Esta
semana que pasó se ha celebrado el día del abogado -23 de Junio- y el día del
periodista -27 de Junio-. Se trata de dos profesiones asediadas por el poder
ante las denuncias por el atropello a los derechos ciudadanos y, en particular,
ante las violaciones a la libertad de expresión, garantía del ejercicio de
otros derechos.
Los
abogados, según la Constitución, formamos parte del sistema de justicia, hoy
acorralado, mediatizado, utilizado como instrumento para perseguir, no a los
delincuentes sino a los disidentes; y los comunicadores sociales son voceros de
la comunidad, en su papel irrenunciable de denunciar los abusos del poder,
enfrentados al aparato de la justicia que pretende cobrarles su actitud
crítica, de censura y justo reclamo, por el simple hecho de informar sobre lo
que ocurre.
La justicia
penal, triste y lamentablemente, ha sido utilizada, en estos tiempos, como uno
de los más efectivos recursos para silenciar la libertad de opinar, la crítica
a las instituciones del Estado, las denuncias de hechos graves que afectan la
vida de la comunidad o la simple transmisión de noticias que tienen que ver con
la actuación de funcionarios, cuya vida personal y participación en asuntos
públicos a todos interesa, por lo cual debe entenderse que al optar por el
desempeño de sus cargos, han aceptado limitar la esfera de protección de
su propia privacidad.
Ante
estos abusos y amenazas al derecho a la libre expresión del pensamiento y
la exigencia de la comunidad de estar informada, derechos que se constituyen en
el mejor escudo para salvaguardar otros derechos, se impone la reacción clara y
contundente de quienes estamos del lado de la legalidad y al servicio de la
justicia, apabullada, ante los embates del poder; y se impone también redoblar
los esfuerzos de los comunicadores sociales, en su notable tarea de hacer
efectiva la difusión libre y plural de las opiniones que contribuyen a formar
la conciencia ciudadana y a trasmitir con responsabilidad las informaciones que
interesan a la colectividad.
Por lo
demás, debemos tener claro que no obtendremos la respuesta adecuada de la
justicia ante los conflictos que puedan surgir con motivo del ejercicio de
estos derechos.
La
justicia deja de serlo cuando se convierte en instrumento para perseguir a
quienes luchan por el derecho o simplemente los ejercen; cuando se sirve de
grabaciones ilegales, denunciantes anónimos o delatores de oficio; cuando
oculta el rostro de testigos; o cuando los jueces son amenazados o se pretende
su utilización como aparatos de poder para someter a otros.
En este
contexto no resulta difícil el desconocimiento del derecho que nos permite
denunciar la tragedia que vive una sociedad que no puede expresarse libremente
y ante lo cual, a pesar de las amenazas y de los injustos procesos penales
incoados contra directivos de medios de comunicación, contra periodistas,
contra usuarios de redes sociales, se impone resistir con inteligencia,
levantar la voz de la denuncia con los recursos legítimos a disposición y
sensibilizar a la opinión pública sobre el peligro inminente de quedar aislados,
incomunicados y silentes para que los atropellos y la violación a los derechos
humanos no sean del dominio público.
aas@arteagasanchez.com
Vía El Nacional
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