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Gustavo Coronel
Este artículo de la periodista Thábata Molina es extraordinario.
Presenta una versión sobre el lamentable asesinato del diputado
oficialista Robert Serra que contrasta notablemente con la versión
oficial, manejada por Nicolás Maduro. Si Molina tiene razón - y no tengo
ninguna razón para dudar de ella - este crimen fue un sórdido drama
pasional, sin ningun matiz político, como lo ha intentado hacer ver el
régimen. Molina dice que ellos, los del régimen, lo saben, lo cual hace
la versión Maduro todavía más despreciable.
Robert Serra ha sido
pintado como mártir político, se le quiere colocar en el panteón donde
ya tienen la momia del líder intergaláctico. De ser cierta la versión de
Thábata Molina esta telenovela de Maduro en torno al crimen de Serra es
un fraude. El crimen fue lamentable, como todos los crimenes pero fue
sórdido, desprovisto de ramificaciones de alta política, como lo quiere
hacer ver el pobre diablo sentado en Miraflores.
Este es el artículo:
El caso Robert Serra: venganza utilizada como show políticoThábata Molina
16 de junio, 2015
El
chavismo ha pretendido usar el homicidio del parlamentario para
manipular sentimentalmente a sus seguidores y esconder la verdad de los
hechos
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, fue mandado a asesinar por uno de sus escoltas. (Notiminuto.com)
El
asesinato de Robert Serra fue una venganza. Reprochable, como
cualquiera de los 25 mil homicidios que ocurrieron en Venezuela el año
pasado. No hubo tal conspiración política, ni grupo paramilitar con
ansias de desestabilizar o causar conmoción en la población venezolana.
Esa verdad la saben muchos desde las primeras horas después que ocurrió
el hecho, aquel 1 de octubre de 2014.
Era
obvio que para matar al diputado del Partido Socialista Unido de
Venezuela, dentro de su casa, alguien del entrono estaba implicado.
El
joven parlamentario del chavismo jamás andaba solo. Ni siquiera para
salir a almorzar, en los alrededores de la Asamblea Nacional, se
desprendía de su equipo de escoltas.
El
“incidente” con Eduwin José Torres Camacho, de apenas 21 años, no fue
el primero que Serra tuvo con alguien de su equipo de seguridad. Este
escolta se quiso vengar del parlamentario y se apoyó en un grupo
delictivo para concretar su plan. No fue al revés. No hubo ningún grupo
paramilitar, ni tampoco un crimen selectivo. El móvil fue la supuesta
relación íntima que había entre ambos, y que el joven policía también
quería terminar. Lo sabe la policía, la Fiscalía y también lo supo el
chavismo.
Pero
antes, en 2012 otro de sus guardaespaldas, identificado como Alexis
Barreto, funcionario del Cicpc, apareció muerto en el parque nacional El
Ávila. En una entrevista que hice a Irene Venezuela, madre del
guardaespaldas, ella reconoció que su hijo y el parlamentario tenían una
relación, y que Barreto no quería trabajar más con él.
La
trama de este asesinato se esclareció desde el mismo momento en que el
Ministerio Público analizó los teléfonos de Robert Serra y de Eduwin
Torres. Ahí fue evidente que entre esos dos había un conflicto y se
estableció que no tenía nada que ver con un crimen político.
Nadie
tiene derecho a perder la vida y menos por su condición sexual. Ese no
es el punto, ni justificación para que haya ocurrido el asesinato de
Robert Serra. Pero ya basta de que a los venezolanos se les engañe con
una historia sin sentido.
Pero
el Gobierno de Nicolás Maduro necesitaba llevar el tema más allá.
Sacarle el máximo provecho y convertirlo en un show que apelara al
sentimentalismo, como lo hacen con todos sus muertos “importantes”.
La
mentira se les cayó con la extradición, desde Colombia, de Leiver
Padilla Mendoza, el pasado 31 de mayo. “El Colombia” es un delincuente
común, de los tantos que han vivido en las estructuras de Misión
Vivienda.
Fue
precisamente Padilla quien escuchó en una oportunidad a Eduwin Torres
discutiendo con Serra por teléfono, y allí el escolta le solicitó ayuda
para concreta el plan de matar al parlamentario chavista.
El
pago serían las armas y los dólares que el diputado tenía en su
vivienda, que por cierto, las autoridades nunca explicaron por qué. Solo
alguien de mucha confianza podía saber que Serra tenía esas cosas en su
casa.
Para desmontar el show del Gobierno de Nicolás Maduro sobre el caso Serra, hay que hacer énfasis en algunos puntos importantes.
Lo
más grave es la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
El hecho de que el presidente salga a dar detalles de lo que investiga
el Ministerio Público, y adelante opiniones o señale a personas, con el
alegato de que la víctima era un diputado, es un acto irresponsable, que
se ha repetido en varios casos vinculados con la política venezolana.
El Gobierno de Nicolás Maduro juega con sus propios seguidores y pretende esconder la verdad al país.
El
abogado penalista venezolano, Alberto Arteaga, explicó al PanAm Post
que el fin del proceso penal es el establecimiento de la verdad. Pues
bien, incorporar a Julio Vélez dentro de la trama del asesinato de
Robert Serra dista mucho de perseguir la verdad.
Tan
es así, que a Vélez terminaron imputándole delitos que nada tienen que
ver con el homicidio del diputado, y nadie del Gobierno se preguntó por
qué.
Vélez
fue aprehendido en tiempo récord, en el centro-occidente de Venezuela.
Llevado a Caracas e imputado por la presunta comisión de los delitos de
uso de documento público falso, forjamiento de documento público,
detentación y ocultamiento de arma de guerra y municiones. Un día antes,
Maduro se dirigió al país y con foto en mano lo señaló de ser quién
supuestamente pagó para que mataran a Serra. ¿Dónde está la imputación
por homicidio en grado de determinador, Nicolás?
La
mentira no la pudieron sostener y dejaron enfriar el tema. Típico del
Gobierno Venezolano, porque total, en un par de días surgiría otro
escándalo que opacaría el mito creado con el asesinato de Serra. Lo
reflotarán para la campaña de las elecciones parlamentarias, porque una
de las candidatas del chavismo, obviamente, es la madre del “mártir
rojo”.
A
“El Colombia” sí le imputaron homicidio calificado, robo agravado y
asociación para delinquir. Los mismos delitos que le imputaron en
octubre de 2014 a Eduwin Torres. A Padilla Mendoza lo mostraron desde el
mismo momento en que descendió del avión que lo llevó a Venezuela,
custodiado y sin esposas.
En
cambio a Eduwin Torres a duras penas lo mostraron en un video, editado,
con el rostro y la voz distorsionados, en el que supuestamente cuenta
cómo fueron los hechos. Esa historia no era creíble.
“En
este, como en tantos otros casos, se abusa del artículo 37 de la Ley
Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo,
cuando se aplica la asociación para delinquir, solo porque tiene una
pena de hasta 10 años de prisión. Pero ese artículo es claro y aplicable
solo a personas que formen parte de un grupo de ‘delincuencia
organizada’, no a cualquier banda de malandros de las que hay en
Venezuela”, explicó Arteaga al PanAm Post.
El
Gobierno dijo que “El Colombia” era paramilitar y que contrató a Torres
para que lo ayudara a llegar a Serra. ¿Cómo explican entonces que los
apartamentos de Misión Vivienda son asignados a miembros de grupos
paramilitares? Porque Padilla vivía en los edificios de La Paz,
conocidos con el nombre de una famosa cárcel de Venezuela (Rodeo I y
Rodeo II) desde un año antes del crimen.
El
escolta de Serra pasó de ser un simple aspirante a policía, que vivía
en Antímano (otro populoso sector del oeste venezolano), a habitante de
Misión Vivienda solo por cuidar al diputado chavista. Con el cargo
llegaron esa y otras comodidades, pero justo después de su detención,
los familiares denunciaron que los querían sacar de la vivienda.
El Gobierno de Nicolás Maduro juega con sus propios seguidores y pretende esconder la verdad al país.
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