JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR
| EL UNIVERSAL
domingo 30 de noviembre de 2014 12:00 AM
El pasado día jueves 13 el
presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de nuevas leyes y reformas
a leyes existentes. De acuerdo a las Gacetas Oficiales publicadas
durante la semana siguiente, el presidente Maduro ha puesto su
"Ejecútese" a 52 Decretos con fuerza de ley. Aunque la mayoría de ellos
aún no han sido publicados al día de hoy, no es difícil formarse una
idea bastante aproximada de sus contenidos bien sea por las
explicaciones dadas por el propio Presidente o por algunos de sus
Ministros.
La nueva legislación modifica algunos aspectos relacionados con la producción de bienes y controles de precios; con los sistemas contra los monopolios y la anticorrupción; con el área financiera referida al Banco Central, instituciones bancarias, Bandes, inversiones extranjeras, etc., y también crea nuevos impuestos o incrementa los ya existentes.
Sin embargo, los temas de mayor repercusión social, económica y política son los atinentes a la creación de nuevas normas legales que establecen un entramado jurídico institucional para la organización popular. Parte importante del paquete de leyes se destina a la organización y financiamiento de la gestión comunitaria, dando relevancia a las comunas, a las empresas de propiedad social y a los consejos comunales, restando atribuciones a los organismos municipales existentes. Se jerarquiza el "Poder Popular" creando una red organizativa bajo el control del Estado. Esta nueva legislación es consecuente con la concepción ideológica del gobierno en cuanto al papel predominante del Estado en la economía nacional y en otorgar a los sectores populares un protagonismo del que carecía en el pasado.
No tengo la menor duda sobre la importancia de los programas sociales. Pero su atención a ellos en forma casi exclusiva por parte del gobierno, con costosos subsidios, desatendiendo otras áreas de la economía también prioritarias, está conduciendo al país a una situación cada día más difícil de soportar. La creación de nuevos programas sociales o la ampliación de los ya existentes, significa aumento del gasto público sin que se haya expresado cómo se va a financiar, más aún con la reducción del precio de nuestro petróleo, que puede estar entre $ 70-65 el barril contra los $ 100 a los que nos habíamos acostumbrado.
Además no se observan medidas que estimulen la producción de bienes y servicios del sector privado ni hay aumentos significativos de las inversiones en las industrias básicas a cargo del Estado, especialmente en los sectores petrolero, gasífero, eléctrico, cementero y siderúrgico. El país aún sigue esperando las medidas del gobierno para atacar los problemas básicos de nuestra economía cuya presencia afecta a toda la población, como son el desabastecimiento, la elevada tasa de inflación, el perverso sistema cambiario actual y el déficit fiscal.
Obviamente el Gobierno Nacional se encuentra en una encrucijada, pues sabiendo cuales son las decisiones que debe tomar, así lo presumimos, ellas coliden con su concepción ideológica. Una vez más hay que decir que las realidades exigen un pragmatismo en beneficio del país.
La nueva legislación modifica algunos aspectos relacionados con la producción de bienes y controles de precios; con los sistemas contra los monopolios y la anticorrupción; con el área financiera referida al Banco Central, instituciones bancarias, Bandes, inversiones extranjeras, etc., y también crea nuevos impuestos o incrementa los ya existentes.
Sin embargo, los temas de mayor repercusión social, económica y política son los atinentes a la creación de nuevas normas legales que establecen un entramado jurídico institucional para la organización popular. Parte importante del paquete de leyes se destina a la organización y financiamiento de la gestión comunitaria, dando relevancia a las comunas, a las empresas de propiedad social y a los consejos comunales, restando atribuciones a los organismos municipales existentes. Se jerarquiza el "Poder Popular" creando una red organizativa bajo el control del Estado. Esta nueva legislación es consecuente con la concepción ideológica del gobierno en cuanto al papel predominante del Estado en la economía nacional y en otorgar a los sectores populares un protagonismo del que carecía en el pasado.
No tengo la menor duda sobre la importancia de los programas sociales. Pero su atención a ellos en forma casi exclusiva por parte del gobierno, con costosos subsidios, desatendiendo otras áreas de la economía también prioritarias, está conduciendo al país a una situación cada día más difícil de soportar. La creación de nuevos programas sociales o la ampliación de los ya existentes, significa aumento del gasto público sin que se haya expresado cómo se va a financiar, más aún con la reducción del precio de nuestro petróleo, que puede estar entre $ 70-65 el barril contra los $ 100 a los que nos habíamos acostumbrado.
Además no se observan medidas que estimulen la producción de bienes y servicios del sector privado ni hay aumentos significativos de las inversiones en las industrias básicas a cargo del Estado, especialmente en los sectores petrolero, gasífero, eléctrico, cementero y siderúrgico. El país aún sigue esperando las medidas del gobierno para atacar los problemas básicos de nuestra economía cuya presencia afecta a toda la población, como son el desabastecimiento, la elevada tasa de inflación, el perverso sistema cambiario actual y el déficit fiscal.
Obviamente el Gobierno Nacional se encuentra en una encrucijada, pues sabiendo cuales son las decisiones que debe tomar, así lo presumimos, ellas coliden con su concepción ideológica. Una vez más hay que decir que las realidades exigen un pragmatismo en beneficio del país.
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