Editorial de El Nacional
Se ha hecho público lo que el país sospechaba: en
el Ministerio Público hay fiscales especializados en “criminalizar a los
adversarios del gobierno”. Así se infiere de las declaraciones
suministradas a este diario por Walter Márquez, diputado a la Asamblea Nacional
y ex embajador en la India.
Dice el curtido político tachirense, a propósito de
“la ocupación del Complejo Turístico Perlamar, (desarrollo que tiene 96% de
avance y más de 110.000 metros de construcción) del empresario Parsifal D’Sola,
principal accionista”, y con el conocimiento de causa de quien alguna vez fue
compañero de ruta de los sedicentes castro-bolivarianos, que “utilizan para
materializar esta iniciativa a la fiscal 20 Nacional con Competencia Plena,
Katherine Harrington”.
Esta funcionaria, en opinión de Márquez, se ocupa
de inculpar a quienes el Ejecutivo ordena perseguir, acusar y condenar, y
(siempre de acuerdo con el declarante) tiene en su haber, entre otras muchas
actuaciones, imputaciones a Tamara Sujú (Foro Penal) y Juan Rodrigo Diamante
(Un Mundo sin Mordaza), así como la supuesta autorización al Sebin para que
pinchara los teléfonos de María Corina Machado por un supuesto complot para
asesinar a Maduro.
Con un abultado currículo -que en otras
circunstancias políticas acarrearía, según Márquez, un juicio “por
prevaricato”- Katherine Harrington es la cara visible de una maniobra para
hacerse de la propiedad ajena. No otra cosa presagia la ocupación por la GNB de
las instalaciones del Hotel Perlamar, un proyecto sin par en el Caribe y
realizado, en su totalidad, con financiamiento de la banca venezolana.
Es lo que suele suceder con las revoluciones que
estrangulan el aparato productivo y no tienen más opción que incautar el
producto del trabajo de otros sin saber cómo hacer uso adecuado de lo que
expropian.
Siguiendo el ejemplo de lo que sucedió con el
Habana Hilton en Cuba, el chavismo se hizo con una serie de hoteles que eran
administrados por reconocidas operadoras turísticas internacionales, para
ponerlos en manos de burócratas cubanos, enquistados en Venetur, que ni
siquiera se ocupan de mantener en buen estado las instalaciones.
Ante un conjunto como Perlamar, la administración
madurista no podía permanecer de brazos cruzados y puso en marcha los
engranajes de una maquinaria manipuladora de la justicia para, una vez más,
burlar el derecho a la propiedad privada y ocupar terrenos y edificios que no
le pertenecen, pero que le apetecen.
Lo que se supone iba a ser el gran hotel de Nueva
Esparta es objeto de la codicia y avaricia oficiales y se expresa en la
escandalosa expoliación que se ejecuta en la zona de Playa Guacuco. Todo esto
fundado en alegatos deleznables, para enterrar así la industria turística
margariteña.
Los insulares no olvidarán el nombre de Katherine Harrington; al
contrario, al escucharlo recordarán que siempre hay alguien dispuesto a hacer
el trabajo sucio de quienes simulan, con sus manos limpias y sus caras bien
lavadas, chapotear fuera del lodazal.
Vía El Nacional
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