RUNRUNES
NELSON BOCARANDA SARDI | EL UNIVERSAL
jueves 13 de octubre de 2011 12:00 AM
ALTO
LA MENTIRA ROJA. El 5 de abril en el diario La Tercera de Chile apareció en primera página el título "Encuesta INE de seguridad revela caída de 15,9 % en nivel de victimización en 2010" lo que sería un sondeo de Seguridad Ciudadana en ese país. La información añadía que la región de Tarapacá es la que mayor índice de victimización presenta. En tanto que la región Metropolitana bajó en 5,4%. Sin rubor el régimen venezolano tuvo la osadía de copiar esas cifras y presentarlas en el informe que presentó en Ginebra para el examen del país -sus derechos, libertades y justicia incluidos- ante la ONU. En el documento lo incluyeron en el aparte 2 del Derecho a la Seguridad Ciudadana: "37.Según la VII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana , para 2010 los hogares que fueron víctimas de algún delito se redujeron en 15,9%. Mientras que la proporción de personas que percibe un aumento de la delincuencia disminuyó 18,5%". Más abajo señalaron que la encuesta fue "realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y el INE". Agarrados en la mentira debieron corregirlo...
MEDIO
TERRIBLES CIFRAS ROJAS. Dentro del Informe recopilado por 44 organizaciones venezolanas se presentaron algunos datos respaldados con amplia documentación: "En Venezuela se registraron "19.133 asesinatos en 2009" (Instituto Nacional de Estadísticas, INE), lo que ubica la tasa de homicidios en "75 por cada 100.000 habitantes". 43,75% de quienes no denunciaron los hechos afirma que no lo hicieron porque saben o creen que la policía participó en los delitos cometidos. El Ministerio Público (MP) informó que entre 2000 y 2007 recibió 6.405 denuncias de casos de "ajusticiamientos o enfrentamientos", que involucraron a 7.243 víctimas. En 8 años, el MP solo ha presentado 436 acusaciones, en las que se encuentran involucrados 1.237 funcionarios policiales. Las cifras revelan que unas 900 personas son ajusticiadas al año. La mayoría de estos asesinatos son atribuidos a policías regionales y municipales, en los cuales 3.675 funcionarios han sido señalados de realizar ejecuciones y tratar de encubrirlas como enfrentamientos"/"En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación generalizada de impunidad debido a que las prácticas de las diligencias técnicas científicas y de investigación criminal pueden ser realizadas por colegas o compañeros del funcionario que haya cometido un delito contra los derechos humanos. Esto puede implicar la manipulación, contaminación y adulteración de los elementos de convicción localizados en el sitio del suceso./ La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales y afectan especialmente a las mujeres como principales denunciantes, quienes en su mayoría sufren un grave proceso de re victimización: 70% es objeto de amenazas y actos de hostigamientos para inhibir sus acciones de búsqueda de justicia. De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos en 2009, sólo 315 (3.28%) decisiones fueron producto de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales. / En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. La regla adoptada es que los jueces provisorios sean de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial. Tampoco se han creado los Tribunales Disciplinarios para garantizar la estabilidad judicial./En 2010 se eligieron anticipadamente 9 magistrados titulares para el Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes Ese mismo año se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo los lapsos para la postulación, lo cual permitió que la Asamblea Nacional -con mayoría oficialista- procediera a realizar nombramientos de magistrados antes de cesar sus funciones por la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Las consecuencias han sido altos índices de impunidad, tanto en delitos comunes (superior a 90%) como en violaciones de derechos humanos (98%), y la instrumentalización de la justicia contra personas críticas o de oposición al Gobierno Nacional. / Existe un déficit de 2.800.000 viviendas en Venezuela (Ministerio de Vivienda y Habitat, 2007). En 11 años, el gobierno ha construido 324.588 viviendas (promedio anual: 29.508)
BAJO
LOS RECHAZOS ROJOS. Brasil sugirió se permitiera la visita de observadores de la ONU; Eslovenia pidió que se cumplieran las obligaciones internacionales en cuanto al sistema judicial, el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos; la República Checa exigió la revisión de la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones para que se cumpla con el artículo 201 de la Constitución; Eslovaquia insistió en el tema de la libertad de expresión; Canadá puso el dedo en la llaga al plantear que se corrija la legislación actual sobre los medios para que se elimine la criminalización del desacato, difamación y calumnia al tiempo que Noruega recomendó corregir además, respecto al mismo tema, el Código de Justicia Militar; Suiza alertó sobre la enorme tasa de homicidios y la cantidad de armas en manos de la población; Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, Eslovaquia y Canadá repitieron el llamado a respetar la independencia del poder judicial, eliminar los puntos con los que la ley del TSJ le mina su independencia del presidente de la República, así como la interferencia del poder Ejecutivo y combatir la cultura de la impunidad; Israel sugirió se elimine la práctica de usar el poder judicial para silenciar a los críticos del régimen y en especial a los testigos y familiares de víctimas de violación de sus derechos humanos; Bélgica fue vocera del pedido para mejorar el sistema de prisiones; el tema de acoso a los medios libres con medidas y disposiciones "legales" fue similar en más de 15 delegaciones entre las que se incluyó Indonesia; el antisemitismo, el acceso a fondos internacionales para las ONG que defienden DDHH, acceso libre y oportuno a la información, permitir la diversidad y pluralidad de medios informativos y la seguridad de los periodistas no complacientes para el régimen, así como las exigencias para que se libere a la jueza Afiuni molestaron al medio centenar de miembros de la delegación venezolana que viajaron en clase primera o ejecutiva, gozaron hoteles 5 estrellas, se dieron la gran vida en los restoranes más exquisitos, compraron desde iPads a caviar y no pasaron por Cadivi para los miles de dólares y euros en viáticos que derrocharon...
LA MENTIRA ROJA. El 5 de abril en el diario La Tercera de Chile apareció en primera página el título "Encuesta INE de seguridad revela caída de 15,9 % en nivel de victimización en 2010" lo que sería un sondeo de Seguridad Ciudadana en ese país. La información añadía que la región de Tarapacá es la que mayor índice de victimización presenta. En tanto que la región Metropolitana bajó en 5,4%. Sin rubor el régimen venezolano tuvo la osadía de copiar esas cifras y presentarlas en el informe que presentó en Ginebra para el examen del país -sus derechos, libertades y justicia incluidos- ante la ONU. En el documento lo incluyeron en el aparte 2 del Derecho a la Seguridad Ciudadana: "37.Según la VII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana , para 2010 los hogares que fueron víctimas de algún delito se redujeron en 15,9%. Mientras que la proporción de personas que percibe un aumento de la delincuencia disminuyó 18,5%". Más abajo señalaron que la encuesta fue "realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y el INE". Agarrados en la mentira debieron corregirlo...
MEDIO
TERRIBLES CIFRAS ROJAS. Dentro del Informe recopilado por 44 organizaciones venezolanas se presentaron algunos datos respaldados con amplia documentación: "En Venezuela se registraron "19.133 asesinatos en 2009" (Instituto Nacional de Estadísticas, INE), lo que ubica la tasa de homicidios en "75 por cada 100.000 habitantes". 43,75% de quienes no denunciaron los hechos afirma que no lo hicieron porque saben o creen que la policía participó en los delitos cometidos. El Ministerio Público (MP) informó que entre 2000 y 2007 recibió 6.405 denuncias de casos de "ajusticiamientos o enfrentamientos", que involucraron a 7.243 víctimas. En 8 años, el MP solo ha presentado 436 acusaciones, en las que se encuentran involucrados 1.237 funcionarios policiales. Las cifras revelan que unas 900 personas son ajusticiadas al año. La mayoría de estos asesinatos son atribuidos a policías regionales y municipales, en los cuales 3.675 funcionarios han sido señalados de realizar ejecuciones y tratar de encubrirlas como enfrentamientos"/"En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación generalizada de impunidad debido a que las prácticas de las diligencias técnicas científicas y de investigación criminal pueden ser realizadas por colegas o compañeros del funcionario que haya cometido un delito contra los derechos humanos. Esto puede implicar la manipulación, contaminación y adulteración de los elementos de convicción localizados en el sitio del suceso./ La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales y afectan especialmente a las mujeres como principales denunciantes, quienes en su mayoría sufren un grave proceso de re victimización: 70% es objeto de amenazas y actos de hostigamientos para inhibir sus acciones de búsqueda de justicia. De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos en 2009, sólo 315 (3.28%) decisiones fueron producto de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales. / En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. La regla adoptada es que los jueces provisorios sean de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial. Tampoco se han creado los Tribunales Disciplinarios para garantizar la estabilidad judicial./En 2010 se eligieron anticipadamente 9 magistrados titulares para el Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes Ese mismo año se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo los lapsos para la postulación, lo cual permitió que la Asamblea Nacional -con mayoría oficialista- procediera a realizar nombramientos de magistrados antes de cesar sus funciones por la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Las consecuencias han sido altos índices de impunidad, tanto en delitos comunes (superior a 90%) como en violaciones de derechos humanos (98%), y la instrumentalización de la justicia contra personas críticas o de oposición al Gobierno Nacional. / Existe un déficit de 2.800.000 viviendas en Venezuela (Ministerio de Vivienda y Habitat, 2007). En 11 años, el gobierno ha construido 324.588 viviendas (promedio anual: 29.508)
BAJO
LOS RECHAZOS ROJOS. Brasil sugirió se permitiera la visita de observadores de la ONU; Eslovenia pidió que se cumplieran las obligaciones internacionales en cuanto al sistema judicial, el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos; la República Checa exigió la revisión de la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones para que se cumpla con el artículo 201 de la Constitución; Eslovaquia insistió en el tema de la libertad de expresión; Canadá puso el dedo en la llaga al plantear que se corrija la legislación actual sobre los medios para que se elimine la criminalización del desacato, difamación y calumnia al tiempo que Noruega recomendó corregir además, respecto al mismo tema, el Código de Justicia Militar; Suiza alertó sobre la enorme tasa de homicidios y la cantidad de armas en manos de la población; Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, Eslovaquia y Canadá repitieron el llamado a respetar la independencia del poder judicial, eliminar los puntos con los que la ley del TSJ le mina su independencia del presidente de la República, así como la interferencia del poder Ejecutivo y combatir la cultura de la impunidad; Israel sugirió se elimine la práctica de usar el poder judicial para silenciar a los críticos del régimen y en especial a los testigos y familiares de víctimas de violación de sus derechos humanos; Bélgica fue vocera del pedido para mejorar el sistema de prisiones; el tema de acoso a los medios libres con medidas y disposiciones "legales" fue similar en más de 15 delegaciones entre las que se incluyó Indonesia; el antisemitismo, el acceso a fondos internacionales para las ONG que defienden DDHH, acceso libre y oportuno a la información, permitir la diversidad y pluralidad de medios informativos y la seguridad de los periodistas no complacientes para el régimen, así como las exigencias para que se libere a la jueza Afiuni molestaron al medio centenar de miembros de la delegación venezolana que viajaron en clase primera o ejecutiva, gozaron hoteles 5 estrellas, se dieron la gran vida en los restoranes más exquisitos, compraron desde iPads a caviar y no pasaron por Cadivi para los miles de dólares y euros en viáticos que derrocharon...
No comments:
Post a Comment