La exdiputada
opositora María Corina Machado fue formalmente imputada
este martes por el Ministerio Público como conspiradora en una supuesta
trama para matar al presidente Nicolás Maduro.
La dirigente llegó al despacho de la fiscal
Katherine Harrigton a las nueve de la mañana arropada por sus más cercanos
colaboradores, que la acompañaron en un autobús fletado para la ocasión. En el
sitio la esperaban decenas de simpatizantes. La audiencia empezó pasadas las
diez y culminó a la una de la tarde de Venezuela (las 18.30, hora peninsular
española). Salió en libertad.
Machado ya había
sido llamada a declarar como testigo en esta investigación, que se inició después de una
denuncia, conocida en mayo, en un pleno del llamado Alto Mando Político de la
Revolución. En aquella ocasión, el vocero del grupo, el alcalde chavista del
municipio Libertador, Jorge Rodríguez, leyó varios correos enviados desde su
cuenta de correo electrónico que probarían la vinculación de la líder opositora
con un grupo que supuestamente estaba planificando el asesinato del jefe del
Estado venezolano. La dirigente reconoció entonces que la cuenta le pertenecía,
pero que había dejado de usarla después de que unas fotografías suyas
aparecieran sin su consentimiento en las redes sociales. Posteriormente la
compañía Google, a petición de uno de los involucrados en la trama, el abogado
Pedro Mario Burelli, aseguró que los correos mostrados eran falsos.
Su
abogado, Tomás Arias, pudo revisar el expediente e informarse del criterio de
la fiscalía para imputarla. “Todo el razonamiento tiene un fundamento
político”, explicó a este diario sin dar más detalles. Este punto de vista se
suma a lo que ya ha expresado la máxima dirigencia opositora, que asegura que los
señalamientos contra Machado son una represalia por las posiciones
asumidas por la dirigente contra el Gobierno venezolano.
María Corina Machado es, junto a Leopoldo López, la líder de la facción
de la oposición que con más intensidad opina que es imperativo el fin del
actual Gobierno venezolano para iniciar una transición a la democracia. Ambos
han dejado claro que no se trata de llamar a derrocar al presidente Nicolás
Maduro, sino de buscar entre el articulado de la Constitución venezolana alguna
fórmula que haga posible una salida sin traumas.
Los dos enfrentan juicios por distintos motivos, pero el trasfondo político
es el mismo. El Gobierno los considera responsables de lanzar la ola de
protestas que lo tuvo en jaque entre febrero y junio pasados. Ambos procesos se
han desarrollado en unas condiciones muy cuestionadas por los expertos en
Derecho Constitucional. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano garantiza
la presunción de inocencia de los acusados y es partidario de juzgarlos en
libertad. Con López no ha sido así.
López y Machado se enfrentan a un poder judicial que desde 2004 no emite
sentencias desfavorables al Ejecutivo. Este hecho, verificable en un libro de
reciente aparición, llamado El Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la
Revolución y que compila todas las sentencias emitidas por tres de las salas de
la máxima corte venezolana desde entonces, encontró un patrón: el Gobierno
anuncia medidas que encuentran poco después un soporte jurídico en los
dictámenes de los tribunales.
Así se han visto apartados del
camino varios opositores: Henrique Salas Romer, excandidato presidencial en
1998; Manuel Rosales, quien se enfrentó a Chávez en 2006 y vive ahora exiliado
en Panamá, el propio López y ahora María Corina Machado. No se ha determinado
cuánto tiempo necesita la fiscalía para culminar la investigación del supuesto
magnicidio. Para los abogados de María Corina Machado, eso la sitúa en el
limbo.
La
imputación formal de Machado estrecha el cerco alrededor del ala opositora
que en febrero llamó al cese inmediato del Gobierno de Maduro. Después de esa
convocatoria empezaron
disturbios en Caracas y las principales ciudades del país, que culminaron en el mes de
junio con un balance de 43 fallecidos y cientos de heridos y detenidos. El otro
líder de la facción, el exalcalde del municipio Chacao (este de Caracas) Leopoldo López,
está preso desde febrero en una cárcel militar acusado de cuatro
delitos relacionados con una manifestación en el centro de la capital
venezolana que dio origen a las protestas.
En todo
ese tiempo Machado ha sufrido los rigores de la decisión que tomó de acompañar
esta protesta: perdió su escaño en la Asamblea Nacional después de una decisión
tomada por el presidente de la Cámara y número dos del chavismo, Diosdado
Cabello, quien la acusó de haber aceptado la representación de Panamá en una
sesión de la Organización de Estados Americanos. El pasado junio, la justicia
le prohibió la salida del país por la investigación sobre el magnicidio. Estas
decisiones limitaron el efectivo lobby que ella realizaba ante la comunidad
internacional para denunciar al Gobierno venezolano como una dictadura que
desconocía los derechos humanos de los opositores.
Con todo,
Machado puede presumir de haber tenido suerte. En vísperas de su visita a la
fiscalía su equipo temía que corriera la misma suerte de López. Por esa razón iniciaron
una campaña en las redes sociales con la etiqueta#yoestoyconmariacorina, que se convirtió en tema del
momento en Venezuela. También publicaron en la página web del movimiento que
lidera, Vente Venezuela, un memorial con las causas judiciales que ha
enfrentado y las agresiones sufridas desde que emergió como una figura pública
contraria a la denominada revolución bolivariana. Su inminente prisión, luego
descartada por la fiscalía, encontró la solidaridad de los opositores. El
martes un grupo de intelectuales publicó un comunicado que condenaba su
situación procesal. Y el cardenal Jorge Urosa Savino dijo que acusarla de
orquestar un magnicidio era exagerado. “Se están usando pruebas absolutamente
débiles”, afirmó el prelado.
La única que parecía ser
optimista era la propia Machado. Poco antes de acudir a la vista concedió una
entrevista en el exitoso programa radiofónico del periodista César Miguel
Rondón. “No voy a entregarme, voy a enfrentar la infamia”, dijo entonces. Por
ahora se ha librado de la prisión. La fiscalía proseguirá investigando el caso
y podría tomarse meses antes de decidir si pasa de imputarla a acusarla o si
archiva la causa.
Vía El País. España
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