Por A. Oliveros, J Grisanti y D. Cardenas
“Estamos trabajando lo que se
llama en el argot tributario como una reforma fiscal… una reforma fiscal
igualitaria, justa, necesaria para Venezuela y estamos en el momento de
hacerla”. Con estas palabras el presidente Nicolás Maduro
volvió a colocar en la palestra pública un tema que había perdido fuerza
durante los últimos meses de 2013, una reforma fiscal. Un sector
público deficitario, un flujo de caja comprometido y el incremento de un
gasto fiscal que no se corresponde con el aumento de la popularidad del
Gobierno habrían llevado a acelerar la decisión de reestructurar el
sistema fiscal venezolano, pero ¿será suficiente?
¿Qué es lo que se propuso? El
Presidente anunció horas antes de que culminara su período habilitante
un conjunto de reformas tributarias que conducirían a que “paguen más
los que más tienen”. Bajo esta filosofía, se comunicó la reforma del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que mantendría las alícuotas para
todos los bienes, salvo los bienes de lujo, que pasarían a tener una
alícuota mayor.
Sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISLR),
se anunció la suspensión de los ajustes inflacionarios en el sector
financiero y la eliminación de las exenciones sobre las cooperativas,
fundaciones y asociaciones. Adicionalmente se incrementarían las multas a
los contribuyentes especiales en 200,0% y se abre la posibilidad de
confiscar bienes a las empresas declaradas en quiebra que tengan deudas
con el Seniat.
Finalmente, se modificó la ley de
Impuestos sobre Cigarrillos y manufactura de tabaco, que comenzara a
pechar a los derivados del tabaco y a la producción artesanal, y se
decidió incrementar los impuestos al consumo y venta de bebidas
alcohólicas.
¿Son estas reformas un alivio para el fisco? El
superintendente del Servicio Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat) afirmó que las reformas planteadas permitirán tener
un ingreso superior a VEB 150.000 millones, lo que equivale en términos
nominales a cinco meses de recaudación de 2014.
Si bien lo que se planteó fue un
incremento de la alícuota, es importante reconocer que estamos en
presencia de un período de contracción económica y de reducción de las
importaciones, lo que ha disminuido de manera importante la base
imponible de los ISLR, IVA y los aranceles. Dada esta coyuntura,
estimamos que esta reforma representará para el fisco ingresos que se
ubiquen alrededor de 1,0% del PIB, que frente a un déficit del Gobierno
Central superior a 16,0 puntos del PIB resulta más que insuficiente.
A mediados del año se habían planeado
otros posibles impuestos, que a pesar de no solucionar el problema
fiscal, tendrían impactos incluso superiores a los que tendrán los
impuestos planteados. En lo referente a los impuestos tradicionales, en
estimamos que un incremento de la alícuota del IVA de alrededor de 2,0
puntos porcentuales, que eleve la tasas impositiva de 12,0% a 14,0%, y
un incremento de la UT que ayude a incrementar las recaudaciones por
concepto de Impuesto sobre la Renta (ISLR) a principios del próximo año,
podrían elevar la contribución de estos impuestos de 3,5% y 8,5% del
PIB respectivamente hasta 5,5% a 10,0% del PIB.
Precios justos, ¿Impuestos justos? Además
de la contracción económica existen otros factores que reducen la base
impositiva. La estructura de regulaciones que ha mantenido el Gobierno
nacional también reduce las recaudaciones que se pudieran generar a raíz
de la aplicación de la Reforma Tributaria. Particularmente, la Ley de
Costos y Precios Justos que coloca a las empresas un margen de ganancia
de 30,0% limita los ingresos que pueda recibir el Estado por concepto de
ISLR. De igual forma, la regulación de precios reduce la base imponible
del IVA, lo que disminuye las posibles recaudaciones y la efectividad
de cualquier incremento en las alícuotas impositivas.
El mercado secundario de bienes, en el
que se tranzan productos escasos (en buena parte como consecuencia de
las regulaciones) a un precio mayor que el establecido por los órganos
que regulan los precios de venta, no solo impone precios exacerbados a
los productos (lo que afecta a la población), sino que deja de pagar
impuestos por la reventa de los mismos. Consideramos que bajo las
condiciones normativas actuales del mercado venezolano, una reforma
tributaria no traerá todos los beneficios que podría si se eliminaran
todos los desequilibrios.
Devaluación y eliminación de subsidios: Tabú. Si
sumamos los ingresos que podría percibir el Gobierno con los
incrementos del IVA y el ISLR anteriormente planteados, el impacto de
una reforma sería de entre 2,5 y 3,5 puntos del PIB. Sin embargo, como
ya mencionamos, esta medida no es suficiente para solucionar la
situación deficitaria del gobierno, y existen otras soluciones que
beneficiarían más al Gobierno nacional en términos de incremento de
ingresos.
En primer lugar, la devaluación del
bolívar es una medida que no solo es necesaria para fomentar el
resurgimiento de la desaparecida producción nacional y para ayudar al
abastecimiento de divisas, sino que es una fuente adicional de ingresos
para una Pdvsa que acumula una deuda financiera de US$43.384 millones.
Además el impacto de la devaluación no solo sería fiscal, sino que
reduciría los auxilios monetarios que el Banco Central de Venezuela
(BCV) otorga a Pdvsa para aliviar las presiones inflacionarias.
Por otro lado, los subsidios significan
para el Gobierno nacional un gasto de alrededor de US$49.462 millones.
El controversial subsidio a la gasolina y derivados representa para el
Gobierno alrededor de 6,2% del PIB, siendo además un subsidio regresivo.
Además de éste, existen otros subsidios menos “mediáticos”
pero que representan también grandes costos para el Gobierno. El
subsidio al consumo de energía eléctrica, por ejemplo, representa 3,0%
del PIB.
De igual forma, la eliminación de
subsidios y la devaluación significarían para el Gobierno alrededor de
29,4% del PIB, es decir 740,0% más de lo recaudado a través de la
reforma fiscal y suficiente para sanear el déficit del sector público.
La reforma tributaria propuesta no busca
solucionar el problema fiscal, sino evidencia la necesidad en el corto
plazo de mantener el gasto, en un período electoral. Además, al igual
que en el 2009, cuando la economía se encontraba en recesión, se
incrementan las alícuotas, lo que si bien permitirá al gobierno
incrementar el gasto, tiene efectos pro cíclicos que agravarán la caída
del PIB.
Un problema de dos aristas. Si
bien el déficit fiscal puede verse reducido por los cambios en la
estructura tributaria que el Gobierno propone, la realidad es que el
problema fiscal venezolano tiene dos aristas: la caída del ingreso y el
incremento del gasto público. De acuerdo con el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), los ingresos
tributarios han venido cayendo como porcentaje del PIB, pero el gasto
del Gobierno ha incrementado incluso en mayor proporción. Sin importar
qué medidas se tomen (devaluación, reducción de subsidios o reforma del
sistema tributario), un Gobierno que incremente sus ingresos fiscales
para aumentar así el gasto corriente no solucionará la situación fiscal
del país.
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