Esto sugiere que si no existiese
el control de precios el consumidor compraría los bienes a un precio inferior
tanto si hace la cola como si concurre al mercado negro. Por tanto, el poder
adquisitivo del consumidor termina disminuido por esta distorsión enorme en la
formación de los precios existente en Venezuela. De esta manera, la
ingesta de alimentos con toda seguridad va a disminuir, con los consiguientes
efectos que ello acarrea sobre la población, en especial sobre los niños y los
adolescentes en fase de desarrollo.
La crisis alimentaria que hoy
padece Venezuela tiene varias explicaciones. La primera y más obvia es la
destrucción de las capacidades productivas en el sector agroalimentario con
motivo de las masivas expropiaciones y confiscaciones de fábricas, fincas,
hatos y haciendas llevadas a cabo a partir de 2003 y que se tradujeron en caída
de la producción de alimentos. Las últimas cifras disponibles del BCV, de
septiembre de 2013, reflejan una contracción en la manufactura de alimentos de
1,3% respecto a 2012. Ello frente a una población que crece a un ritmo de 2,0%
anual. Es decir, cada vez hay menos alimentos elaborados en Venezuela para
cada habitante.
La segunda radica en un esquema
de control de precios que liquidó los incentivos para producir, situación que
propició que muchos productores se movieran hacia la producción de bienes no
regulados o que simplemente cerraran sus empresas y se marcharan del país.
Finalmente, las restricciones de las importaciones como política de Estado en
2013 y 2014, creó una insuficiencia en la oferta nacional dada la declinación
de la producción local, en una economía adicta a los productos importados. Pero
nada de esto es extraño al modelo socialista con su incapacidad crónica para
incrementar la producción, justamente por la falta de incentivos y también por
el ambiente anti empresarial que el marxismo leninismo propicia. Y todo ello en
una nación petrolera con pretensiones de potencia.
Vía El Nacional
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