, “ya no se trata de sanciones generales, a la vieja usanza, sino
acciones inteligentes dirigidas a personas en particular”. ¡No es contra
Venezuela, Nicolás, es contra tus amigotes!
Vía El Nacional
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