ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ | EL UNIVERSAL
miércoles 23 de noviembre de 2011 12:00 AM
No podemos permanecer impasibles ante la justicia penal venezolana en el caso de Leocenis García, sometido a proceso penal por pretendidas ofensas a funcionarios públicos, privado de su libertad y recluido forzosamente en el Hospital Militar por haberse declarado en huelga de hambre en protesta por los atropellos sufridos y en demanda de justicia.
Es el nuevo caso Franklin Brito, reeditado ahora con un periodista que, sencillamente, ha pagado con cárcel, sin haber sido condenado, por el delito de "lesa majestad" de haber ofendido a representantes de los poderes públicos y, ante el reclamo por un juicio justo, habiendo recurrido a la medida extrema de una huelga de hambre, el Estado responde con una reclusión forzosa que, lejos de proteger su salud y su integridad, lo colocó en manifiesto peligro de muerte.
Leocenis García no quiso escapar a la acción de la justicia, a pesar de lo injusto de su persecución. Se entregó a la Fiscalía voluntariamente con lo cual expresó su inequívoca voluntad de sujetarse al proceso penal y, a pesar de ello, siendo por tanto evidente que no había peligro de fuga ni de entorpecer la investigación, no le fue reconocido el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad, sino que se le mantuvo preso, cumpliendo ya una pena anticipada, aunque no ha sido condenado y todo ello por un sedicente delito de expresión que se habría concretado en la dura y descarnada crítica contra altos funcionarios públicos.
Una vez más debe más aclararse que los señalamientos contra quienes ejercen cargos públicos, movidos por el ánimo o el fin de la crítica, por mordaz que ésta sea, están amparados por la libertad de expresión, debiendo tomar consciencia los funcionarios de su condición de servidores públicos.
Pero, por supuesto, la situación se vio agravada con la reclusión forzosa de quien optó por la vía legítima de la protesta pacífica, declarándose en huelga de hambre, decisión heroica que debe ser respetada y ante la cual se deben poner en práctica todas las medidas de conciliación, teniendo por norte la preservación del bien supremo de la vida.
La voz oficial, una vez más, alegará que se trata de proteger la vida de quien reclama por sus derechos, cuando, precisamente, para protegerla, debe salvaguardarlos y quien ha recurrido a la protesta extrema, debe ser respetado en su actuación, a la vez que el Estado, garante de su vida, debe encontrar caminos para el diálogo y para que, efectivamente, esa vida pueda ser resguardada.
Solo quien sufre un encarcelamiento injusto, absolutamente impotente ante un sistema de justicia secuestrado, puede entender una decisión como la de Leocenis García; y solo un Estado prepotente puede encerrarse en su intransigencia, en la absurda pretensión de afirmar su poder y ratificar el mensaje del castigo penal para todo el que atente "contra la majestad de los poderes públicos" que, en verdad, solo resultan lesionados por sus propias actuaciones al margen del Estado de Derecho y con manifiesto desconocimiento de los derechos ciudadanos.
Es el nuevo caso Franklin Brito, reeditado ahora con un periodista que, sencillamente, ha pagado con cárcel, sin haber sido condenado, por el delito de "lesa majestad" de haber ofendido a representantes de los poderes públicos y, ante el reclamo por un juicio justo, habiendo recurrido a la medida extrema de una huelga de hambre, el Estado responde con una reclusión forzosa que, lejos de proteger su salud y su integridad, lo colocó en manifiesto peligro de muerte.
Leocenis García no quiso escapar a la acción de la justicia, a pesar de lo injusto de su persecución. Se entregó a la Fiscalía voluntariamente con lo cual expresó su inequívoca voluntad de sujetarse al proceso penal y, a pesar de ello, siendo por tanto evidente que no había peligro de fuga ni de entorpecer la investigación, no le fue reconocido el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad, sino que se le mantuvo preso, cumpliendo ya una pena anticipada, aunque no ha sido condenado y todo ello por un sedicente delito de expresión que se habría concretado en la dura y descarnada crítica contra altos funcionarios públicos.
Una vez más debe más aclararse que los señalamientos contra quienes ejercen cargos públicos, movidos por el ánimo o el fin de la crítica, por mordaz que ésta sea, están amparados por la libertad de expresión, debiendo tomar consciencia los funcionarios de su condición de servidores públicos.
Pero, por supuesto, la situación se vio agravada con la reclusión forzosa de quien optó por la vía legítima de la protesta pacífica, declarándose en huelga de hambre, decisión heroica que debe ser respetada y ante la cual se deben poner en práctica todas las medidas de conciliación, teniendo por norte la preservación del bien supremo de la vida.
La voz oficial, una vez más, alegará que se trata de proteger la vida de quien reclama por sus derechos, cuando, precisamente, para protegerla, debe salvaguardarlos y quien ha recurrido a la protesta extrema, debe ser respetado en su actuación, a la vez que el Estado, garante de su vida, debe encontrar caminos para el diálogo y para que, efectivamente, esa vida pueda ser resguardada.
Solo quien sufre un encarcelamiento injusto, absolutamente impotente ante un sistema de justicia secuestrado, puede entender una decisión como la de Leocenis García; y solo un Estado prepotente puede encerrarse en su intransigencia, en la absurda pretensión de afirmar su poder y ratificar el mensaje del castigo penal para todo el que atente "contra la majestad de los poderes públicos" que, en verdad, solo resultan lesionados por sus propias actuaciones al margen del Estado de Derecho y con manifiesto desconocimiento de los derechos ciudadanos.
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