José Ignacio Hernández
Rodolfo González era inocente. Nunca lo conocí. Nunca he revisado su expediente penal. Sé muy poco de los hechos por los cuales Rodolfo González estaba detenido. Y
a pesar de todo eso, sé que Rodolfo González era inocente. Y lo sé
porque la inocencia de Rodolfo González está declarada en la
Constitución. En concreto, en el numeral 2 de su Artículo 49: “toda
persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
Se trata de un derecho humano
universalmente reconocido. En toda causa penal debe presumirse la
inocencia de quien es investigado, salvo que exista prueba que permita
afirmar lo contrario. Una prueba que debe ser consecuencia del debido
proceso judicial, un proceso que debe ser respetuoso del derecho a la
defensa. Eso también lo indica el mismo Artículo 49 de la Constitución,
en sus numerales 1 y 3.
Pero Rodolfo González fue considerado culpable en distintas declaraciones públicas de funcionarios, como recordó recientemente Últimas Noticias. Incluso algún medio público calificó a González como “articulador logístico de las guarimbas en Caracas”.
Es decir: Rodolfo González fue
considerado culpable, pero nunca existió una sentencia judicial
definitiva producto del debido proceso, una condición exigida por la
Constitución —y por los Derechos Humanos— para desvirtuar la presunción
de inocencia. Según informó en su cuenta twitter Alfredo Romero, del Foro Penal, González no tuvo, ni siquiera, juicio penal.
Alguien podrá argumentar que la defensa
de la presunción de inocencia de Rodolfo González implica complicidad
con los delitos por los que era investigado. Un argumento falaz,
ciertamente. La presunción de inocencia es un derecho humano que se
predica en toda causa penal, y rige respecto de toda investigación
penal. La Constitución Nacional, al reconocer ese derecho, se refiere a
“toda persona”.
Y Rodolfo González era una persona. Era, porque ahora Rodolfo González está muerto.
Según las noticias, se habría suicidado.
Su muerte es reflejo de la muerte de la justicia en Venezuela que, en
este caso, fue incapaz de garantizarle su derecho de presunción de
inocencia en el marco del debido proceso.
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