JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE | EL UNIVERSAL
jueves 3 de noviembre de 2011 12:00 AM
De dramática e insólita, pudiera calificarse la situación que la libertad de expresión, la prensa y el periodismo en general, viven actualmente en Latinoamérica. Al largo enfrentamiento que mantienen desde hace tiempo, el gobierno argentino y el grupo mediático Clarín, el más grande del país sureño, centrado ahora mismo en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, la cual limita a diez años la duración de las licitaciones y fija otras condiciones que afectan la multipropiedad de medios, se une el clima de violencia que sacude a México y que le ha quitado la vida, según cifras de la ONU, a más de 80 comunicadores locales y producido una veintena de ataques con explosivos y armas de fuego contra sedes de medios de comunicación desde febrero de 2010. A esto tendríamos que agregar el denominado "periodismo militante" que se pretende practicar en varios países de la región, aupado por gobiernos como los de Cristina Fernández, Evo Morales, Correa y Chávez, en detrimento del periodismo critico.
Pero quizás sea la ecuatoriana, la situación que más preocupa en este preciso momento, a la opinión pública internacional. La querella millonaria del presidente Rafael Correa por injuria grave en contra del conocido diario El Universo, que ha derivado en la condena de un pago indemnizatorio de 40 millones de dólares, así como de cárcel para tres de sus directivos y el periodista que supuestamente lo calumnio e insultó, ha establecido un peligroso precedente en la región. Más allá de si el periodista Emilio Palacio se equivocó, exageró o dijo la verdad en la columna, donde llamó dictador a Correa, varias veces, y lo acusó de ordenar "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010, que Correa calificó de golpe de Estado e intento de asesinato, el asunto de fondo es si un Jefe de Estado puede demandar a todo aquel que da opiniones que no son de su agrado o que juzga simplemente como mentirosas o difamatorias.
La libertad de expresión y de información ejercida por los medios de comunicación no puede estar frenada, menos aún cuando está referida a personas que ejercen cargos públicos, por la posibilidad de que las opiniones o la narración de los hechos puedan ser objetadas en los tribunales de justicia; de lo contrario la función de aquellos carecería de sentido. Solo imaginemos lo que hubiese pasado si el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama hubiese demandado a quienes advirtieron, hace unos meses atrás, que posiblemente había nacido en África y no en Norteamérica. O en nuestro país, que Chávez le entablase una querella a quienes han dicho que no está enfermo, a quienes opinaron que los acontecimientos de Pdvsa en el 2003 no fueron un golpe de Estado, o a quienes lo tildan de dictador.
No obstante lo anterior, en Venezuela no estamos exentos de la criminalización que del hecho noticioso está haciendo el poder coercitivo del Estado, o sea jueces y autoridades administrativas, en otros países como Ecuador y Bolivia. Los casos de Dinorah Girón, directora de 6to Poder o de Leocenis García del mismo semanario, la prohibición al diario El Nacional de publicar imágenes violentas, o la multa a Globovisión por haber creado zozobra en la sociedad, por la manera como transmitió los sucesos de El Rodeo, son un claro ejemplo de ello.
El secretario nacional de Comunicación del gobierno ecuatoriano, Fernando Alvarado, acaba de asegurar que con la demanda no se atentó contra la libertad de expresión, sino que se ha defendido el honor del Presidente. Cierro este artículo con una pregunta que me da vueltas en la cabeza sin parar ¿es que acaso puede el honor de un Presidente estar por encima de todo?
Pero quizás sea la ecuatoriana, la situación que más preocupa en este preciso momento, a la opinión pública internacional. La querella millonaria del presidente Rafael Correa por injuria grave en contra del conocido diario El Universo, que ha derivado en la condena de un pago indemnizatorio de 40 millones de dólares, así como de cárcel para tres de sus directivos y el periodista que supuestamente lo calumnio e insultó, ha establecido un peligroso precedente en la región. Más allá de si el periodista Emilio Palacio se equivocó, exageró o dijo la verdad en la columna, donde llamó dictador a Correa, varias veces, y lo acusó de ordenar "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010, que Correa calificó de golpe de Estado e intento de asesinato, el asunto de fondo es si un Jefe de Estado puede demandar a todo aquel que da opiniones que no son de su agrado o que juzga simplemente como mentirosas o difamatorias.
La libertad de expresión y de información ejercida por los medios de comunicación no puede estar frenada, menos aún cuando está referida a personas que ejercen cargos públicos, por la posibilidad de que las opiniones o la narración de los hechos puedan ser objetadas en los tribunales de justicia; de lo contrario la función de aquellos carecería de sentido. Solo imaginemos lo que hubiese pasado si el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama hubiese demandado a quienes advirtieron, hace unos meses atrás, que posiblemente había nacido en África y no en Norteamérica. O en nuestro país, que Chávez le entablase una querella a quienes han dicho que no está enfermo, a quienes opinaron que los acontecimientos de Pdvsa en el 2003 no fueron un golpe de Estado, o a quienes lo tildan de dictador.
No obstante lo anterior, en Venezuela no estamos exentos de la criminalización que del hecho noticioso está haciendo el poder coercitivo del Estado, o sea jueces y autoridades administrativas, en otros países como Ecuador y Bolivia. Los casos de Dinorah Girón, directora de 6to Poder o de Leocenis García del mismo semanario, la prohibición al diario El Nacional de publicar imágenes violentas, o la multa a Globovisión por haber creado zozobra en la sociedad, por la manera como transmitió los sucesos de El Rodeo, son un claro ejemplo de ello.
El secretario nacional de Comunicación del gobierno ecuatoriano, Fernando Alvarado, acaba de asegurar que con la demanda no se atentó contra la libertad de expresión, sino que se ha defendido el honor del Presidente. Cierro este artículo con una pregunta que me da vueltas en la cabeza sin parar ¿es que acaso puede el honor de un Presidente estar por encima de todo?
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