Richard Obuchi
Nicolás Maduro —luego de una gira
internacional en búsqueda de financiamiento y en medio de la caída más
grande del precio del petróleo desde el 2009— finalmente se refirió a
las medidas económicas con las que el gobierno espera enfrentar los
problemas económicos que experimenta el país.
Los principales anuncios fueron el
aumento del salario mínimo en 15% a partir del 01 de febrero, cambios en
el régimen cambiario y un posible aumento del precio de la gasolina.
Además se anunció un mayor control y fiscalización de las actividades
económicas e indicaron acciones en materia social entre las que destacan
la incorporación de nuevos pensionados y el incremento de diferentes
programas sociales.
Aún cuando faltan por conocer detalles,
las medidas anunciadas parecen insuficientes tanto para ajustar la
economía a un nuevo —y menor— nivel de precios del petróleo, como para
establecer las bases de una reforma del modelo de gestión pública basado
en controles regulatorios directos sobre la actividad económica y
dificultades de cooperación con el sector privado de la economía.
El anuncio más significativo fue el
cambio en el régimen cambiario con base en tres sistemas, lo cual
suponemos va a traducir en una devaluación del tipo de cambio promedio a
una magnitud todavía incierta por la ausencia de detalles sobre la
naturaleza de funcionamiento, acceso y formación del tipo de cambio en
los nuevos mecanismos. Si es así, y se consolida un tipo de cambio
promedio más elevado, mediante esta reforma el gobierno puede reducir el
déficit fiscal pero la persistencia de tres sistemas de cambio —con una
potencial mayor brecha entre el tipo de cambio oficial más alto y el
más bajo— implica la persistencia de problemas y distorsiones en la
asignación de divisas. Queda por ver no sólo cuáles van a ser los nuevos
tipos de cambio y detalles de funcionamiento de estos mecanismo. El
otro elemento clave es si efectivamente se abrirá la posibilidad de un
mercado legal de divisas que sustituya al mercado paralelo, lo cual
sería un avance en relación con la situación actual.
Resulta notable la ausencia de anuncios
en otras áreas (por ejemplo en materia fiscal y monetaria, así como
acciones para mitigar los problemas de inflación y crecimiento que
enfrenta el país), la ausencia de detalles sobre los financiamientos
supuestamente obtenidos durante la gira o la posibilidad de modificar
algunos de los mecanismos que han resultado más perniciosos para las
actividades económicas.
1.Incremento de algunos programas sociales y aumento de salario mínimo de 15% a partir del 01 de febrero de 2015.
El Gobierno Nacional anunció un plan especial de protección a la
familia venezolana a través de la Gran Misión Hogares de la Patria para
atender 500 mil hogares; Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra con la
aprobación de recursos para aumentar a 200 mil becas para estudiantes
de educación media y elevarlas de 200 bolívares a 500 bolívares; Gran
Misión Vivienda Venezuela, se aspira entregar 400 mil viviendas en 2015;
reactivación de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se aspira
beneficiar a 2 mil familias e inversión especial en infraestructura:
Metro de Caracas-Valencia-Los Teques, soluciones viales, autobuses.
Además, el salario mínimo se ajustará nuevamente tras apenas 2 meses del
último aumento en diciembre de 2014 y se anunció la incorporación de
nuevos pensionados.
El aumento del salario mínimo en montos
relativamente cercanos a la inflación es un medida que suele ser
prevista por las empresas en sus proyecciones de costos, aún cuando se
suele estimar que dicho aumento se produce a partir de mayo. Por otra
parte, esta medida incrementa el déficit fiscal debido a la gran
cantidad de personas empleadas en el sector público que devengan salario
mínimo. El anuncio de mayores gastos en misiones (además de en
salarios) cuando el país se enfrenta a una notable reducción de
ingresos, lleva a preguntarse cuál será la fuente de financiamiento. Con
base en lo que se ha hecho hasta ahora, recurrir al financiamiento
monetario parece ser la primera opción, hecho que impondría aún mayor
presión sobre la inflación. Vale indicar que por primera vez en muchos
años, el presupuesto nacional sobreestima los ingresos del Gobierno
Central debido a que fue calculado con base en un precio promedio del
barril de petróleo venezolano de US$ 60.
2. Nuevo régimen cambiario. El
anuncio más importante fue el referido al nuevo régimen cambiario. En
palabras de Maduro: “He decidido trabajar en un sistema que atienda los
tres mercados de manera más eficiente”, mediante los siguientes
mecanismos:
1. Sistema “prioritario” a Bs 6,30 para rubros prioritario (alimentos y salud).
2.Un solo Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad), el cual se supone será un sistema de subasta.
3. Convertir al
Sicad II en un sistema que funcione mediante las bolsas públicas y
privadas, el cual permita al sector privado participar de forma legal.
Maduro a su vez indicó que la propuesta
de un sistema con tipo de cambio unificado que fluctuara fue descartado
en las circunstancias actuales. Si bien no se conocen por lo pronto
mayores detalles, es claro que el gobierno nuevamente muestra una enorme
aversión a realizar una devaluación en el tipo de cambio
”preferencial”, lo cual sin duda es un elemento que restringe la
efectividad de cualquier cambio en el régimen cambiario. Suponemos que
se van a restringir los montos de divisas asignados a este tipo de
cambio (en términos absolutos debido a la menor disponibilidad de
divisas en general y en términos relativos debido a la necesidad de
aplicar un tipo de cambio promedio más elevado), mediante restricciones
por listas de bienes más que por categorías generales. En la actualidad,
estimamos que aproximadamente 66% de las divisas asignadas mediante
mecanismos oficiales —en el primer semestre de 2014— a 6,3 BsF/US$
fueron liquidadas a los sectores de alimentos y medicina.
En el otro extremo, al referirse el
tercer mecanismo —el basado en “bolsas públicas y privadas”— Maduro
pareciera sugerir que se va a crear una opción al mercado paralelo pues
esperaba que los privados oferten divisas al crear una opción “legal” en
donde estos puedan participar. Vale recordar que algo similar se dijo
para el Sicad I y Sicad II, sin que se lograra este objetivo. Si el
nuevo mecanismo no está basado en un precio determinado por la oferta y
la demanda, o lo que es lo mismo, con base en el principio de que quien
más esté dispuesto a pagar recibe las divisas, entonces será imposible
que el mecanismo sustituya al mercado paralelo. Suponemos que este nuevo
mercado tendrá el tipo de cambio más elevado de los tres sistemas,
permitiendo al gobierno cambiar divisas a un tipo de cambio mayor, el
cual anticipamos parte de la base o estaría por encima del actual Sicad
II (parece tener poco sentido renunciar al tipo de cambio más elevado en
los momentos actuales). Un mercado libre legal sería una noticia
positiva —al facilitar el acceso a las divisas y su registro— pero
difícilmente alcanzaría un precio estable mientras persista la
incertidumbre sobre el precio del petróleo y el desempeño económico del
país. En cuanto al segundo sistema, el nuevo Sicad, no se ofrecieron
mayores detalles en cuanto a cuanto las condiciones de acceso o a
quiénes atenderían pero parece ser un segundo piso del sistema
“preferencial” y suponemos que tendría un tipo de cambio intermedio
entre el 6,3 Bs/$ y el sistema basado en la “bolsa”.
Partimos de la premisa que una fracción
mayor de las divisas serán transadas con los dos tipos de cambio más
elevados con lo cual se incrementaría el tipo de cambio promedio, lo
cual pareciera haber sido el objetivo principal del cambio de régimen
cambiario. Dependiendo de la magnitud del cambio en el tipo de cambio
promedio puede haber una mayor contribución a la reducción del déficit
fiscal. Sin embargo, el mantener tres tipos de cambio oficiales—de los
cuales uno está fijo a 6,30 Bs/$— se mantiene una brecha o diferencial
entre los tipos de cambios oficiales que se convierte en una fuente
permanente de problemas y distorsiones económicas. Por otra parte, una
vez se conozcan los detalles de los nuevos sistemas, hay que observar
con atención cómo serán las condiciones de acceso y asignación en
momentos en donde el flujo de ingresos de divisas ha disminuido
considerablemente.
3. Posible aumento de la gasolina. En
línea con declaraciones anteriores, Maduro indicó su intención de
mantener abierto el debate sobre la gasolina haciendo referencia a lo
inadecuado del precio actual. El tono de las declaraciones pareciera
sugerir una mayor disposición del Gobierno de acometer esta medida en el
corto plazo. Los niveles actuales del precio de la gasolina generan al
menos dos problemas directos para el gobierno: 1) un constante aumento
de la demanda tanto por el incremento del consumo interno como por el
contrabando (reduciendo los volúmenes de producto exportables), 2) una
pérdida económica dado que al precio actual no se cubren ni los costos
de producción. En la actualidad, el precio de la gasolina en Colombia es
cerca de 2000 veces el precio en Venezuela. A modo de referencia, un
aumento de 12,5 veces en el precio, pasando a Bs./lt podría contribuir
con alrededor de Bs. 750 mil al día a las finanzas de PDVSA (un monto
relativamente pequeño en cuanto a la magnitud del déficit fiscal) pero
aún así el precio de Colombia sería aproximadamente 170 veces el de
Venezuela y quizás el efecto de reducción sobre el consumo interno sería
relativamente pequeño. Así, para que esta medida fuera eficaz en
términos de restringir el consumo, reducir el contrabando y generar una
contribución fiscal importante, el precio debería aumentar a niveles más
altos.
4.Fiscalización y control. Nuevamente
el Gobierno Nacional indica que va a realizar y establecer controles
más severos para las actividades económicos. Maduro a su vez mencionó
que era importante poner en marcha el sistema de “abastecimiento seguro”
(captahuella), lo cual es una medida para administrar la escasez, no
para solucionarla. Esto, sumado al anuncio de mayores esfuerzos de
fiscalización a los sistemas de distribución, señala que el gobierno
seguirá optando por profundizar el control —no sólo a la producción,
como habíamos visto hasta ahora, sino también más directamente sobre el
consumo. Este tipo de acciones genera desincentivos a la actividad
privada (de producción, distribución y comercio), y promueve el
surgimiento de mercados informales y otros problemas de funcionamiento
de la economía.
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