ALBERTO
ARTEAGA SÁNCHEZ.
Leopoldo López ha sido ya
calificado de asesino, determinador de incendio y de daños, instigador a la
violencia y miembro de un grupo de delincuencia organizada. Habiéndose
entregado voluntariamente a la justicia para un injusto proceso político,
ahora, negadas todas sus pruebas, no tramitados los recursos de su defensa y
encerrado en una prisión militar, se le califica de “contumaz” o procesalmente
rebelde por negarse a comparecer ante la justicia en la secuencia de un juicio
público, que no lo es, y ante la carencia de decisión oportuna a sus alegatos y
legítimos requerimientos.
Ante un proceso político, ante
una detención injusta y arbitraria, ante las solicitudes de organismos
nacionales e internacionales que han abogado por su libertad, cerradas todas las
vías de la más legítima protesta, Leopoldo López continúa batallando por sus
derechos, llevando ahora a cuestas la nueva condición de “contumaz”.
Independientemente de la
discusión en torno a la contumacia en un proceso penal, cabe plantear no pocas
objeciones a la adopción de tal calificativo cuando nos encontramos en el
corazón de un proceso político, anunciada públicamente una condena, a la cual
seguiría su inhabilitación, fin último perseguido.
Resulta a todas luces censurable
calificar de contumaz a quien sometido a la justicia penal, utilizando todos
los recursos legales, apela de decisiones que vulneran sus derechos, intenta
acciones de amparo y lucha por obtener respuesta a sus alegatos. Pero el
asombro se incrementa cuando esa calificación se produce en una realidad
judicial en la cual se difieren una y otra vez los juicios, no se producen los
traslados, los juzgados no dan despacho a conveniencia o se impiden audiencias
por “medidas de seguridad”.
En el pasado, perseguidos
políticos o procesados por delitos contra los poderes públicos se resistieron a
concurrir ante los tribunales y teniendo el Estado la facultad para ordenar y
hacer cumplir su traslado, incluso por la fuerza, se respetó su decisión con el
aval de la comunidad.
Independientemente de las razones
y argumentos de fondo, Leopoldo López tiene derecho a un juicio en libertad,
siendo así que su inocencia se presume, no hay sentencia condenatoria firme y
ha dado una evidente y manifiesta señal de sometimiento a la justicia con su
entrega voluntaria, no existiendo temor alguno de fuga, ya que si se fugara,
obtendrían sus enemigos la mayor de las victorias y quedarían afectadas sus
aspiraciones políticas.
Leopoldo López no es un contumaz
que persigue obstruir el funcionamiento de la justicia. Está luchando por un
juicio justo, sus abogados echan mano de todos los recursos legales a su
alcance y, en un país serio, los argumentos, sencillamente, deberían debatirse.
Su prisión no tiene explicación jurídica alguna. Está preso porque así lo ha dictaminado
el Poder Ejecutivo y podrá ser calificado como luchador político, que no trata
de impedir la marcha de un proceso, sino que lo asume en desigualdad absoluta
de condiciones.
Una nueva categoría de disidentes
ocupa un lugar en el escenario político. Hay investigados, imputados, acusados,
condenados y ahora también “contumaces” que dan ejemplo de una esforzada lucha
por abrir el camino a la justicia.
Vía El Nacional
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