Andrés Volpe
La
dictadura que vive hoy en día el país es un producto imprevisto del descontento
de la sociedad venezolana con la democracia representativa. Las instituciones
creadas mediante un largo proceso de maduración de la democracia en Venezuela
fueron finalmente puestas en prácticas y de manera continua luego de la
celebración del Pacto de Puntofijo en Caracas. La garantía de celebrar
elecciones libres y respetar los resultados, así como el apoyo mutuo entre los
partidos para concretar la democracia representativa y liberal, fueron los
objetivos principales del acuerdo. Fue un acuerdo civil para una sociedad que
se sostendría sobre la civilidad de las instituciones liberales y prometía que
una generación había comprendido el carácter esencial de la democracia para el
progreso de las naciones.
Desafortunadamente,
la democracia representativa fue desvirtuando hacia un sistema de gobierno en
el cual las necesidades de la sociedad venezolana, en todos sus sectores,
fueron desatendidas. Ello creó la noción de que las instituciones
representativas respondían solo a los intereses de las élites gobernantes que
naturalmente surgen en sistemas en los cuales la competencia entre los partidos
por el poder se debilita y da paso a un duopolio político. Fue esta crisis,
argumento que ya está solidificado en el imaginario colectivo venezolano, la
que le dio la oportunidad a Hugo Chávez, un outsiderdel establishment,
para presentar su modelo, para aquel entonces, de democracia directa y
protagónica.
La
propuesta de la democracia directa y protagónica fue la proposición que hacía
falta en el escenario político venezolano, ya que se entendía como un
mejoramiento de la democracia y no un desviamiento de ella. La idea de llevar
la democracia a la gente para que ella misma fuera la que decidiera su propio
destino o, menos poéticamente, para que ella misma decidiera sobre las
políticas públicas que atenderían sus necesidades más apremiantes, era el
sistema que socavaría a las élites que se habían consolidado en el poder. Al
menos así iba la narrativa. De hecho, el movimiento hacia la democracia directa
y protagónica se alineaba con los académicos de ciencias políticas que
argumentaban, y todavía argumentan, en favor de nuevos modos de participación
ciudadana ante el supuesto fracaso de la democracia representativa. Como
reflejo de ello, son pocos los países democráticos que actualmente no cuentan
con sistemas de participación directa, ya que los ciudadanos cada vez exigen
más de sus gobiernos y esperan mayores vías de participación auspiciadas por
estos.
Fue
precisamente este fenómeno de la nueva conceptualización de las formas de
participación ciudadana lo que permitió que Chávez fuera visto como un campeón
de la democracia latinoamericana. Sobre todo, fue visto de esta manera, al
tener un instrumento legal, la Constitución de 1999, que probaba sus
intenciones de explorar y profundizar la instauración de la voluntad popular en
los procesos de decision-making gubernamentales.
Así
empezó, bajo este desiderátum, el desmantelamiento de la democracia
representativa en Venezuela por medio del liderazgo de Chávez. A causa de
múltiples razones, pero, unas entre ellas, la debilidad de las instituciones
democráticas del Estado venezolano, así como la incapacidad del pueblo de
autogobernarse, fue que el gobierno chavista pudo utilizar los mecanismos de
participación directa para instaurar una oclocracia. La voluntad popular fue
entonces sinónimo de irracionalidad política, esa misma irracionalidad que ha
conducido al país al estado deplorable en el que se encuentra. El éxito de
Chávez fue, por lo tanto, el de consolidar una muchedumbre, entendida como una
unidad de voluntad única, que reflejara en los resultados electorales, mediante
mecanismos democráticos, la voluntad del Movimiento V República y, ahora, del
Partido Socialista Unido de Venezuela.
Las
consecuencias de tal ingeniería política pueden verse claramente. El
diseño chavista está orientado, no al fortalecimiento de la democracia, sino
hacia la degradación moral de esta, ya que se ha fomentado la creencia, entre
la muchedumbre, de que los esquemas liberales de democracia representativa son
obsoletos e incapaces de atender las necesidades reales de los ciudadanos. Por
eso, el chavismo promete instituciones participativas que engañan al crear la
falsa expectativa de proveer soluciones inmediatas a problemas que requieren de
planes especializados para la solución de las verdaderas causas que los
ocasionan. La solución de los problemas reales del país no se logra solamente
mediante el aumento de la participación ciudadana, ya que pocas veces son las
localidades las que tienen las respuestas a los problemas nacionales, por
cuanto su capacidad de análisis siempre está condicionada a su propia
naturaleza local. Eso sin obviar que, incluso mediante referendos nacionales,
la mayoría nacional puede equivocarse al elegir una solución que, por múltiples
razones, pudo resultar más atractiva, pero poco eficaz al ser implementada.
Esta
narrativa chavista ha fomentado una equivocada fe en las políticas públicas
populistas que a largo plazo son insostenibles y, al perecer, empeorarán la
condición de los ciudadanos que creen beneficiarse de ellas. La verdad de este
argumento es comprobable al evaluar el impacto negativo producido por los
esquemas comunales de autogestión, ya que han producido un gasto social
abrumador para los escasos resultados arrojados, sin olvidar los fracasos
históricos del modelo en otros países del mundo. En otras palabras, la articulación
del poder popular para dar respuesta a las necesidades que deben ser resueltas
por la administración pública ha resultado en un fracaso rotundo, ya que este
supuesto empoderamiento solo ha dejado hambre y más pobreza a su paso.
La
consolidación del poder popular ha significado la destrucción de la democracia
liberal, independientemente de que sea representativa o directa, para dar paso
a una dictadura de izquierda apoyada en una muchedumbre de voluntad única. Allí
radica la perversión más cruel de la ingeniería chavista, ya que ha consolidado
una dictadura por medio de las instituciones democráticas, dándole la
oportunidad de perpetrar la destrucción de una sociedad bajo la bandera de la
reivindicación social. El Estado comunal está reemplazando al Estado liberal,
trayendo consigo nuevos esquemas de organización social y de concentración del
poder, porque si bien es cierto que se predica el empoderamiento de la voluntad
popular, el verdadero cometido es el de concentrar todo el poder político en la
nueva élite unida bajo la sombra del PSUV.
Debido a
esto, no resulta atrevido argumentar, una vez venido el fin del régimen, a
favor de una democracia reformulada, en la cual los mecanismos participativos y
directos sirvan de contrapeso a los modos representativos y viceversa. Ya que,
el desdén hacia la democracia representativa llevó al país hacia una oclocracia
que ha desvirtuado en una de las peores dictaduras de la historia, así como, de
la misma manera, el estancamiento en un modelo puramente representativo, aparte
de ser una vuelta al pasado, no haría justicia a las exigencias democráticas de
la sociedad venezolana. Eso sí, la desarticulación del Estado comunal debe ser
una prioridad en la política del país, ya que esta grotesca institucionalidad paralela
solo ha formado parte de un esquema dirigido hacia el debilitamiento de las
estructuras republicanas del Estado liberal y el derrumbe de la democracia como
tal.
@andresvolpe
Vía El Nacional
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