ANGEL GARCÍA BANCHS | EL UNIVERSAL
lunes 6 de febrero de 2012 04:32 PM
Lo he dicho anteriormente, en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez, Venezuela perdió una de las mejores oportunidades para su transformación y desarrollo: la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. La economía recibió alrededor de unos 606 mil millones de petrodólares, sin contar todo lo recibido por las emisiones de deuda; y a pesar de ello, durante ese período, sólo creció en promedio anual a la tasa de 2,35%, mientras la economía mundial crecía 2,70%, Latinoamérica 2,97%, y el promedio simple de los restantes miembros de la OPEP 4,25% (estamos quedándonos rezagados). Definitivamente, un desastre ex-ante inimaginable.
El gobierno tiene un modelo económico redistributivo (o de reparto de la renta petrolera), más no uno de crecimiento transformador basado en la inversión y el empleo productivo. De hecho, luego de los 13 años es claro que, la causa esencial del desempleo y subempleo en Venezuela ha pasado a ser, ante todo, política, pues, bajo el estado actual de las cosas, el desempleo y subempleo son su necesidad, al representar la base político-clientelar del modelo chavista, repartista, y petropopulista.
En 13 años, la institucionalidad del país se ha caracterizado por la autocracia, el absolutismo, voluntarismo, estatismo, y presidencialismo, por el irrespeto a las leyes y los contratos. No ha habido Estado de Derecho, democracia, autonomía de los poderes, libertad económica, garantías, ni reglas claras y estables para la inversión.
El gobierno nacional ha impuesto un modelo arcaico y conflictivo de lucha de clases, el cual se refleja en un enfrentamiento entre actores sociales promovido por el Estado, mientras concentra el poder económico en sus manos y las de la llamada boliburguesía. Esto ha conducido a la disminución de la empresa privada, por un lado, y, por el otro, a la conversión de algunos trabajadores en siervos del Estado. En los 13 años se exacerbó la histórica visión rentística de la industria petrolera (dependiente de la incertidumbre de los precios internacionales), mientras se despreció la capacidad de producción interna; pero, también, la industria de los hidrocarburos se ha hecho, claramente, menos productiva, mientras aumentan sus carencias en investigación y desarrollo.
Las políticas económicas han causado, y hecho persistir, el proceso de inflación y la sobrevaluación de la moneda nacional, impidiendo desarrollar la actividad no petrolera, mientras se nos condena a una economía de puertos con marcada escasez y desempleo (los desórdenes fiscales, los traspasos al Fonden sin contrapartida en bolívares y la impresión de dinero para financiar al fisco se han hecho una práctica común sin control). La dependencia del consumo de un alto porcentaje de hogares del asistencialismo, misiones, dádivas y petrolimosnas, de los subsidios a los alimentos, a la gasolina y otros, ha crecido sin límite.
Las industrias petrolera y eléctrica en el piso; el endeudamiento público ya es crónico e insostenible. Mientras que las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, en relación a la demanda total de divisas, alcanzan hoy su mínimo histórico. Finalmente, el gobierno ha hecho del Estado en los 13 años un Estado productor de bienes privados, mientras descuida la producción de bienes y servicios públicos esenciales (salud, educación, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, medios de comunicación, conexión entre ciudades y pueblos, entre otros).
Ese es, a mi modo de ver, el balance económico de sus 13 años; esperemos, el último.
El gobierno tiene un modelo económico redistributivo (o de reparto de la renta petrolera), más no uno de crecimiento transformador basado en la inversión y el empleo productivo. De hecho, luego de los 13 años es claro que, la causa esencial del desempleo y subempleo en Venezuela ha pasado a ser, ante todo, política, pues, bajo el estado actual de las cosas, el desempleo y subempleo son su necesidad, al representar la base político-clientelar del modelo chavista, repartista, y petropopulista.
En 13 años, la institucionalidad del país se ha caracterizado por la autocracia, el absolutismo, voluntarismo, estatismo, y presidencialismo, por el irrespeto a las leyes y los contratos. No ha habido Estado de Derecho, democracia, autonomía de los poderes, libertad económica, garantías, ni reglas claras y estables para la inversión.
El gobierno nacional ha impuesto un modelo arcaico y conflictivo de lucha de clases, el cual se refleja en un enfrentamiento entre actores sociales promovido por el Estado, mientras concentra el poder económico en sus manos y las de la llamada boliburguesía. Esto ha conducido a la disminución de la empresa privada, por un lado, y, por el otro, a la conversión de algunos trabajadores en siervos del Estado. En los 13 años se exacerbó la histórica visión rentística de la industria petrolera (dependiente de la incertidumbre de los precios internacionales), mientras se despreció la capacidad de producción interna; pero, también, la industria de los hidrocarburos se ha hecho, claramente, menos productiva, mientras aumentan sus carencias en investigación y desarrollo.
Las políticas económicas han causado, y hecho persistir, el proceso de inflación y la sobrevaluación de la moneda nacional, impidiendo desarrollar la actividad no petrolera, mientras se nos condena a una economía de puertos con marcada escasez y desempleo (los desórdenes fiscales, los traspasos al Fonden sin contrapartida en bolívares y la impresión de dinero para financiar al fisco se han hecho una práctica común sin control). La dependencia del consumo de un alto porcentaje de hogares del asistencialismo, misiones, dádivas y petrolimosnas, de los subsidios a los alimentos, a la gasolina y otros, ha crecido sin límite.
Las industrias petrolera y eléctrica en el piso; el endeudamiento público ya es crónico e insostenible. Mientras que las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, en relación a la demanda total de divisas, alcanzan hoy su mínimo histórico. Finalmente, el gobierno ha hecho del Estado en los 13 años un Estado productor de bienes privados, mientras descuida la producción de bienes y servicios públicos esenciales (salud, educación, carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, medios de comunicación, conexión entre ciudades y pueblos, entre otros).
Ese es, a mi modo de ver, el balance económico de sus 13 años; esperemos, el último.
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