Adolfo Taylhardat
En
varios de mis artículos he denunciado la pasividad, la indiferencia, la apatía,
que ya es negligencia y complicidad, de los gobiernos de nuestra región frente
a la dictadura que sufrimos los venezolanos. Para esos gobiernos los
compromisos contraídos mediante instrumentos internacionales, más concretamente
en la Carta Democrática Interamericana y en el Protocolo de Ushuaia, no valen
nada. Es como si no existieran.
Afortunadamente,
al nivel de la opinión pública internacional, que es muy importante, el
panorama ha venido cambiando.
Fue
muy importante la declaración del expresidente del gobierno español,
Felipe González, cuando dijo que está profundamente preocupado por la situación
venezolana y censuró el silencio de América Latina. Además ha anunciado que
participará en la defensa en juicio de Leopoldo López y Antonio Ledezma junto
con el abogado y parlamentario canadiense Irwin Cuttler, quien fue el principal
abogado y defensor de Nelson Mandela.
Los
parlamentos de España, Chile y Colombia y del Parlamento Europeo aprobaron
declaraciones igualmente categóricas sobre la situación de los derechos humanos
en Venezuela, la hostilidad contra dirigentes destacados de la oposición y
contra los medios de comunicación social.
La
Declaración de Panamá suscrita por 31 expresidentes latinoamericanos fue un
sólido y aplastante refuerzo a los planteamientos de la oposición y la sociedad
civil venezolanas que internamente se estrellan contra un muro de ausencia de
Estado de Derecho y que necesitan la solidaridad del mundo exterior.
La
carta de 26 jefes de Estado del Club de Madrid, en la cual manifiestan su
“profunda preocupación por la difícil situación social, económica y política de
Venezuela” y piden la libertad de los presos políticos es otra banderilla más
clavada en el lomo del desprestigiado régimen venezolano y su conductor. La
carta lleva, entre otras las firmas de Fernando Henrique Cardozo (Brasil),
Felipe Calderón (México), Ruud Lubbers (Holanda), Aleksander Kwasniewski
(Polonia) y Olusegun Obasanjo (Nigeria) es un adelanto a lo que será el
pronunciamiento del Club de Madrid en octubre próximo, prácticamente en la
víspera de la elecciones parlamentarias venezolanas en la cual esperan estar
presentes con una delegación de observadores.
Las
manifestaciones individuales de varios expresidentes latinoamericanos que han
alzado sus voces ante el silencio de los gobiernos de su países constituyen
sirven también de aliento a la disidencia y contribuyen a consolidar un
movimiento internacional en favor de la democracia en Venezuela.
Como
dijo Alejandro Toledo, “los jefes de Estado que no fijan posición sobre el
deterioro de la democracia en Venezuela serán juzgados como cómplices por la
historia”.
La
gira internacional que llevan a cabo las esposas de Leopoldo López y Antonio
Ledezma indudablemente ha contribuido a sensibilizar a los líderes y los
partidos políticos de los países que han visitado. A pesar del sacrificio de
toda índole que ese esfuerzo exige, es importante que continúe para poner
en evidencia la crueldad de este régimen impío que utiliza a Venezuela como si
fuera una cosa que les pertenece.
En
el mes de junio se reunirá la Asamblea General de la OEA. Esa será una ocasión
para poner a prueba el grado del compromiso de los Estados miembros con los
postulados de la Organización entre los cuales ocupan sitial privilegiado el
respeto y la protección de los derechos humanos. Será también una oportunidad
para apelar a la Carta Democrática Interamericana, creada precisamente para
proteger a los pueblos de América frente a las alteraciones del orden
democrático y constitucional como el que existe en Venezuela.
Es
evidente que, llegado el caso, los gobiernos títeres del chavismo, que no hace
falta nombrarlos, se opondrán a la puesta en acción de la CDI. Pero tres o
cuatro países no pueden impedir que la mayoría decida activar ese instrumento
esencial de la protección de la democracia. El artículo 59 de la Carta es
claro y terminante cuando establece que para adoptar sus decisiones la Asamblea
de la OEA solo necesita el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
Vía El Nacional
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