JUAN FRANCISCO ALONSO
| EL UNIVERSAL
martes 17 de marzo de 2015 04:38 PM
Caracas.- Las
puertas de Venezuela siguen cerradas para la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Así lo dejó en claro hoy el Gobierno del
presidente Nicolás Maduro, el cual rechazó la petición que desde 2004
viene formulando el organismo regional de poder realizar una visita in loco al país para poder verificar la situación de las garantías fundamentales.
El agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Germán Saltrón, calificó de "inmoral e inaceptable" la solicitud que le hiciera por escrito el secretario Ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, de poder viajar al país y, según afirmó el funcionario, así evitar que Venezuela vuelva a figurar, por décimo año consecutivo, en el capítulo IV del informe anual del organismo.
"Rechazamos por inmoral e inaceptable el canje que se propone", soltó Saltrón en la audiencia sobre la situación general de las garantías fundamentales, celebrada a en la tarde de hoy en Washington (Estados Unidos) y que fue transmitida por el sitio web de la Comisión, en la cual volvió a acusar a la instancia regional de "parcializada", porque supuestamente no condenó el golpe del 11 de abril de 2002.
La afirmación del Agente no quedó sin respuesta y Álvarez le respondió: "La supervisión internacional de los Derechos Humanos no menoscaba la soberanía, no atenta contra la soberanía, porque estados libres e independientes han decidido adherirse a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), que crea a este organismo y en ejercicio de la soberanía está aquí Venezuela".
Por su parte, el relator para Venezuela, el comisionado Felipe González, lamentó que Venezuela esté "en una situación excepcional", pues "es el momento de la historia que más Estados de la OEA permiten la visita de la CIDH".
Amenaza mundial
Saltrón no desaprovechó la oportunidad para referirse a la declaración que Venezuela como "amenaza" por parte de EEUU. "Es una declaración de guerra contra Venezuela, América Latina y el mundo", dijo, al tiempo que agregó: "Si la excusa para intervenir en un país son las violaciones a los Derechos Humanos, significa que a EEUU también se le puede invadir porque es el primer violador del mundo, pero es una amenaza contra todos los países (...) Todos los países los violan, ninguno lo cumple 100%, entonces significa que todos son posibles de invasión".
La 008610 al banquillo
La información que las organizaciones y activistas de Derechos Humanos dieron a la CIDH sobre los riesgos que conlleva la resolución del Ministerio de la Defensa número 008610, la cual abre las puertas a que los militares usen armas de fuego en manifestaciones, no cayó en saco roto, pues el organismo requirió información a la delegación nacional.
Saltrón negó que la misma viole la Constitución al afirmar: "Toda manifestación debe ser pacífica y sin armas y ese es el principio universal, en el momento en que una manifestación se vuelve violenta, incluso por una manifestación violenta se entiende cuando se interrumpe el tránsito. ¿Qué es lo que hace esa resolución? Establecer la progresividad. La resolución establece que el primer cordón es la de la Policía Nacional, pero si la Policía Nacional es rebasada por manifestantes que están lanzando bombas y explosivos, entonces entra en actuación la Guardia Nacional y si ella es rebasada entra el Ejército".
El funcionario obvió que la Carta Magna proscribe el uso de armas de fuego en el control del orden público y que las labores en ese sentido corresponden a las policías civiles y que solo en casos extremos puede participar la Guardia Nacional, solo ella. Tampoco a las observaciones realizadas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y el defensor del Pueblo, Tareck William Saab.
El agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Germán Saltrón, calificó de "inmoral e inaceptable" la solicitud que le hiciera por escrito el secretario Ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, de poder viajar al país y, según afirmó el funcionario, así evitar que Venezuela vuelva a figurar, por décimo año consecutivo, en el capítulo IV del informe anual del organismo.
"Rechazamos por inmoral e inaceptable el canje que se propone", soltó Saltrón en la audiencia sobre la situación general de las garantías fundamentales, celebrada a en la tarde de hoy en Washington (Estados Unidos) y que fue transmitida por el sitio web de la Comisión, en la cual volvió a acusar a la instancia regional de "parcializada", porque supuestamente no condenó el golpe del 11 de abril de 2002.
La afirmación del Agente no quedó sin respuesta y Álvarez le respondió: "La supervisión internacional de los Derechos Humanos no menoscaba la soberanía, no atenta contra la soberanía, porque estados libres e independientes han decidido adherirse a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), que crea a este organismo y en ejercicio de la soberanía está aquí Venezuela".
Por su parte, el relator para Venezuela, el comisionado Felipe González, lamentó que Venezuela esté "en una situación excepcional", pues "es el momento de la historia que más Estados de la OEA permiten la visita de la CIDH".
Amenaza mundial
Saltrón no desaprovechó la oportunidad para referirse a la declaración que Venezuela como "amenaza" por parte de EEUU. "Es una declaración de guerra contra Venezuela, América Latina y el mundo", dijo, al tiempo que agregó: "Si la excusa para intervenir en un país son las violaciones a los Derechos Humanos, significa que a EEUU también se le puede invadir porque es el primer violador del mundo, pero es una amenaza contra todos los países (...) Todos los países los violan, ninguno lo cumple 100%, entonces significa que todos son posibles de invasión".
La 008610 al banquillo
La información que las organizaciones y activistas de Derechos Humanos dieron a la CIDH sobre los riesgos que conlleva la resolución del Ministerio de la Defensa número 008610, la cual abre las puertas a que los militares usen armas de fuego en manifestaciones, no cayó en saco roto, pues el organismo requirió información a la delegación nacional.
Saltrón negó que la misma viole la Constitución al afirmar: "Toda manifestación debe ser pacífica y sin armas y ese es el principio universal, en el momento en que una manifestación se vuelve violenta, incluso por una manifestación violenta se entiende cuando se interrumpe el tránsito. ¿Qué es lo que hace esa resolución? Establecer la progresividad. La resolución establece que el primer cordón es la de la Policía Nacional, pero si la Policía Nacional es rebasada por manifestantes que están lanzando bombas y explosivos, entonces entra en actuación la Guardia Nacional y si ella es rebasada entra el Ejército".
El funcionario obvió que la Carta Magna proscribe el uso de armas de fuego en el control del orden público y que las labores en ese sentido corresponden a las policías civiles y que solo en casos extremos puede participar la Guardia Nacional, solo ella. Tampoco a las observaciones realizadas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y el defensor del Pueblo, Tareck William Saab.
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