La
noticia sacudió la semana pasada los cimientos del régimen. Según el The
Wall Steet Journal, la Fiscalía General de Estados Unidos investiga a
Diosdado Cabello por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.
La
respuesta oficial no se hizo esperar. “Diosdado somos todos”, fue la consigna
lanzada a los cuatro vientos por Nicolás Madro y compañía con el objetivo de
negar de un solo plumazo totalitario hasta la constitucional posibilidad de
indagar en el tema. Nada de argumentos jurídicos o razonamientos más o menos lógicos.
De nuevo la lamentable sinrazón de una defensa automática. Con una consigna que
además aspira a confundir el todo (Venezuela) con una de sus 30 millones de
partes (Diosdado), sencillamente porque cada uno de los privilegiados por la
revolución encarnan en su pasajera “superioridad” a toda la Patria, de modo que
acusar a cualquiera de ellos de haber cometido este o aquel crimen, constituye
una agresión feroz contra toda Venezuela.
Lo peor y
más significativo de este desafuero al que ya nos tiene acostumbrados el
régimen lo ha puesto de relieve la disciplinada reacción del Tribunal Supremo
de Justicia al adelantar su presidenta sentencia a priori:
Diosdado, por ser inmaculado representante de la revolución bonita, está más
allá de toda sospecha. Una postura militante que otra vez pone de manifiesto la
imposibilidad de hacer o exigir justicia en la Venezuela actual.
Ni a mí
ni a nadie nos consta que las informaciones publicadas hace semanas por el
diario español ABC y ahora por el The Wall
Street Journal sean ciertas o falsas, pero salga rana o salga sapo, se
trata de acusaciones tan graves y escandalosas, que no basta un simple gesto de
ciega solidaridad con el compañero en entredicho para descartar la duda que
arrojan sobre la conciencia nacional medios internacionales de tanto prestigio.
Diga lo que diga Miraflores o el inservible TSJ. Estas informaciones generan
una grave perturbación en el país, acentuada por el silencio ordenado desde las
alturas del poder para fingir que ni siquiera existe la presunción de haberse
cometido delito alguno y por la grosera actitud del TSJ eximiendo a Cabello de
ser política y judicialmente investigado. Y sin tener en cuenta, claro está,
que se trata de una acusación que no sólo afecta a una persona, Diosdado
Cabello, quien no puede estar por encima de la ley ni del escrutinio público,
sino también a la mismísima legitimidad del régimen, precisamente por ser
Diosado quien es.
En el
fondo, la campaña por descalificar a ambos periódicos y enjuiciar a los
diarios El Nacional y Tal Cuál y
al portal digital La Patilla aplicándoles a sus directivos medidas cautelares
de presentación semanal y prohibición de salida del país por el simple hecho de
haberse hecho eco de la explosiva denuncia del ABC, responde a la
política de violar sistemáticamente el derecho inalienable de los ciudadanos a
informar y ser informados. Silenciar a los mensajeros como doctrina de Estado
para pasar por alto la verdad y crear una realidad paralela y falsa. Como si
acusar al adversario, pongamos por caso, de propiciar una “guerra económica”
contra el régimen bastara para negar la evidencia de que el dólar llamado
paralelo haya superado, como ocurre desde el pasado jueves, la estratosférica e
insostenible frontera de los 400 bolívares “fuertes.”
Ante la indiferencia de muchos
supuestos opositores, esto es lo que cada día con menos y menos disimulo, de
veras tenemos en Venezuela. Un sistema de gobierno de simple acoso y derribo
del otro con un mensaje implacable, que yo me niego rotundamente a consentir: o
asumimos la imposición de ser como Diosdado, es decir, como ellos, o nos
resignamos a no ser nada. Absolutamente nada.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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