Editorial El Nacional
Ayer, lo que pintaba como un simple lunes de la primera semana de agosto, ha terminado siendo un día especial para los venezolanos, de por sí ya acostumbrados a los sobresaltos, las sorpresas y, por qué no decirlo, a las puñaladas traicioneras de un Consejo Nacional Electoral convertido en gran paredón de fusilamiento de las esperanzas democráticas del país. Así que Dios las agarre confesadas, aunque ese acto de contrición no les va a servir para nada, tal es la inmensidad de sus maldades.
Pero como si esta tragedia no bastara para amargarnos la vida, a unos fiscales del sistema judicial de Estados Unidos no se les ocurrió otra cosa más que acusar a dos altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes vincula con “una trama de distribución de cocaína”. Así que a la tempestad del CNE y sus demoníacas señoras se le unió este peliagudo asunto que, por experiencias anteriores aún no superadas, coloca a los periodistas venezolanos ante el dilema de callar o ir presos.
Esta vez ha sido la agencia internacional Reuters, de comprobada seriedad y experiencia en el campo de las noticias, la que lanzó al escenario no una simple bomba sino, como dirían los muchachos del barrio, “par de dos” megabombas sobre la acusación ante una corte federal de Brooklyn de “dos ex altos funcionarios de la agencia antinarcóticos de Venezuela”, el general Néstor Reverol, identificado en el texto de la noticia como “ex director general de la agencia antinarcóticos, y al ex subdirector Edylberto Molina, quien es ahora agregado militar en Alemania”.
Como se desprende del texto de la información, no queda más que pensar y repensar que esta noticia es de interés general para todos los venezolanos y, en cualquier caso, se vería como un acto de censura y cobardía no asumir el riesgo judicial y penitenciario de hacerla llegar a los lectores de este humillado y hambriento país. Corresponde a la otra parte en cuestión asumir su defensa y no salir de buenas a primeras a caerles encima a los periodistas y a los editores de los diarios, que en ningún momento pueden renunciar jamás al derecho de informar verazmente a sus lectores, radioescuchas o televidentes.
Se preguntarán los lectores el por qué de tantos rodeos y explicaciones, y la razón es más que clara y resplandeciente: aquí, en este país bolivariano, quienes son aludidos por la prensa de otros países o las agencias internacionales por supuestamente andar en malas compañías o dedicarse a los narconegocios no encuentran otra salida más fácil que abrir un proceso judicial contra los medios venezolanos que, desde luego y a las pruebas nos remitimos, no estamos en igualdad de condiciones ante la ley porque el entramado judicial es perversamente moldeado por los jefes políticos y los jueces son sometidos a presiones indebidas para que decidan a favor del demandante.
Quiera Dios que esta vez los altos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana hoy señalados por la Fiscalía acudan a las instancias judiciales neoyorquinas y no pretendan cebarse contra las agencias internacionales o quienes desde Caracas se limitan a su oficio: informar.
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