La escuela de Fidel
A los nacionales no se les da tregua. A los extranjeros se les ofrece la compra de sus haberes
ASDRÚBAL AGUIAR | EL UNIVERSAL
martes 1 de febrero de 2011 12:00 AM
La escena montada por el dictador con el Banco Provincial -¡se lo compro!- dice bien sobre los tuétanos del socialismo del siglo XXI.
Ha tiempo, quien nos gobierna desde La Habana declara que de volver atrás las páginas de la historia no repite su experiencia de despojos y expropiaciones al rompe, que castran la capacidad productiva cubana y aún hoy empobrece a su pueblo; el cual no se recupera a pesar de los impuestos que pagamos los venezolanos por la "asistencia" que nos presta.
El caso es que años después, el G2 - la policía secreta cubana- descubre el camino eficaz para el logro por la dictadura de sus objetivos. La criminalización de los adversarios les viene como anillo al dedo. Sus espías y esbirros se tornan hábiles en la fabricación y siembra de evidencias, que los muestren como delincuentes comunes, a cuyo efecto los fiscales y tribunales se ocupan de revestir con los trapos de la Justicia a verdaderos crímenes del Estado.
Orlando Zapata, opositor cubano muerto en la cárcel es, así, un estafador y violador de domicilio. Alejandro Peña Esclusa, en Venezuela, es acusado de tener explosivos en el cuarto de su pequeña hija.
Esa enseñanza -hacer de los presos políticos, políticos presos- es la que nos exportan los Castro y llega con fortuna hasta Miraflores. Se trata de la estrategia que no pocas veces explica y realiza nuestro procónsul y dictador decembrino: dos pasos adelante, uno atrás, para que la gente no se de cuenta.
Los objetivos de la dictadura comunista que nos tiene por presa y constan, desde noviembre de 2004, en La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución, a saber, la instalación de una hegemonía comunicacional de Estado, aplastar de raíz a la oposición, tomar a la economía privada, estatizar a la banca, y por último liquidar a la propiedad privada, no se plantean a manotazos como en la Cuba de los sesenta.
La "legitimidad" de la expoliación y sumisión del país mejor se logra haciendo de los comunicadores, opositores, ganaderos, banqueros, industriales, comerciantes, y hasta de los simples propietarios, meros violadores de la ley. Y sus bienes, al constituir objetos de delito, se los apropia el Gobierno sin más, con apego en "su" Ley. Son ciegos o suicidas, pues, quienes no comprenden la ominosa dimensión del comunismo del siglo XXI.
La Ley Resorte o Mordaza es un paso cuidadoso que le da forma jurídica -arguyéndose la defensa de la sociedad ante la violencia mediática- al control por el dictador de la radio y televisión privadas, hoy transformadas en centros de propaganda y culto revolucionario. Y si Globovisión sobrevive a duras penas, a sus dueños, Zuloaga y Mezerhane, se les persigue como criminales.
La confiscación de las tierras que el dictador invade sin mediación judicial ni indemnizaciones, ha lugar bajo leyes que predican lo constitucional: el fin del latifundio, la mejora de la productividad agropecuaria, y hasta la práctica de la añeja reforma agraria. Y la toma de las factorías de alimentos se explica como necesaria y legal para la "seguridad alimentaria", luego de que el mismo dictador favorece la escasez para el despropósito. Los dueños son acusados de latifundistas, acaparadores, usureros, y paremos de contar.
Las inhabilitaciones políticas -bendecidas por el Tribunal Supremo de la dictadura- al igual que el manejo astuto de las matemáticas electorales -a más votos menos diputados- sirven para castrar "legalmente" a la oposición. Los ejemplos de López y Rosales, acusados de corrupción, o de Ledezma en Caracas, o la Habilitante que anula a la Asamblea, bastan por sí mismos.
La tragedia de los damnificados, a su vez, le abre el camino a la forja de estafadores inmobiliarios, que permiten al dictador hacerse de las viviendas que no construye en doce años y ordenar el censo que regule el uso que de éstas hacen sus propietarios, quienes, si a ver vamos, ya pronto no podrán venderlas o habrán de compartirlas.
Y la instalación de la banca estatal, que consta en La Nueva Etapa y explícita el Programa del PSUV aprobado en abril pasado, también se realiza por etapas. La avaricia de los "boliburgueses" y la entrega a éstos de dineros públicos para la compra de bancos privados que luego quiebran, sirve al despropósito: el fin justifica los medios. Los banqueros -los de verdad- tanto como los opositores quedan ante el país como mafiosos.
Las formas, por lo visto, se cuidan. Es lo propio del comunismo en el siglo XXI, con una diferencia. A los nacionales no se les da tregua. A los extranjeros se les ofrece la compra de sus haberes.
Ha tiempo, quien nos gobierna desde La Habana declara que de volver atrás las páginas de la historia no repite su experiencia de despojos y expropiaciones al rompe, que castran la capacidad productiva cubana y aún hoy empobrece a su pueblo; el cual no se recupera a pesar de los impuestos que pagamos los venezolanos por la "asistencia" que nos presta.
El caso es que años después, el G2 - la policía secreta cubana- descubre el camino eficaz para el logro por la dictadura de sus objetivos. La criminalización de los adversarios les viene como anillo al dedo. Sus espías y esbirros se tornan hábiles en la fabricación y siembra de evidencias, que los muestren como delincuentes comunes, a cuyo efecto los fiscales y tribunales se ocupan de revestir con los trapos de la Justicia a verdaderos crímenes del Estado.
Orlando Zapata, opositor cubano muerto en la cárcel es, así, un estafador y violador de domicilio. Alejandro Peña Esclusa, en Venezuela, es acusado de tener explosivos en el cuarto de su pequeña hija.
Esa enseñanza -hacer de los presos políticos, políticos presos- es la que nos exportan los Castro y llega con fortuna hasta Miraflores. Se trata de la estrategia que no pocas veces explica y realiza nuestro procónsul y dictador decembrino: dos pasos adelante, uno atrás, para que la gente no se de cuenta.
Los objetivos de la dictadura comunista que nos tiene por presa y constan, desde noviembre de 2004, en La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución, a saber, la instalación de una hegemonía comunicacional de Estado, aplastar de raíz a la oposición, tomar a la economía privada, estatizar a la banca, y por último liquidar a la propiedad privada, no se plantean a manotazos como en la Cuba de los sesenta.
La "legitimidad" de la expoliación y sumisión del país mejor se logra haciendo de los comunicadores, opositores, ganaderos, banqueros, industriales, comerciantes, y hasta de los simples propietarios, meros violadores de la ley. Y sus bienes, al constituir objetos de delito, se los apropia el Gobierno sin más, con apego en "su" Ley. Son ciegos o suicidas, pues, quienes no comprenden la ominosa dimensión del comunismo del siglo XXI.
La Ley Resorte o Mordaza es un paso cuidadoso que le da forma jurídica -arguyéndose la defensa de la sociedad ante la violencia mediática- al control por el dictador de la radio y televisión privadas, hoy transformadas en centros de propaganda y culto revolucionario. Y si Globovisión sobrevive a duras penas, a sus dueños, Zuloaga y Mezerhane, se les persigue como criminales.
La confiscación de las tierras que el dictador invade sin mediación judicial ni indemnizaciones, ha lugar bajo leyes que predican lo constitucional: el fin del latifundio, la mejora de la productividad agropecuaria, y hasta la práctica de la añeja reforma agraria. Y la toma de las factorías de alimentos se explica como necesaria y legal para la "seguridad alimentaria", luego de que el mismo dictador favorece la escasez para el despropósito. Los dueños son acusados de latifundistas, acaparadores, usureros, y paremos de contar.
Las inhabilitaciones políticas -bendecidas por el Tribunal Supremo de la dictadura- al igual que el manejo astuto de las matemáticas electorales -a más votos menos diputados- sirven para castrar "legalmente" a la oposición. Los ejemplos de López y Rosales, acusados de corrupción, o de Ledezma en Caracas, o la Habilitante que anula a la Asamblea, bastan por sí mismos.
La tragedia de los damnificados, a su vez, le abre el camino a la forja de estafadores inmobiliarios, que permiten al dictador hacerse de las viviendas que no construye en doce años y ordenar el censo que regule el uso que de éstas hacen sus propietarios, quienes, si a ver vamos, ya pronto no podrán venderlas o habrán de compartirlas.
Y la instalación de la banca estatal, que consta en La Nueva Etapa y explícita el Programa del PSUV aprobado en abril pasado, también se realiza por etapas. La avaricia de los "boliburgueses" y la entrega a éstos de dineros públicos para la compra de bancos privados que luego quiebran, sirve al despropósito: el fin justifica los medios. Los banqueros -los de verdad- tanto como los opositores quedan ante el país como mafiosos.
Las formas, por lo visto, se cuidan. Es lo propio del comunismo en el siglo XXI, con una diferencia. A los nacionales no se les da tregua. A los extranjeros se les ofrece la compra de sus haberes.
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