Editorial de El Nacional
Se tiene
por axiomática la afirmación de Carl von Clausewitz según la cual “la guerra es
la continuación de la política por otros medios”, haciendo caso omiso de los
ocho volúmenes (De la guerra) que el general prusiano dedicó a analizar los
conflictos armados.
Si esa
sentencia, a la que nadie reclama demostración, es irrefutable, ¿lo será,
también una proposición inversa, es decir, la política como prolongación de la
guerra? La pregunta no es retórica y su pertinencia se deriva de las acciones
adelantadas por el gobierno nacional para enfrentar lo que supone el inicio de
hostilidades entre las tropas imperiales y el ejército mejor equipado (¿o
forrado? de América Latina (Fidel dixit) y que, como es del dominio público,
consiste en conseguir tweets de apoyo entre los cómplices habituales y firmas
por bojote para tratar de persuadir a Obama de que los sancionados por su
gobierno son ciudadanos ejemplares, candidatos a la beatificación, y, por
tanto, debe ponerle un “parao” a sus agresiones.
Se trata,
más que de una ofensiva política, de una campaña propagandística que ya ha
costado unos cuantos millones de dólares en el exterior, sin contar los que se
embolsó The New York Times -suponemos que el aviso inserto en este diario tenía
como target a los miembros de la ONU, y no al presidente de Estados Unidos,
pues no se publicó en los periódicos de Washington- , y que, en el país, echa
mano de recursos compulsivos para abultar el número de firmantes, cuyo grueso
lo suministran los empleados públicos, modestos trabajadores que temen ver sus
salarios en la picota si se les ocurriese hacer caso omiso de la convocatoria
madurista para rubricar una petición sin chance de ser tenida en cuenta.
No
creemos que la oficina oval pierda tiempo en responderle a peticionarios que
han sido mal informados por un gobierno que manipula hechos y situaciones a fin
de distraer la atención de la opinión pública de los problemas domésticos, esos
que afectan la vida del ciudadano: abastecimiento, salud, seguridad.
Hay
brigadas rojas recorriendo los barrios para recolectar rúbricas a cambio de
productos regulados o, más groseramente y para deleite de los borrachitos de la
cuadra, de aguardiente o dinero contante y sonante para fomentar la
francachela; en los centros de salud y de atención al público, los servicios
han comenzado a tarifarse en firmas y se gratifica con especial deferencia a
aquellos que suministran signaturas de parientes y amigos.
Dicen que
con la excusa de solicitar firmas, los delincuentes penetran en humildes
hogares en los barrios para despojar a familias de sus modestas pertenencias.
Es inevitable que sucedan tales fechorías cuando el soborno, el chantaje y la
amenaza son las principales herramientas de persuasión con las que cuenta el
gobierno.
Llegado a este punto hay que
preguntarse quién certifica que las firmas recaudadas no sean de muertos
cargando basura. Cuando se trata de firmas y listas, los bolichavistas no son
muy escrupulosos.
Vía El Nacional
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