La politización de la justicia es algo evidente que nadie se atreve a cuestionar o esconder
RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK | EL UNIVERSAL
miércoles 16 de febrero de 2011 12:00 AM
La deuda revolucionaria con el Poder Judicial sigue en ascenso, al punto que la crisis de la Judicatura es ya inaguantable. La politización de la justicia es algo evidente que nadie se atreve a cuestionar o esconder. La mejor muestra de esta afirmación la encontramos en el discurso de apertura judicial de este año, donde se ratifica el compromiso de nuestros tribunales con el proyecto político denominado Socialismo del Siglo XXI, algo que se evidencia en las decisiones de todos los días.
No en vano la pasada Asamblea Nacional se apresuró en la designación de los nuevos magistrados, a los fines de evitar "los autogoles", es decir, la designación de jueces independientes. Y no puede perderse de vista que al controlarse el TSJ, se controla el resto de la Judicatura, pues hoy día la mayoría de los jueces son funcionarios de libre nombramiento y remoción de los magistrados del TSJ, y al haberse destruido la carrera judicial.
A pesar de las normas constitucionales que exigen un Poder Judicial independiente, las actuales autoridades han ignorado este mandato. Después de 10 años de mora se dictó el Código de Ética del Juez Venezolano, pero sus principales disposiciones quedaron diferidas, al punto que al día de hoy no existe ni el más mínimo avance en la conformación de los Tribunales Disciplinarios, que son los encargados constitucionalmente de sancionar a los jueces. Y es que no existe voluntad política de construir una Judicatura independiente, pues nada mejor que mantener el control discrecional en la designación y remoción de los jueces, para de esta forma asegurar una fidelidad política absoluta.
El terror que viven los jueces es más que evidente, pues como lo demuestra el caso Afiuni, ya no sólo están expuestos a perder sus puestos y su carrera, sino hasta su propia libertad. Con claros ejemplos el Gobierno ha logrado sembrar la convicción de que los jueces deben respetar la voluntad política imperante. Lo contrario se castiga hasta con cárcel.
Esta Judicatura sumisa es la que ha permitido, entre tantas cosas, burlar nuestra Constitución para dar paso a la reelección indefinida, a las inhabilitaciones políticas, la disminución al absurdo de la libertad de expresión, la eliminación de la representación proporcional de las minorías, el desconocimiento de la descentralización política y la propiedad privada, además de la modificación fraudulenta de nuestra organización política. Sencillamente no hay resistencia jurídica a los abusos de poder, con lo cual se perdió un elemento clave para la democracia, esto es, el mecanismo de chequeo y balance entre los poderes del Estado.
No en vano la pasada Asamblea Nacional se apresuró en la designación de los nuevos magistrados, a los fines de evitar "los autogoles", es decir, la designación de jueces independientes. Y no puede perderse de vista que al controlarse el TSJ, se controla el resto de la Judicatura, pues hoy día la mayoría de los jueces son funcionarios de libre nombramiento y remoción de los magistrados del TSJ, y al haberse destruido la carrera judicial.
A pesar de las normas constitucionales que exigen un Poder Judicial independiente, las actuales autoridades han ignorado este mandato. Después de 10 años de mora se dictó el Código de Ética del Juez Venezolano, pero sus principales disposiciones quedaron diferidas, al punto que al día de hoy no existe ni el más mínimo avance en la conformación de los Tribunales Disciplinarios, que son los encargados constitucionalmente de sancionar a los jueces. Y es que no existe voluntad política de construir una Judicatura independiente, pues nada mejor que mantener el control discrecional en la designación y remoción de los jueces, para de esta forma asegurar una fidelidad política absoluta.
El terror que viven los jueces es más que evidente, pues como lo demuestra el caso Afiuni, ya no sólo están expuestos a perder sus puestos y su carrera, sino hasta su propia libertad. Con claros ejemplos el Gobierno ha logrado sembrar la convicción de que los jueces deben respetar la voluntad política imperante. Lo contrario se castiga hasta con cárcel.
Esta Judicatura sumisa es la que ha permitido, entre tantas cosas, burlar nuestra Constitución para dar paso a la reelección indefinida, a las inhabilitaciones políticas, la disminución al absurdo de la libertad de expresión, la eliminación de la representación proporcional de las minorías, el desconocimiento de la descentralización política y la propiedad privada, además de la modificación fraudulenta de nuestra organización política. Sencillamente no hay resistencia jurídica a los abusos de poder, con lo cual se perdió un elemento clave para la democracia, esto es, el mecanismo de chequeo y balance entre los poderes del Estado.
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