LUIS ENRIQUE OBERTO G. | EL UNIVERSAL
miércoles 11 de enero de 2012 12:00 AM
De acuerdo con la información suministrada al cierre del 2011 por el Banco Central de Venezuela la inflación anual en nuestro país fue de 27,6%, un nivel excepcionalmente alto para cualquier pueblo del mundo, cuyo impacto negativo sobre el bienestar de la gente es significativo, y mucho más cuando una inflación de ese grado ocurre de manera persistente -como ha venido pasando por años- no obstante la cuantía de los ingresos de divisas percibidos durante ese tiempo por concepto de nuestras exportaciones petroleras.
En los últimos diez años la inflación en el país ha alcanzado ese nivel o superior en seis oportunidades -cuatro de ellas del 2008 al 2011-; en dos ocasiones ha estado en el entorno del 20%, y en dos casos alrededor del 15%, lo que hace de ella un mal cuyo flujo no puede ser detenido mediante decretos ni torniquetes legales, ni tampoco señalando y persiguiendo supuestos responsables sociales. Un mal que solo puede ser erradicado -si lograrlo constituye una prioridad real de las autoridades responsables de su contención- identificando su verdadero origen.
Racionalidad económica
Por lo contrario, ella seguirá generándose si las decisiones de las autoridades gubernamentales y de la banca central no se corresponden con la racionalidad económica, ni tienen por motivación el fomento del bienestar de toda la ciudadanía sino otros objetivos, habida cuenta que la inflación cuando alcanza tal grado y persistencia solo puede ser combatida yendo a las causas reales que la provocan, cuyo origen suele encontrarse en dichas decisiones y comportamientos.
Una inflación sostenida de esas características y magnitud (27,6%), varias veces mayor que la de cualquiera de los otros países de América Latina -incluso los que entre ellos han registrado las tasas más altas- y que las de todos los países más desarrollados, dentro de las perspectivas actuales de su evolución resulta letal para todas las familias venezolanas.
Lo seguirá siendo mientras las reservas de divisas se continúen usando reiteradamente sin tener en cuenta la protección del valor de la moneda emitida respaldada con ellas; no se atempere el endeudamiento nacional no obstante los cuantiosos ingresos de divisas percibidos; y, en detrimento de la producción, el empleo y las exportaciones nacionales, se desaliente a los productores y favorezca el abastecimiento de la comunidad vía el aumento de las importaciones. Así, la desarticulación de la economía seguirá en marcha y llegará la hora en la que la ciudadanía ya no encontrará asidero alguno para la realización de sus empeños.
En los últimos diez años la inflación en el país ha alcanzado ese nivel o superior en seis oportunidades -cuatro de ellas del 2008 al 2011-; en dos ocasiones ha estado en el entorno del 20%, y en dos casos alrededor del 15%, lo que hace de ella un mal cuyo flujo no puede ser detenido mediante decretos ni torniquetes legales, ni tampoco señalando y persiguiendo supuestos responsables sociales. Un mal que solo puede ser erradicado -si lograrlo constituye una prioridad real de las autoridades responsables de su contención- identificando su verdadero origen.
Racionalidad económica
Por lo contrario, ella seguirá generándose si las decisiones de las autoridades gubernamentales y de la banca central no se corresponden con la racionalidad económica, ni tienen por motivación el fomento del bienestar de toda la ciudadanía sino otros objetivos, habida cuenta que la inflación cuando alcanza tal grado y persistencia solo puede ser combatida yendo a las causas reales que la provocan, cuyo origen suele encontrarse en dichas decisiones y comportamientos.
Una inflación sostenida de esas características y magnitud (27,6%), varias veces mayor que la de cualquiera de los otros países de América Latina -incluso los que entre ellos han registrado las tasas más altas- y que las de todos los países más desarrollados, dentro de las perspectivas actuales de su evolución resulta letal para todas las familias venezolanas.
Lo seguirá siendo mientras las reservas de divisas se continúen usando reiteradamente sin tener en cuenta la protección del valor de la moneda emitida respaldada con ellas; no se atempere el endeudamiento nacional no obstante los cuantiosos ingresos de divisas percibidos; y, en detrimento de la producción, el empleo y las exportaciones nacionales, se desaliente a los productores y favorezca el abastecimiento de la comunidad vía el aumento de las importaciones. Así, la desarticulación de la economía seguirá en marcha y llegará la hora en la que la ciudadanía ya no encontrará asidero alguno para la realización de sus empeños.
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