JOSÉ TORO HARDY
| EL UNIVERSAL
martes 4 de noviembre de 2014 12:00 AM
Recientemente pudimos leer el
Decreto presidencial Nº 1.348 con una lista de 42 productos que no
podrán ser vendidos a través del comercio informal y que transforma en
delincuentes a muchos comerciantes informales.
El origen de la escasez que se apodera de Venezuela es la irregulación de precios que en definitiva no beneficia a nadie. La cadena de sucesos que tiene lugar a partir de decretos de esa naturaleza es la siguiente:
Al regular el precio de un producto, surge el primer problema. No todos los productores tienen costos similares. Los más eficientes, que cuentan con capital y maquinarias más modernas, son los que tienen menores costos. En tanto que los pequeños productores (que son la mayoría) tienen costos unitarios mucho más elevados por no disponer de maquinarias productivas. Se ven obligados a contratar mayor número de trabajadores y son los más afectados por la regulación de precios. Porque sus costos son mayores por unidad producida, al obligarlos a vender a un precio regulado, cierran sus empresas, dejando un ejército de desempleados por detrás. De manera que el primer efecto de este tipo de regulaciones es que promueve los grandes monopolios y a la vez provoca enorme desempleo. Me pregunto, ¿puede calificarse de "justo" un decreto que logre estos efectos?
Otra consecuencia es la escasez. Es esa monstruosidad que tienen que vivir día a día las amas de casa, cuando se desesperan haciendo colas y recorriendo automercados para conseguir lo que antes compraban en un solo establecimiento. El tiempo así perdido tiene un costo que debería reflejarse en el PIB. "No hay" es la frase más en boga en Venezuela. No hay medicinas, no hay harina de maíz, no hay carne, ni leche, ni productos de aseo personal, no hay automóviles, ni repuestos, ni aceite, ni pasajes y en fin, una interminable lista de "no hay". Los ciudadanos deben saber que la causa de esa situación es la Ley de Costos y Precios Justos. Si a ella se le suma la escasez de dólares para importar bienes de consumo, bienes intermedios y materias primas, comprenderemos el marasmo en que está cayendo nuestra economía. Y eso sin ni siquiera tocar el tema de la inflación, el déficit fiscal y la destrucción de Pdvsa.
Y vienen después otras consecuencias igual de perversas. Si un producto escasea en el mercado, siempre surgirá alguien que esté dispuesto a acapararlo para venderlo después a mejor precio. Aparece así la figura del acaparador que en un mercado bien abastecido no tendría razón de ser. Y de la mano del acaparador aparece el usurero.
Puesto que en los establecimientos formales es más fácil controlar los precios, inevitablemente parte de la producción termina siendo vendida por los buhoneros. ¿Son ellos delincuentes por eso? ¡No! Están cumpliendo un papel que la sociedad requiere. A los sectores más pobres de la población se les hace más costoso trasladarse hasta los automercados, pagando transporte, haciendo largas colas y recorriendo numerosos lugares para obtener los productos que necesitan. Muchos prefieren comprarlos a los buhoneros aunque sea a mayor precio.
De la mano con las prohibiciones gubernamentales surge el mercado negro, que tiene connotaciones más perversas. Si en lugar de simples buhoneros pasan a ser operadores en un mercado negro, sus riesgos serán mayores y por tanto los precios subirán mucho más.
Igual ocurrió en la URSS, en Cuba y tras la Cortina de Hierro. Fue la causa de la muerte del socialismo.
Si el Gobierno pretende acabar con esos males, bastaría una sola medida: olvídese de la regulación de precios. El efecto sería un aumento de la producción y los buhoneros podrían incorporarse a un empleo formal. Por lo demás, los precios bajarían por sí mismos en la medida en que disminuya la escasez.
Adicionalmente, mientras el Gobierno imponga precios que surgen de la imaginación calenturienta de algún funcionario, estará estimulando el contrabando de extracción. La naturaleza humana es maximizadora por definición. Si por efecto de la regulación algún producto se vende artificialmente más barato aquí que en Colombia o en el Caribe (como la gasolina), no habrá ley que impida que alguien compre barato aquí para vender caro allá. Y no crea que son simples bachaqueros los responsables del contrabando de extracción. Los responsable son funcionarios de alto nivel, figuras de la Fuerza Armada o de Pdvsa que son los que tienen las posibilidades de dictar órdenes para minimizar los riesgos en las fronteras.
Son pues infinitos los males que se derivan de este tipo de decretos, producto de la ambición de lucro desmedida de personeros, que disfrazándose de benefactores sociales dictan medidas populistas que terminan obligando a la sociedad a pagar el "más injusto precio".
El origen de la escasez que se apodera de Venezuela es la irregulación de precios que en definitiva no beneficia a nadie. La cadena de sucesos que tiene lugar a partir de decretos de esa naturaleza es la siguiente:
Al regular el precio de un producto, surge el primer problema. No todos los productores tienen costos similares. Los más eficientes, que cuentan con capital y maquinarias más modernas, son los que tienen menores costos. En tanto que los pequeños productores (que son la mayoría) tienen costos unitarios mucho más elevados por no disponer de maquinarias productivas. Se ven obligados a contratar mayor número de trabajadores y son los más afectados por la regulación de precios. Porque sus costos son mayores por unidad producida, al obligarlos a vender a un precio regulado, cierran sus empresas, dejando un ejército de desempleados por detrás. De manera que el primer efecto de este tipo de regulaciones es que promueve los grandes monopolios y a la vez provoca enorme desempleo. Me pregunto, ¿puede calificarse de "justo" un decreto que logre estos efectos?
Otra consecuencia es la escasez. Es esa monstruosidad que tienen que vivir día a día las amas de casa, cuando se desesperan haciendo colas y recorriendo automercados para conseguir lo que antes compraban en un solo establecimiento. El tiempo así perdido tiene un costo que debería reflejarse en el PIB. "No hay" es la frase más en boga en Venezuela. No hay medicinas, no hay harina de maíz, no hay carne, ni leche, ni productos de aseo personal, no hay automóviles, ni repuestos, ni aceite, ni pasajes y en fin, una interminable lista de "no hay". Los ciudadanos deben saber que la causa de esa situación es la Ley de Costos y Precios Justos. Si a ella se le suma la escasez de dólares para importar bienes de consumo, bienes intermedios y materias primas, comprenderemos el marasmo en que está cayendo nuestra economía. Y eso sin ni siquiera tocar el tema de la inflación, el déficit fiscal y la destrucción de Pdvsa.
Y vienen después otras consecuencias igual de perversas. Si un producto escasea en el mercado, siempre surgirá alguien que esté dispuesto a acapararlo para venderlo después a mejor precio. Aparece así la figura del acaparador que en un mercado bien abastecido no tendría razón de ser. Y de la mano del acaparador aparece el usurero.
Puesto que en los establecimientos formales es más fácil controlar los precios, inevitablemente parte de la producción termina siendo vendida por los buhoneros. ¿Son ellos delincuentes por eso? ¡No! Están cumpliendo un papel que la sociedad requiere. A los sectores más pobres de la población se les hace más costoso trasladarse hasta los automercados, pagando transporte, haciendo largas colas y recorriendo numerosos lugares para obtener los productos que necesitan. Muchos prefieren comprarlos a los buhoneros aunque sea a mayor precio.
De la mano con las prohibiciones gubernamentales surge el mercado negro, que tiene connotaciones más perversas. Si en lugar de simples buhoneros pasan a ser operadores en un mercado negro, sus riesgos serán mayores y por tanto los precios subirán mucho más.
Igual ocurrió en la URSS, en Cuba y tras la Cortina de Hierro. Fue la causa de la muerte del socialismo.
Si el Gobierno pretende acabar con esos males, bastaría una sola medida: olvídese de la regulación de precios. El efecto sería un aumento de la producción y los buhoneros podrían incorporarse a un empleo formal. Por lo demás, los precios bajarían por sí mismos en la medida en que disminuya la escasez.
Adicionalmente, mientras el Gobierno imponga precios que surgen de la imaginación calenturienta de algún funcionario, estará estimulando el contrabando de extracción. La naturaleza humana es maximizadora por definición. Si por efecto de la regulación algún producto se vende artificialmente más barato aquí que en Colombia o en el Caribe (como la gasolina), no habrá ley que impida que alguien compre barato aquí para vender caro allá. Y no crea que son simples bachaqueros los responsables del contrabando de extracción. Los responsable son funcionarios de alto nivel, figuras de la Fuerza Armada o de Pdvsa que son los que tienen las posibilidades de dictar órdenes para minimizar los riesgos en las fronteras.
Son pues infinitos los males que se derivan de este tipo de decretos, producto de la ambición de lucro desmedida de personeros, que disfrazándose de benefactores sociales dictan medidas populistas que terminan obligando a la sociedad a pagar el "más injusto precio".
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