EUGENIO G. MARTÍNEZ | EL UNIVERSAL
jueves 13 de octubre de 2011 03:42 PM
Venezuela es un país anárquico, sin autoridades que hagan cumplir las leyes. El reglamento parcial de la Ley de Transporte Terrestre -publicado en la Gaceta Oficial 39.771 del martes 4 de octubre- en el cual se prohíbe la circulación de motocicletas entre canales es el último ejemplo de como se evaden las normas en el país.
La desobediencia pública y notoria que los motorizados, incluso los que tienen placa oficial, hacen de las más elementales normas de convivencia ciudadana no es un caso aislado. En nuestro país faltan autoridades capaces de hacer cumplir la ley en todos los ámbitos.
Cómo suele ser usual en la etapa preelectoral el presidente de la República comenzó a valerse de los recursos del Estado para promocionar su opción electoral y desacreditar a sus adversarios. Esto ya es costumbre. Chávez lleva más de una década siendo candidato-Presidente sin que las autoridades respectivas logren separar ambas funciones (y las fuentes de financiamiento de esas actividades).
Lo peor es que el comportamiento del Presidente se reproduce en los siguientes niveles de gobierno, en funcionarios electos y en funcionarios designados. Así vemos como, a 12 meses de la elección presidencial, los recursos del Estado, gobernaciones y alcaldías se utilizan sin ningún tipo de control en actividades proselitistas.
Ejemplos sobran sobre la falta de control riguroso del dinero utilizado para hacer política en el país, al punto que hasta demandas de periodistas se encuentran en el Tribunal Supremo de Justicia -presentada por el reportero Carlos Subero- para intentar que el CNE divulgue cuánto dicen gastar nuestros políticos y partidos.
En vista de nuestra incapacidad para controlar el uso de los recursos públicos en actividades proselitistas es que se necesita en el país la presencia de observadores internacionales que, al menos, dejen constancia de esta irregular forma de manipulación electoral; siempre partiendo de la premisa que los candidatos con acceso ilimitado a fuentes de financiamiento tienen mayores oportunidades de influir en los electores.
La última vez que el CNE -y por ende el gobierno de Venezuela- permitió la presencia de observadores internacionales -se debe diferenciar entre observadores y acompañantes internacionales- el incumplimiento de los estándares internacionales en el control de los recursos públicos fue la nota discordante en la evaluación del proceso electoral venezolano.
En el informe elaborado por la Misión de Observación de la Unión Europea -correspondiente a 2006- se puede leer: "La suspensión de la publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estatal o local, y una más clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos electos durante el período de la campaña electoral, acabaría con los riesgos de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de ciertas candidaturas (...). Por otra parte, el CNE y el Ministerio Público deberían hacer uso de los mecanismos sancionatorios de los que disponen para combatir las infracciones, que también pueden ser denunciadas por cualquier ciudadano o los representantes legales de los partidos políticos".
Incluso, los integrantes de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, recomendaron a las autoridades electorales que se investigue y sancione, "de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, ya sea voluntaria o inducida (...). El ejercicio de los poderes sancionatorios con los que está facultado por ley el CNE actuaría en beneficio de la credibilidad y legitimidad del Poder Electoral y del propio proceso electoral".
A partir de este informe se han presentado a consideración de las distintas directivas del CNE siete solicitudes formales para iniciar procesos administrativos en contra del presidente de la República por violar la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (antes de ser derogada), el artículo 6 de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 145 de la Constitución Nacional.
En siete oportunidades la mayoría de los rectores electorales han argumentado que no existen normas que reglamenten una supuesta campaña adelantada, situación que impide "establecer sanciones para una normativa que no se ha redactado".
Incluso, para curarse en salud, desde el 17 de septiembre del año 2008, la mayoría de los rectores del CNE acordaron incluir al programa ¡Aló, Presidente! en la categoría de programas de opinión que no pueden ser regulados por el organismo comicial (aunque para su producción se utilicen los recursos del Estado según lo estipula el presupuesto anual del Ministerio de Comunicación e Información).
Sin embargo, en cierto análisis, podría convenirle al CNE no involucrarse en este debate, Incluso le podría convenir al CNE no pronunciarse sobre el uso de recursos públicos en la campaña. Buena parte de la paz del país dependerá de la credibilidad que tenga el organismo comicial el próximo año. Por esta razón, los rectores del Poder Electoral necesitan demostrar que integran un organismo fuerte que tiene la suficiente autoridad para controlar a los actores políticos.
La última "sanción" al presidente por usar los recursos públicos para campaña electoral data del 23 de julio de 1999. Aunque las causas de la sanción se mantienen ninguna directiva del CNE se ha atrevido a sancionar directamente a Chávez.
Investigar al presidente por el uso de recursos públicos es sencillo, los ejemplos sobran. El problema es la reacción del jefe del Estado. Si recordamos el caso de 1999, el presidente convertirá en un show el pago de la multa impuesta y continuará desconociendo la ley, dejando en evidencia el escaso poder que tiene el CNE para hacer cumplir algunas leyes. Es decir, se comportará igual que los motorizados que se burlan de las autoridades que intentan que no circulen entre carriles.
En este momento, lo peor que lo podría suceder a nuestro sistema electoral es que el presidente Chávez deslegitime abiertamente a la autoridad de los rectores que están llamados a garantizar la institucionalidad del país en los próximos meses.
El CNE -y el Ministerio Público- tienen autoridad para sancionar a Chávez, el problema está en si tienen poder político para lograr que el presidente se encarrile después de la sanción y cumpla las normas y leyes.
La desobediencia pública y notoria que los motorizados, incluso los que tienen placa oficial, hacen de las más elementales normas de convivencia ciudadana no es un caso aislado. En nuestro país faltan autoridades capaces de hacer cumplir la ley en todos los ámbitos.
Cómo suele ser usual en la etapa preelectoral el presidente de la República comenzó a valerse de los recursos del Estado para promocionar su opción electoral y desacreditar a sus adversarios. Esto ya es costumbre. Chávez lleva más de una década siendo candidato-Presidente sin que las autoridades respectivas logren separar ambas funciones (y las fuentes de financiamiento de esas actividades).
Lo peor es que el comportamiento del Presidente se reproduce en los siguientes niveles de gobierno, en funcionarios electos y en funcionarios designados. Así vemos como, a 12 meses de la elección presidencial, los recursos del Estado, gobernaciones y alcaldías se utilizan sin ningún tipo de control en actividades proselitistas.
Ejemplos sobran sobre la falta de control riguroso del dinero utilizado para hacer política en el país, al punto que hasta demandas de periodistas se encuentran en el Tribunal Supremo de Justicia -presentada por el reportero Carlos Subero- para intentar que el CNE divulgue cuánto dicen gastar nuestros políticos y partidos.
En vista de nuestra incapacidad para controlar el uso de los recursos públicos en actividades proselitistas es que se necesita en el país la presencia de observadores internacionales que, al menos, dejen constancia de esta irregular forma de manipulación electoral; siempre partiendo de la premisa que los candidatos con acceso ilimitado a fuentes de financiamiento tienen mayores oportunidades de influir en los electores.
La última vez que el CNE -y por ende el gobierno de Venezuela- permitió la presencia de observadores internacionales -se debe diferenciar entre observadores y acompañantes internacionales- el incumplimiento de los estándares internacionales en el control de los recursos públicos fue la nota discordante en la evaluación del proceso electoral venezolano.
En el informe elaborado por la Misión de Observación de la Unión Europea -correspondiente a 2006- se puede leer: "La suspensión de la publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estatal o local, y una más clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos electos durante el período de la campaña electoral, acabaría con los riesgos de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de ciertas candidaturas (...). Por otra parte, el CNE y el Ministerio Público deberían hacer uso de los mecanismos sancionatorios de los que disponen para combatir las infracciones, que también pueden ser denunciadas por cualquier ciudadano o los representantes legales de los partidos políticos".
Incluso, los integrantes de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea, recomendaron a las autoridades electorales que se investigue y sancione, "de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, ya sea voluntaria o inducida (...). El ejercicio de los poderes sancionatorios con los que está facultado por ley el CNE actuaría en beneficio de la credibilidad y legitimidad del Poder Electoral y del propio proceso electoral".
A partir de este informe se han presentado a consideración de las distintas directivas del CNE siete solicitudes formales para iniciar procesos administrativos en contra del presidente de la República por violar la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (antes de ser derogada), el artículo 6 de la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 145 de la Constitución Nacional.
En siete oportunidades la mayoría de los rectores electorales han argumentado que no existen normas que reglamenten una supuesta campaña adelantada, situación que impide "establecer sanciones para una normativa que no se ha redactado".
Incluso, para curarse en salud, desde el 17 de septiembre del año 2008, la mayoría de los rectores del CNE acordaron incluir al programa ¡Aló, Presidente! en la categoría de programas de opinión que no pueden ser regulados por el organismo comicial (aunque para su producción se utilicen los recursos del Estado según lo estipula el presupuesto anual del Ministerio de Comunicación e Información).
Sin embargo, en cierto análisis, podría convenirle al CNE no involucrarse en este debate, Incluso le podría convenir al CNE no pronunciarse sobre el uso de recursos públicos en la campaña. Buena parte de la paz del país dependerá de la credibilidad que tenga el organismo comicial el próximo año. Por esta razón, los rectores del Poder Electoral necesitan demostrar que integran un organismo fuerte que tiene la suficiente autoridad para controlar a los actores políticos.
La última "sanción" al presidente por usar los recursos públicos para campaña electoral data del 23 de julio de 1999. Aunque las causas de la sanción se mantienen ninguna directiva del CNE se ha atrevido a sancionar directamente a Chávez.
Investigar al presidente por el uso de recursos públicos es sencillo, los ejemplos sobran. El problema es la reacción del jefe del Estado. Si recordamos el caso de 1999, el presidente convertirá en un show el pago de la multa impuesta y continuará desconociendo la ley, dejando en evidencia el escaso poder que tiene el CNE para hacer cumplir algunas leyes. Es decir, se comportará igual que los motorizados que se burlan de las autoridades que intentan que no circulen entre carriles.
En este momento, lo peor que lo podría suceder a nuestro sistema electoral es que el presidente Chávez deslegitime abiertamente a la autoridad de los rectores que están llamados a garantizar la institucionalidad del país en los próximos meses.
El CNE -y el Ministerio Público- tienen autoridad para sancionar a Chávez, el problema está en si tienen poder político para lograr que el presidente se encarrile después de la sanción y cumpla las normas y leyes.
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