Venezuela prepara su defensa para el 1ro. de marzo. Leopoldo López irá a la audiencia como víctima
GERARDO BLYDE | EL UNIVERSAL
viernes 18 de febrero de 2011 12:00 AM
El 1ro. de marzo se llevará a cabo una histórica audiencia en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado venezolano ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las inconstitucionales inhabilitaciones políticas que se producen como medidas sancionatorias por parte de la Contraloría General de la República sin que medie primero una sentencia judicial firme que establezca condena penal. El caso reviste una importancia trascendental y pone a prueba al sistema interamericano de justicia y al Estado venezolano como miembro de este sistema en el cumplimiento del respeto debido a los derechos políticos de los venezolanos.
En el 2005 la Contraloría inhabilitó a Leopoldo López para ejercer cargos públicos en el país. López acudió al Tribunal Supremo de Justicia impugnando esta inhabilitación por violar la Constitución y sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Venezuela. Ambos textos legales señalan que solo podrán ser suspendidos los derechos políticos por una decisión judicial penal definitivamente firme. Es decir, la inhabilitación política es una pena accesoria a una condena penal y no puede ser considerada una pena autónoma.
El TSJ desconoció en su decisión el articulado tanto de la Constitución como el de la Convención y ratificó el criterio de la Contraloría referido a la supuesta potestad sancionatoria que esta ostenta para producir inhabilitaciones como pena administrativa autónoma. Ante esta decisión, y habiendo agotado las vías internas para obtener justicia, Leopoldo López acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como primera instancia del sistema de justicia internacional.
La Comisión concluyó que el Estado venezolano violó los derechos de López y solicitó la anulación de esa inhabilitación, así como la modificación de la ley que le permite al Contralor inhabilitar políticamente sin mediar juicio ni condena penal. También la Comisión agregó en su solicitud que se abstuviera de seguir aplicando esos procedimientos. Ninguna de estas conclusiones ha sido respetada por el Estado venezolano: no habilitó a López, a quien se le impidió inscribirse como candidato a Alcalde Metropolitano para las elecciones de noviembre del 2008, no se modificó la ley, y la Contraloría ha venido dictando nuevas inhabilitaciones políticas que han afectado hasta ahora a más de 300 venezolanos. Ya se anuncian nuevas listas de más inhabilitados para impedirles ser electos en cargos públicos a futuro, incluyendo a posibles candidatos presidenciales.
En marzo del 2009 tanto López como la representación del Estado venezolano acudieron a una audiencia en la Comisión a exponer sus alegatos. La Comisión le dio la razón a López y, ante la negativa del Estado venezolano de accionar conforme a las conclusiones a las que arribó la Comisión, ésta en diciembre de ese mismo año demandó ante la Corte Interamericana por las violaciones a los derechos políticos de López.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene más de 50 años de creada, pero será esta la primera vez que discuta un caso de violación de derechos políticos como parte de los derechos humanos fundamentales. Las resultas de este juicio serán vinculantes para todos los Estados miembros del sistema interamericano de justicia y constituirá un precedente histórico en la lucha por la defensa de los derechos políticos.
El Estado venezolano ha tenido conductas disímiles ante anteriores sentencias de la Corte. Las condenas sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en los sucesos conocidos como El Caracazo, en las que luego de diez años de procesos resultó condenado, fueron acogidas y respetadas. En cambio, la decisión de reincorporación de jueces destituidos de las Cortes Contencioso-Administrativas sin el respeto al debido proceso, donde también el Estado venezolano resultó condenado, no fueron ejecutadas por cuanto el TSJ consideró que se violaba la soberanía nacional, argumento pueril pues ha sido en uso de la soberanía que cada Estado suscribió libremente, y sin coacciones de ningún tipo, aceptar la jurisdicción interamericana.
El Estado venezolano prepara su defensa para el próximo 1ro. de marzo. Leopoldo López acudirá a la audiencia como víctima. La Comisión Interamericana argumentará como demandante. La Corte producirá una decisión que podrá ser condenatoria por violación de derechos políticos. Si el Estado venezolano es condenado y no acata las disposiciones de la sentencia, quedará muy en entredicho tanto el Estado venezolano como el sistema de justicia interamericano que se evidenciará como imposibilitado de hacer cumplir sus decisiones.
En el 2005 la Contraloría inhabilitó a Leopoldo López para ejercer cargos públicos en el país. López acudió al Tribunal Supremo de Justicia impugnando esta inhabilitación por violar la Constitución y sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Venezuela. Ambos textos legales señalan que solo podrán ser suspendidos los derechos políticos por una decisión judicial penal definitivamente firme. Es decir, la inhabilitación política es una pena accesoria a una condena penal y no puede ser considerada una pena autónoma.
El TSJ desconoció en su decisión el articulado tanto de la Constitución como el de la Convención y ratificó el criterio de la Contraloría referido a la supuesta potestad sancionatoria que esta ostenta para producir inhabilitaciones como pena administrativa autónoma. Ante esta decisión, y habiendo agotado las vías internas para obtener justicia, Leopoldo López acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como primera instancia del sistema de justicia internacional.
La Comisión concluyó que el Estado venezolano violó los derechos de López y solicitó la anulación de esa inhabilitación, así como la modificación de la ley que le permite al Contralor inhabilitar políticamente sin mediar juicio ni condena penal. También la Comisión agregó en su solicitud que se abstuviera de seguir aplicando esos procedimientos. Ninguna de estas conclusiones ha sido respetada por el Estado venezolano: no habilitó a López, a quien se le impidió inscribirse como candidato a Alcalde Metropolitano para las elecciones de noviembre del 2008, no se modificó la ley, y la Contraloría ha venido dictando nuevas inhabilitaciones políticas que han afectado hasta ahora a más de 300 venezolanos. Ya se anuncian nuevas listas de más inhabilitados para impedirles ser electos en cargos públicos a futuro, incluyendo a posibles candidatos presidenciales.
En marzo del 2009 tanto López como la representación del Estado venezolano acudieron a una audiencia en la Comisión a exponer sus alegatos. La Comisión le dio la razón a López y, ante la negativa del Estado venezolano de accionar conforme a las conclusiones a las que arribó la Comisión, ésta en diciembre de ese mismo año demandó ante la Corte Interamericana por las violaciones a los derechos políticos de López.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene más de 50 años de creada, pero será esta la primera vez que discuta un caso de violación de derechos políticos como parte de los derechos humanos fundamentales. Las resultas de este juicio serán vinculantes para todos los Estados miembros del sistema interamericano de justicia y constituirá un precedente histórico en la lucha por la defensa de los derechos políticos.
El Estado venezolano ha tenido conductas disímiles ante anteriores sentencias de la Corte. Las condenas sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en los sucesos conocidos como El Caracazo, en las que luego de diez años de procesos resultó condenado, fueron acogidas y respetadas. En cambio, la decisión de reincorporación de jueces destituidos de las Cortes Contencioso-Administrativas sin el respeto al debido proceso, donde también el Estado venezolano resultó condenado, no fueron ejecutadas por cuanto el TSJ consideró que se violaba la soberanía nacional, argumento pueril pues ha sido en uso de la soberanía que cada Estado suscribió libremente, y sin coacciones de ningún tipo, aceptar la jurisdicción interamericana.
El Estado venezolano prepara su defensa para el próximo 1ro. de marzo. Leopoldo López acudirá a la audiencia como víctima. La Comisión Interamericana argumentará como demandante. La Corte producirá una decisión que podrá ser condenatoria por violación de derechos políticos. Si el Estado venezolano es condenado y no acata las disposiciones de la sentencia, quedará muy en entredicho tanto el Estado venezolano como el sistema de justicia interamericano que se evidenciará como imposibilitado de hacer cumplir sus decisiones.
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