Editorial Tal Cual
Xabier Coscojuela
A rrancó la nueva
temporada de caza de diputados y disidentes opositores. En realidad, este
pasatiempo oficialista nunca había estado prohibido. Desde los tiempos del
"comandante supremo" se practicaba con total impunidad y con ayuda de
la Fiscalía, el TSJ y la Defensoría del Pueblo. Pero desde que el líder pasó a
la eternidad, en su desesperación, quienes se han encargado de los asuntos del
país no han hecho más que avistar golpes y conspiraciones.
A falta de mejores argumentos para convencer a los venezolanos particularmente a los que votaron por ellos los integrantes de la cúpula diosdado-madurista se aferran al manido pretexto del maginicidio, la financiación ilegal o difamación para allanarles curules a la oposición en la Asamblea Nacional. Ya sacaron a Richard Mardo.
María Mercedes Aranguren y María Corina Machado, obtuvieron la renuncia de Juan Carlos Caldera, y ahora quieren la cabeza de Ismael García.
En 1998, Venezuela tenía tres poderes cuando el difunto Hugo Chávez asumió el poder. El proceso constituyente que él mismo lideró creó dos poderes adicionales para un total de cinco. Todo para dárselas de originales, pero la verdad es que en el país sólo hay un poder: el Ejecutivo.
Los otros cuatro están postrados y prestos a cumplir las órdenes o satisfacer los caprichos que emanan desde Miraflores.
La semana pasada se produjeron tres episodios que ratifican lo que decimos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró haber encontrado méritos para enjuiciar al diputado Juan Carlos Caldera.
A falta de mejores argumentos para convencer a los venezolanos particularmente a los que votaron por ellos los integrantes de la cúpula diosdado-madurista se aferran al manido pretexto del maginicidio, la financiación ilegal o difamación para allanarles curules a la oposición en la Asamblea Nacional. Ya sacaron a Richard Mardo.
María Mercedes Aranguren y María Corina Machado, obtuvieron la renuncia de Juan Carlos Caldera, y ahora quieren la cabeza de Ismael García.
En 1998, Venezuela tenía tres poderes cuando el difunto Hugo Chávez asumió el poder. El proceso constituyente que él mismo lideró creó dos poderes adicionales para un total de cinco. Todo para dárselas de originales, pero la verdad es que en el país sólo hay un poder: el Ejecutivo.
Los otros cuatro están postrados y prestos a cumplir las órdenes o satisfacer los caprichos que emanan desde Miraflores.
La semana pasada se produjeron tres episodios que ratifican lo que decimos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró haber encontrado méritos para enjuiciar al diputado Juan Carlos Caldera.
La petición fue
hecha por el despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz, siempre solícita con el
Ejecutivo. Uno de los delitos en que habría incurrido el parlamentario de
Primero Justicia es la legitimación de capitales.
Lo curioso del asunto es que si Caldera está legitimando capitales es porque el dinero que recibió tiene un origen no es legítimo, pero extrañamente quien le entregó el dinero no está siendo investigado. Claro que el susodicho es un empresario, Wilmer Ruperti, quien hizo muy buenos negocios con la revolución.
El mismo que le regaló al difunto Hugo Chávez unas pistolas que pertenecieron al Libertador Simón Bolívar. ¿Compró esas armas con dinero legítimo? El segundo episodio tiene que ver con la diputada María Corina Machado. Ella recibió una citación de la Fiscalía, que la investiga por su supuesta participación en uno de los tantos planes de magnicidio que ha denunciado Nicolás Maduro. Es otro de los cuentos que inventa el jefe del Estado cada cierto tiempo para tratar de atraer la atención de los venezolanos, quienes realmente esperan que se dedique a mejorar la situación del país y no a perseguir a quienes se le oponen.
La acusación que le están fabricando a María Corina está basada en unos correos electrónicos que le habrían interceptado. Dichos correos son más falsos que un billete de siete bolívares. La burla que sobre esa denuncia hizo Luis Chataing le valió su salida de la televisora para la que trabajaba. Es demasiado burda la trama. Exageradamente balurda. En todo caso, nada extraño en estos tiempos.
En el caso de Ismael García, el general Hugo Carvajal lo acusa de haberlo difamado. El parlamentario recordó recientemente que le pidió a la Fiscalía que investigara al oficial desde el año 2010. Por supuesto, el despacho de Luisa Ortega no movió un dedo, pero bastó que se presentara una acusación contra García para que mostrara, nuevamente, todo lo eficiente que es cuando se trata de perseguir a la oposición. Pero no hay que insistir en ello, el plan diosdado-madurista de descabezar a la oposición constituye en el fondo una clara exhibición de su debilidad como gobierno y del PSUV. Desde aquí nos solidarizamos con los diputados afectados y seguiremos denunciando los abusos y arbitrariedades que el gobierno viene cometiendo.
Lo curioso del asunto es que si Caldera está legitimando capitales es porque el dinero que recibió tiene un origen no es legítimo, pero extrañamente quien le entregó el dinero no está siendo investigado. Claro que el susodicho es un empresario, Wilmer Ruperti, quien hizo muy buenos negocios con la revolución.
El mismo que le regaló al difunto Hugo Chávez unas pistolas que pertenecieron al Libertador Simón Bolívar. ¿Compró esas armas con dinero legítimo? El segundo episodio tiene que ver con la diputada María Corina Machado. Ella recibió una citación de la Fiscalía, que la investiga por su supuesta participación en uno de los tantos planes de magnicidio que ha denunciado Nicolás Maduro. Es otro de los cuentos que inventa el jefe del Estado cada cierto tiempo para tratar de atraer la atención de los venezolanos, quienes realmente esperan que se dedique a mejorar la situación del país y no a perseguir a quienes se le oponen.
La acusación que le están fabricando a María Corina está basada en unos correos electrónicos que le habrían interceptado. Dichos correos son más falsos que un billete de siete bolívares. La burla que sobre esa denuncia hizo Luis Chataing le valió su salida de la televisora para la que trabajaba. Es demasiado burda la trama. Exageradamente balurda. En todo caso, nada extraño en estos tiempos.
En el caso de Ismael García, el general Hugo Carvajal lo acusa de haberlo difamado. El parlamentario recordó recientemente que le pidió a la Fiscalía que investigara al oficial desde el año 2010. Por supuesto, el despacho de Luisa Ortega no movió un dedo, pero bastó que se presentara una acusación contra García para que mostrara, nuevamente, todo lo eficiente que es cuando se trata de perseguir a la oposición. Pero no hay que insistir en ello, el plan diosdado-madurista de descabezar a la oposición constituye en el fondo una clara exhibición de su debilidad como gobierno y del PSUV. Desde aquí nos solidarizamos con los diputados afectados y seguiremos denunciando los abusos y arbitrariedades que el gobierno viene cometiendo.
Vía Tal Cual
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