24 Febrero, 2011
Foto: Archivo
Afirmó además Sosa que “seguramente (el Presidente) llamó a la Fiscal para que revisara los respectivos expedientes como le ha ordenado muchas veces públicamente. Los jueces lo que vienen haciendo es lo que les dice el Ministerio Público ya que la fiscal es una persona de confianza del Presidente y que cumple sus órdenes perfectamente”.
A continuación la nota:
El anuncio de la liberación de siete presos políticos, como parte del acuerdo del Gobierno con los estudiantes para el levantamiento de la huelga de hambre, más allá de significar una alegría para los familiares y un logro para los huelguistas, representa además un reconocimiento por parte del Ejecutivo de que sí hay presos políticos en el país y evidencia que no hay separación de poderes, según coinciden Blanca Rosa Mármol, magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y Cecilia Sosa, ex presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia.
“Si el Poder Ejecutivo tiene la potestad de negociar esas liberaciones con estos jóvenes, no hay duda de que lo que está es reconociendo que controla todo el Poder Judicial, que responde a una sola persona, como había quedado demostrado ya con las diferentes alocuciones del Presidente de la República cuando dice: Yo quiero esta persona presa por 30 años; y si se negocia la liberación de estas personas con el Gobierno, pues claro que estamos hablando de personas que tienen que ser calificadas de presos políticos”, señala Cecilia Sosa.
Estima la ex presidenta del Poder Judicial que el presidente Hugo Chávez canaliza sus requerimientos a través de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, dado que –según afirma- desde hace varios años, los jueces del país vienen haciendo lo que les dictamina el Ministerio Público.
“Seguramente (el Presidente) llamó a la Fiscal para que revisara los respectivos expedientes como le ha ordenado muchas veces públicamente. Los jueces lo que vienen haciendo es lo que les dice el Ministerio Público ya que la fiscal es una persona de confianza del Presidente y que cumple sus órdenes perfectamente y actuará en los diferentes expedientes, solicitando o cambiando lo necesario para que el juez provea el beneficio”.
Para Cecilia Sosa, el anuncio de la liberación de siete presos políticos representa además la legitimación de la huelga de hambre de los estudiantes que duró 23 días y se realizó en ocho estados. “Si se logra esto se evidencia que los objetivos que ellos se trazaron tenían sentido”.
Justicia negociada
De igual manera, la magistrada Blanca Rosa Mármol sostiene que lo acontecido “habla muy mal” de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial y representa un reconocimiento de la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas y la legitimación de la protesta, en vista de que fueron atendidos los pedidos de los huelguistas, que iban orientados en este sentido.
“Como puede ser que sea una negociación con el Ejecutivo lo que es un deber y una obligación del Poder Judicial. Eso resulta incomprensible para mí. Yo me alegro mucho de que los derechos se respeten pero de verdad que me preocupa que tenga que haber una negociación con el Ejecutivo -representado en este caso por un ministro como portavoz- para llegar a la justicia (…) Debemos reconocer que es bueno que haya habido diálogo, que haya habido atención a lo que se pedía, pero es malo que haya habido -como parecieras ser- interferencia del Ejecutivo en la resolución de problemas exclusivamente judiciales”.
Los beneficiados con la intervención del Ejecutivo ante la presión de la huelga estudiantil son: Otto Gebauer, Felipe Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz, Marco Hurtado, Arube Pérez, Freddy Curupe y Biagio Pillieri, siendo éste último el primero en lograr su libertad, con régimen de presentación cada 30 días. Una vez que Pillieri pudo salir de su residencia sin ser detenido, se trasladó vía terrestre a la capital para reunirse primero con los jóvenes que se mantienen en vigilia en la OEA, donde realizaron la huelga de hambre para lograr su liberación, y posteriormente inició los trámites para asumir hoy su puesto como parlamentario.
Ismael García, diputado de Podemos por el estado Aragua, señaló ayer en nombre del bloque de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que Pillieri tiene todos los derechos para ocupar hoy su curul en el hemiciclo. “Que no nos saquen ninguna carta bajo la manga”.
Libertad para todos
Por otro lado, el abogado Alfredo Romero, miembro del Foro Penal Venezolano, resaltó que en las conversaciones con el Gobierno, en las que él, Gonzalo Himiob y Tamara Suju representan a los afectados, se solicitó la liberación de todos los presos políticos, pero por el momento era necesario avanzar en los puntos en los que hubo coincidencias con Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia y vocero del Ejecutivo, sin abandonar la lucha por el resto de las personas privadas de libertad, cuyos nombres siguen en la mesa de negociaciones.
“En las conversaciones se solicitó la liberación de todos los presos políticos, eso es muy importante decirlo. Dentro de esas peticiones hubo puntos de acuerdo, y dentro de los puntos de acuerdo, digamos que por la violación constitucional existente, están los casos de estas siete personas. Todos los casos de los presos políticos están dentro de las conversaciones que no terminan, el diálogo continúa”.
Adelanta Romero que en las conversaciones pendientes se insistirá en la liberación de otros presos políticos más adelante; paralelo a ello, seguirán exigiendo la aprobación de la ley de Amnistía que reposa en la Asamblea Nacional y, esperan además respuesta de la directiva del Parlamento para plantear debatir en plenaria la situación de los presos políticos.
El Aissami descarta liberación de “Mazuco”
Tras el anuncio de la liberación de siete, de los 27 presos políticos, Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia, explicó en declaraciones ofrecidas a Unión Radio, el mecanismo y los criterios utilizados para la escogencia de los beneficiados. Aseguró que había casos puntuales que, dado el cumplimiento de la pena, podían optar a beneficios distintos a la privativa de libertad, pero dejó claro que otros como el caso de José Sánchez “Mazuco”, los comisarios de la Policía Metropolitana y los hermanos Guevara, “no podían ser calificados como presos políticos” por haber cometido “graves actos de violación de derechos humanos”.
El representante del Gobierno insistió en que “había peticiones que estaban fuera del orden constitucional” y, según afirma, los estudiantes habrían reconocido tal situación en el marco de las conversaciones. Alabó El Aissami la “transparencia, la franqueza y el respeto” en las conversaciones, así como la actuación del abogado Gonzalo Himiob y la actitud de Lorent Saleh y Julio Rivas, líderes de la protesta.
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