Antes de
que Nicolás Maduro fuera presidente, acudió a
buscar ayuda —como trabajador sindical a principios de los 90— a la
organización no gubernamental Provea. Así se lo recordó el pasado miércoles su
actual director, Rafael Uzcátegui, al lanzar su informe anual, en el que pasa
revista a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además de presentar un panorama
poco alentador, Uzcátegui alertó que él y otros defensores, activistas e
investigadores están siendo estigmatizados por el mismo presidente.
En días
pasados, Maduro habló de “embajadores del mal” que van por el mundo
“despotricando” de Venezuela y pidió a miembros de su gobierno identificar y
mostrarle al país quiénes eran esas personas. Además del mandatario, otros
ministros o personas en altos cargos, como el vicepresidente y ministro de
Planificación, Ricardo Menéndez, o el director de la entidad reguladora de
telecomunicaciones, CONATEL, William Castillo, han hecho declaraciones
similares en público o a través de sus cuentas de Twitter. Adicionalmente, el presidente
de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha revelado información sobre
algunas de las actividades y movimientos precisos de algunos defensores, a
través de su programa de televisión, Con el mazo dando.
Casi 3.500 detenidos el año pasado
El año pasado, 3.459 personas
fueron detenidas, en el marco de las protestas y huelgas de trabajadores. Es la
cifra más alta en los últimos 25 años según el informe de Provea. Entre quienes
se encuentran aún detenidos, esperando el desarrollo de sus juicios, están el
líder opositor Leopoldo López y el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
El pasado
13 de mayo, Cabello expuso en su programa que Uzcátegui y Carlos Correa,
director de la ong Espacio Público —que aboga por la libertad de expresión—
viajarían a otro país a sostener un encuentro privado con otro defensor de
derechos humanos, Marino Alvarado, quien se encontraba en el exterior. La
reunión era de carácter muy reservado, y según Correa, la única forma en que
pudieron haberse enterado de que iban a viajar a la cita, habría sido mediante
la interceptación de sus cuentas de correo electrónico. Ambos denunciaron el
hecho ante la Fiscalía.
Feliciano Reyna, representante de
la organización Codevida, dice que él y otros miembros de ongs se han sentido
vigilados al volver al país, tras rendir informes ante organismos
multilaterales. El pasado mes de marzo, Reyna se dio cuenta que algunos
hombres, vestidos de civil, le tomaban fotos en el aeropuerto de Maiquetía,
mientras sellaba su pasaporte en inmigración y esperaba por su maleta.
Vía El País. España
Que pasa Margarita
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